La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelÄ“c) ha anunciado este jueves que ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el nuevo impuesto al sector, que considera “discriminatorio e injustificado”. Su recurso se suma al que presentaron el miércoles las patronales bancarias.
En concreto, la entidad que agrupa a las grandes eléctricas ha presentado un recurso contra la Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, en la que se recoge el gravamen extraordinario al sector vigente desde este año y lanzado por el Gobierno para reducir los beneficios extraordinarios del sector consecuencia de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.
La asociación que agrupa a las principales eléctricas en España “recurre directamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a las compañías energéticas”. Iberdrola y Endesa, los dos principales socios de esta patronal, ya han anunciado que recurrirán este impuesto. Naturgy, que no forma parte de la antigua Unesa y que va a tener que abonar por él unos 300 millones, declinó confirmar el pasado miércoles si lo hará al presentar resultados.
aelÄ“c considera que este gravamen “es discriminatorio e injustificado” por cuatro motivos. El primero es que es “el único en Europa. La Unión Europa ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, en el que nada se dice sobre el sector eléctrico”.
“Por tanto, el gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español. Es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia energética del exterior”.
Además, añade la patronal, en Europa el impuesto “es sobre beneficios y no sobre ingresos, como se ha implementado en España. Somos el único país de Europa que grava los ingresos, en concreto, el 1,2%”.
aelÄ“c también afirma que el tributo es discriminatorio “porque solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas”. Y cree que adolece de “incoherencia fiscal”, porque “grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67€/MWh”. Asimismo, “grava incluso los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las compañías eléctricas”.