La Eurocámara ha ratificado este miércoles el tratado de libre comercio con Japón –JEFTA– sin que se haya debatido en los parlamentos nacionales. Por 474 votos a favor –populares, socialdemócratas y liberales– y 152 en contra –izquierda del GUE y verdes–, el Parlamento de Estrasburgo ha dado el visto bueno a un tratado que venía negociándose desde 2013 y que ya habían cerrado los Estados miembros en las reuniones de los consejos europeos.
La tramitación del JEFTA –que se lleva negociando desde 2013–, a diferencia del TTIP y el CETA, está pensada para ir por la vía rápida: se ha optado por un documento que, a juicio de la UE, recoge competencias exclusivas de la UE. Es decir, que no afecta a competencias nacionales, por lo que no requiere de aprobación en los países.
Una vez que los acuerdos comerciales sean considerados de competencia “exclusiva” de la UE, pueden ser aprobados por una mayoría calificada, lo que significa solo 16 de los 28 estados, siempre que representen el 65% de la población de la UE.
“Nosotros estamos a favor de este acuerdo porque es fundamental desde el punto de vista geostratégico y de los puntos de vista de los intereses de España”, explica la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero: “Desde que Trump alcanzó la presidencia, el orden internacional basado en reglas se está tambaleando, y es importante establecer una política que refuerce el comercio basado en reglas, inclusivo y con principios y valores de la UE. Vivimos en un mundo en el que sin influencia económica no se tiene influencia política, y tanto el acuerdo con Canadá como Japón, refuerza la posición de la UE con países clave en el ámbito global”.
“Tras los problemas del TTIP y el CETA, lo que la UE ha hecho es un escándalo”, afirma el responsable de Internacional de Podemos, Pablo Bustinduy: “Han decidido considerar que estos tratados no afectan a las competencias legislativas de los Estados y que no tengan que pasar por la ratificación. Se saltan todas las etapas en las que han encallado los tratados anteriores”.
“Los eurodiputados somos los que tenemos que representar los intereses de los ciudadanos europeos”, tercia Rodríguez Piñero: “¿Tienen que estar los parlamentos nacionales involucrados en el seguimiento? Sí, estaría bien. Es bueno debatir en los parlamentos nacionales y dar información de lo que se está negociando en Europa. Todo tiene implicación directa”.
¿Por qué el PSOE se abstuvo en el Congreso de los Diputados con el CETA alegando incluso que podía ser inconstitucional y da ahora su voto favorable al JEFTA? “Ha cambiado el momento político, cuando se tomó la decisión del CETA [verano de 2017], no había aparecido el Trump que ahora conocemos [juró el cargo en enero de 2017]. El riesgo de Trump hace que lo más importante sea tejer alianzas fuertes con aquellos socios que nos pueden ayudar con los mismos principios, valores y criterios”, explica la eurodiputada socialista.
Rodríguez Piñero reconoce ausencias en el tratado: “Falta compromiso de Japón en dos convenciones de la OIT, porque su régimen judicial de trabajo forzoso no es el que nosotros tenemos, pero hay un compromiso de corregirlo”. Pero defiende el sí: “Desde que entre en vigor, en febrero, el 96% de los aranceles serán retirados, lo que facilitará el comercio de nuestras empresas. Hemos recibido muestras de apoyo del sector agropecuario, muy interesado en el acuerdo. ¿Preferimos seguir con Japón como estamos o firmamos un acuerdo que nos permite avanzar? ¿Seguimos sin tener mayor penetración en el sureste asiático o queremos apostar por esa capacidad de crecer y competir en mejores condiciones?”
“El acuerdo es el más importante en volumen nunca firmado por la Unión Europea”, explica el eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, “Japón y la UE suman un PIB de más de 20 billones de dólares, y el acuerdo crearía un bloque comercial equivalente en volumen al NAFTA, el acuerdo de libre comercio de Norteamérica”.
Urtasun, por su parte, señala algunos aspectos que le preocupan del tratado: “Igual que en el CETA, si un servicio es previamente privatizado y el acceso al mercado liberalizado, será muy difícil retomar el control público del mismo. En materia de servicios públicos, la UE ha utilizado la llamada Public Utility Clause para la exclusión de los servicios públicos del acuerdo. Sin embargo, muchos expertos aseguran que ésta no da suficientes garantías por la limitación de la definición de servicio público y que se refiere básicamente a monopolios públicos o a servicios con ”derechos exclusivos“.
“La UE ha perdido peso en el PIB mundial”, argumenta Rodríguez Piñero, “hemos pasado de segunda potencia comercial a tercera, superados por China. La UE necesita una mayor penetración con el sureste asiático, que es lo más dinámico del mundo. Hay que buscar aliados para el modelo de crecimiento sostenible, algo que está claramente recogido en el acuerdo”.