El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la Asociación Española de Juego Digital (Adigital), que agrupa a más del 80% de los operadores de juego online en España, contra el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego que aprobó en noviembre pasado el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Consumo, que limita drásticamente los anuncios de los operadores del juego y los patrocinios deportivos de estas empresas.
Según recoge el Boletín Oficial del Estado de este martes, el recurso fue admitido el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.
Jdigital, a la que pertenecen casas de apuestas como Codere, Sportium, Luckia, Betway o bet 365, contrató en vísperas de la aprobación del decreto, que calificó de “discriminatorio, injusto y desproporcionado”, al que fuera sucesivamente subdirector y director general del Juego en el primer gobierno de Mariano Rajoy, el abogado del Estado en excedencia Carlos Hernández Rivera, con vistas a la preparación del recurso.
La asociación asegura en una nota que, “sin perjuicio del evidente impacto económico que esta regulación puede implicar para las empresas de juego online que operan de forma legal en España”, la “desproporcionalidad” de este recurso “va a suponer la indefensión y desprotección de los consumidores de esta actividad”.
“Reiteramos que la publicidad del juego online en España es, y ha sido desde siempre, la herramienta principal prevista en la Ley de Regulación del Juego para canalizar la legítima demanda de juego online que existe en nuestro país a una oferta legal y controlada por las autoridades públicas y, en consecuencia, segura y responsable”.
Jdigital “comparte la conveniencia de establecer un marco reglamentario de la actividad publicitaria de los operadores legalmente habilitados para ofrecer sus servicios en nuestro país, pero dicho marco debe ser eficaz y proporcionado, de tal forma que no se debilite el mercado legal y, por tanto, la capacidad supervisora de la Dirección General de Ordenación del Juego”.
La asociación ya advirtió tras aprobarse la norma de que esta les “discrimina” frente al denominado juego público de Loterías del Estado y la ONCE, y “puede tener el efecto contrario al que se pretende ya que supone una restricción tan desproporcionada de la actividad publicitaria de los operadores legales que resulta equiparable, en la práctica, a una prohibición de la misma”.
Esto, en opinión de la patronal, “supondrá, como ha ocurrido en otros países en los que se adoptaron medidas parecidas, el previsible aumento de la actividad de operadores sin licencia”, con “consecuencias nefastas en lo relativo a la protección de colectivos vulnerables” y un “más que probable aumento del juego ilegal”.
Segundo recurso
Este es el segundo recurso del que hay constancia tras la admisión a trámite hace unos días del presentado por la Asociación de Medios de Información (AMI), que aglutina a los principales medios de comunicación de prensa escrita en España y a la que pertenecen grupos como Unidad Editorial, Prisa o Godó.
El texto recurrido, que en una primera versión presentada antes de la pandemia era mucho menos restrictivo que en su redacción definitiva, fue reformulado y endurecido tras la experiencia de la prohibición temporal de la publicidad del juego durante el confinamiento, al decretar la prohibición del 90% de los anuncios de apuestas restringiéndolos al horario de madrugada, sin permitir que estas empresas se publiciten en ropa deportiva, aunque con una serie de periodos transitorios para respetar los acuerdos firmados con antelación a su aprobación.
En el caso de los patrocinios de clubes deportivos, estos se deberán extinguir a partir del 30 de agosto de 2021, en línea con las observaciones realizadas al texto por el Consejo de Estado.
La norma, que figuraba entre los acuerdos del Gobierno de coalición, fue, según el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la respuesta a una “alarma social” que estaba “justificada” ante la “extraordinaria” expansión de las apuestas de los últimos años, especialmente, entre los jóvenes.
En 2020, el número de inscritos en el registro estatal de personas que piden que se les prohíba jugar online batió otro récord al aumentar un 12%, hasta alcanzar más de 56.000 personas.