“¡El fin de la pobreza en el mundo es una decisión política! Trabajamos con pasión desde 2004 por un mundo más justo, fraterno y sostenible”. Es la declaración de intenciones en twitter de Por Un Mundo más Justo (M+J), formación que lleva 18 años intentando poner en primera página de la agenda política a los más desfavorecidos y que fundó y preside (sin funciones ejecutivas) el madrileño Antonio Sieira, a su vez consejero delegado del grupo de energía Ignis.
Mientras ese partido político no despega (en las elecciones de Castilla y León del domingo cosechó unos 1.100 votos), la faceta de empresario de este ingeniero de caminos va como un cohete. En poco más de cinco años y sin demasiado ruido, el grupo Ignis se ha convertido en uno de los tapados del sector de las renovables en España con el apoyo financiero, como accionistas, de la familia de Borja Sarasola, ex consejero de Ignacio González imputado en la operación Púnica.
“El mayor desarrollador fotovoltaico en España con 14.000 MW en desarrollo, con cerca de 300 proyectos”, como decía en mayo de 2021 Ramón Paramio, ejecutivo del grupo y ex directivo del mayor fabricante español de explosivos, Maxam, Ignis registró una facturación de 130 millones de euros en 2020. Con unos 330 empleados, tiene una pata de gestión de la energía de la que depende un 5% de la generación eléctrica en España. Su gran baza es una gigantesca cartera de 22.000 megavatios (MW), según su web, que destaca que fue incluida en el Top 20 de empresas gacela (pymes con más de 10 empleados de elevado crecimiento) que elaboró en 2020 la firma Iberinform.
“En España somos el mayor desarrollador renovable con acceso a la red”, explica a elDiario.es Sieira, que matiza que de esa cartera de 22 gigavatios (22 GW), 14.000 MW están en España, frente a los 15.000 fotovoltaicos que tiene instalados actualmente el país y los algo menos de 40.000 MW que contempla para 2030 el plan energético del Gobierno. Otros 8 GW están en el extranjero, fundamentalmente en Reino Unido, Italia y Estados Unidos. De los que prevé construir en España, solo 3.000 MW van a ser de Ignis: un 50% de esos 14 GW son de socios que en su día aportaron 600 millones de euros en avales. Y otros 3.300 MW se vendieron en 2020 al gigante francés Total.
Esa transacción, una de las mayores de este tipo en Europa, demostró que el grupo iba en serio. Y la otra gran operación llegó en octubre, cuando Ignis acordó la entrada en su accionariado del fondo egipcio de capital privado EFG, con un 49%, por 625 millones de euros que van a permitir financiar la construcción de su cartera en España. La operación, vía ampliación de capital, supone valorar el 100% del grupo en más de 1.200 millones. A la espera de que el Gobierno le dé su visto bueno, ha propiciado la entrada de los nuevos socios en el consejo de administración de Ignis Energy Holdings, la matriz de la que cuelgan todas las empresas del grupo.
En esa sociedad están también los Sarasola, que son socios históricos de Ignis y participan en Ignis Ventures, la firma que controla el 51% del grupo. En ella Sieira se mantiene como principal accionista, con más del 60%, acompañado de los hijos del que fuera fundador y presidente de Sacyr, Fernando Sarasola, ya fallecido. Los Sarasola, explica Sieira, tienen un paquete “pequeño”: “Tenían un family office y en su día fueron uno de los proveedores de financiación que me busqué”. “Les encantó el negocio que les planteé” y siguen en el accionariado.
De los Sarasola, el que más cargos ocupa en Ignis es José Sarasola, procedente de la banca de inversión y casado con Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, alta funcionaria en excedencia, ex directora adjunta del Gabinete de Mariano Rajoy cuando este era presidente del Gobierno y actual directora corporativa y del Área Legal de Llorente y Cuenca, una de las principales firmas de lobby y asuntos públicos de España.
El propio Borja Sarasola fue nombrado representante de una de las sociedades de Ignis, Ignis Generación SL, en 2017, cuando su carrera política ya se había truncado tras el escándalo Púnica: protegido de Esperanza Aguirre, en 2003 llegó a ser el diputado más joven de la Asamblea madrileña, y en 2019, declaró en la Audiencia Nacional que fue la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le presentó al conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, en 2012.
Otra de las hermanas Sarasola, Isabel, es desde agosto consejera en Ignis Ventures, presidida por Sieira y que controla el 51% de la matriz. Fuera de Ignis, los hijos del fundador de Sacyr han estado vinculados durante años al negocio del gas natural licuado (GNL) a través de Molgas, vendida al fondo Infravia en 2020 por unos 120 millones.
“Hiperagresivos”
Con un perfil deliberadamente bajo y poco eco en los habituales foros de las renovables, una fuente del sector define así a Ignis: “Hiperagresivos en Promoción sin mediar palabra”. “Vienen de la cogeneración y los purines”, añade, en alusión a la larga experiencia en este negocio (producción de electricidad a partir de excrementos de cerdo) de otro de los socios del grupo, Jaime Igea.
De ahí han apostado con fuerza por las renovables. El grupo, cuya sede en Madrid se ubica a unos metros de la de la constructora ACS, negocia desde hace semanas comprar a Cepsa ocho instalaciones de cogeneración y una central de ciclo combinado, en una operación que rondaría los 300 millones. También acaban de situarse entre los finalistas para hacerse con el punto de conexión de la antigua central térmica de Andorra (Teruel). Y están entre los operadores que lograron adjudicarse potencia en las dos subastas que lanzó el Ministerio para la Transición Ecológica el año pasado, llegando a tirar los precios en la puja.
Con su gigantesca cartera, se han convertido en uno de los nombres propios tras la explosión de macroproyectos renovables en España, con decenas de miles de hectáreas de parques fotovoltaicos, especialmente en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Catalunya. En conversación telefónica con elDiario.es, Sieira dice no tener el dato de la extensión total que tendrían esos parques. Sí defiende que su impacto ambiental es asumible y que su manera de desarrollarlos “es muy diferente a la de otros promotores”.
“En lugar de coger 2.000 hectáreas de terreno, construir una línea de 50 kilómetros y llegar a la subestación, sin que todas las poblaciones que hay en medio de la línea reciban nada a cambio, nosotros hacemos los desarrollos con varios emplazamientos diferentes a lo largo de la línea, de forma que todos los ayuntamientos que sufren su impacto ambiental reciben a cambio empleo durante la construcción y operación, I+D, impuestos locales...”, explica Sieira.
“Todos los ayuntamientos donde hemos hecho desarrollos están encantados”. Y los propietarios de los terrenos también, asegura: reciben alquileres que suponen “10 veces lo que saca la gente del campo cultivando cereal”.
El grupo se mantiene como operador de un gigantesco desarrollo en Aragón (800 MW), “el mayor parque solar de Europa”, que desarrolló en su día pero acabó traspasando: “Lo tuvimos que vender porque no teníamos capacidad de financiar la construcción, pero nos quedamos contratados 25 años y conseguimos mantener el empleo de una central de ciclo combinado que habíamos comprado en la zona”, la de Escatrón (Zaragoza).
Mientras en Andalucía la Junta ha declarado “de interés estratégico” uno de los macroproyectos de Ignis en esa región, en Catalunya el grupo ha llegó a copar cerca del 30% de las hectáreas solares que se tramitan en la comarca ilerdense de Les Garrigues, según contaba el medio catalán Directa. Y ningún otro está tramitando tantos proyectos fotovoltaicos en la Comunidad de Madrid. El año pasado se publicaron en el BOE solicitudes de parques promovidos por sociedades del grupo Ignis para instalar en esa región cerca de 3.800 MW.
Estos ocuparían una superficie de unas 6.500 hectáreas, superior a la extensión de los términos municipales de municipios como Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Leganés, Móstoles, Galapagar o San Lorenzo de El Escorial. Entre ellos algunos ya han pasado a manos de terceros, como Q-Energy, fondo en el que participan varias grandes fortunas y que tiene una agresiva política de compras.
En paralelo a su actividad en Ignis, Antonio Sieira, que aparece vinculado a cerca de 230 sociedades, se ha presentado a sucesivas elecciones con su partido, una formación que en las últimas generales de 2019 logró 27.272 votos. “Empezamos con cero presupuesto, cero apoyos, y en las primeras elecciones que nos presentamos en 2004 conseguimos 10.000 votos, que me parecía una barbaridad”, dice Sieira, que reconoce que es el principal acreedor del partido, tal y como reflejan sus cuentas. Pero está fuera del día a día desde que lanzó Ignis, por falta de tiempo.
“Ahora mismo, de la segunda división, de los partidos sin representación parlamentaria, somos los que más estamos creciendo”, celebra el ejecutivo, que figuraba en el número 8 en la candidatura de P+J en las últimas autonómicas de Madrid, que encabezaba Belén Blanco, responsable Pedagógica de la Red de Colegios Marianistas de España. Obtuvieron 2.517 votos, un 0,07% del total, ligeramente por encima del Partido de los Autónomos y lejos de los 15.500 del PACMA.
“Es una alegría ver este partido a crecer”, proclamaba Sieira en el último Congreso de la formación, celebrado el pasado noviembre en un hotel madrileño bajo el lema de “Rigor, respeto y fraternidad”. Allí explicó que en dos años la formación ha triplicado el número de afiliados, al pasar “de 270 a más de 850 a día de hoy”. “Un síntoma de que este partido ilusiona cada vez a más gente”.
El responsable de Ignis también preside la Fundación Ciudadanía Global, inscrita en en 2020 y cuyo director general es Jorge Serrano, a su vez secretario general del partido. M+J, que en 2017 impulsó la campaña 'Sick Of Waiting' para exigir que Europa cumpliera con sus compromisos con los refugiados, fomenta ahora una regularización extraordinaria de las personas migrantes en España mediante una recogida de medio millón de firmas que estará abierta hasta septiembre.
La campaña ha tenido una gran acogida, explica al teléfono Serrano, que dice de Sieira que esa regularización, más que Ignis, “es su sueño, eso es por lo que él trabaja”. “Lo que pasa es que luego se monta Ignis, y eso va como un tiro, porque el tío tiene mucha visión, sabe cuándo tenía que invertir, y dice: 'Tengo que dejar esto'”. Por eso, explica Serrano, actualmente Sieira tiene “cero capacidad ejecutiva” en la formación. Y en los estatutos del partido [no en su web, ni en su propaganda electoral] y en la documentación depositada en el Ministerio del Interior, figura desde hace años como “presidente de honor”, señala el secretario general de M+J.
Ingeniero de caminos como Sieira, durante la pandemia se ha podido ver a Serrano en varios medios de comunicación detallando los resultados de diversos informes sobre la incidencia de la COVID en España y presentándose como “matemático”. Él reconoce que no es tal, aunque “le damos un poco a todo”: “Era imposible conocer la verdad y empezamos a analizar los datos con rigor” porque “se había perdido la inteligencia, el sentido común, la capacidad de análisis y el rigor”.
En el último congreso de M+J, Serrano se remontó a 2004, cuando a Sieira “se le fue” y decidió fundar el partido. Quería llamarlo “0,7 ya”, en alusión a la histórica petición, nunca materializada, de dedicar ese porcentaje del PIB a la ayuda al desarrollo. Entonces “el marco era bastante estrechito”, pero la base ideológica se fue ensanchando y en 2014 “llegamos a hacer coaliciones con Equo”. “Nos sentimos mucho más cerca de las ideas que de los -ismos”, explicaba.
En el mismo congreso, Álvaro Galera, responsable de Participación, definía a M+J como una formación “sin ataduras ideológicas”, “sin bandos”, que pone “a la persona en el centro desde una política de cuidados” y no es “de izquierdas ni de derechas”. El color que les distingue, que durante años fue el azul, es el del barro, porque son “humildes” y no son “buenistas ni utópicos”. Su secretario general dice que poner la etiqueta de “humanismo cristiano” a M+J “no sería una buena definición. Puedes decir que es el partido en defensa de los derechos humanos, que defiende la fraternidad, el rigor, el respeto”.