El Parlament ha validado este jueves el decreto del Govern para regular el servicio de vehículos de alquiler con conductor (VTC), que ha recibido el apoyo de JxCat, ERC, PSC, comunes y CUP, pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) detectó algunos preceptos que podrían ser inconstitucionales.
El texto ha sido avalado por 87 votos a favor (JxCat, ERC, PSC, Catalunya en Comú Podem y CUP) y 38 en contra (Ciudadanos y PPC), y el pleno ha rechazado, asimismo, en una segunda votación, tramitar ese decreto ley como proyecto de ley.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha remarcado que este decreto ley pretende cerrar “los enormes vacíos administrativos y ganar tiempo con rigor” para culminar la ley integral de regulación del transporte con turismos de menos de 9 plazas en la que el Govern ya está trabajando.
El decreto ha sido aprobado pese al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, órgano no vinculante que determinó que la obligación de precontratar los VTC con un mínimo de quince minutos de antelación “vulnera el derecho a la libertad de empresa” de la Constitución.
Sin embargo, Calvet ha rechazado que afecte a la libertad de empresa, ya que permite operar a los VTC, pero teniendo “un rol diferente al taxi”.
El conseller ha indicado, además, que el plazo de 15 minutos ya se propuso en Francia para solucionar el mismo conflicto cuando el hoy candidato a la Alcaldía de Barcelona con el apoyo de Ciudadanos, Manuel Valls, era ministro del Interior en el país vecino.
Ciudadanos es uno de los partidos que se ha opuesto al decreto ley y es la formación que pidió el dictamen al Consejo Garantías Estatutarias.
La diputada de la formación naranja Marina Bravo ha denunciado que es “increíble, peligroso y muy irresponsable” que el Govern “ignore” al CGE.
El diputado de PSC-Units Jordi Terrades ha indicado en cambio que el CGE no ha cuestionado lo que considera que es la “parte nuclear” del decreto: la prohibición de captar pasaje en la calle y de llevar activada la geolocalización cuando no estén prestando un servicio.
El parlamentario de Catalunya En Comú Podem David Cid ha señalado que el CGE “no se carga el decreto”, y ha recalcado que Uber propugna “salarios de miseria” y se lleva a Holanda las comisiones que cobra a los conductores, así que, dirigiéndose a Ciudadanos, ha ironizado: “son ustedes patriotas holandeses”.
El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha apoyado el decreto, a diferencia del parlamentario del PPC Santi Rodríguez, que ha criticado que solo imponga condiciones a las VTC y no al taxi, cuando son servicios que “compiten”.