La patronal de residencias reclama más fondos públicos para “dignificar” los salarios del sector

El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Juan Ignacio Vivas, ha apostado este jueves por “salarios más dignos” en el sector y para ello ha apostado por un incremento de los precios públicos que cobran las empresas en los centros cuya gestión le encomiendan las comunidades autónomas.

“La intención, frente a lo que algunos puedan pensar, no es que las empresas ganen más dinero”, sino la “profesionalización del sector” y “dignificar” sus salarios, asegurando a sus trabajadores “empleo estable y de mayor calidad, que yo creo que lo merecen porque en estas circunstancias han estado en primera línea” y “no están pagados como deberían”.

Durante su intervención en la Cumbre empresarial organizada por la CEOE, Vivas, presidente de esta patronal de presidencias y a su vez de Ballesol (de la aseguradora Santalucía), ha dicho que “no ha llegado todavía el momento de hacer balance de lo sucedido” en la crisis del coronavirus, pero sí ha expuesto “algunas conclusiones provisionales” de aspectos que convendría revisar, como que los residentes “no reciben una adecuada atención” del sistema de salud y se han convertido “en ciudadanos de segunda clase”, una situación “endémica” previa a la crisis del coronavirus.

El directivo, que ha pedido un “pacto de Estado” para abordar la situación del sector, ha reclamado, de cara a un posible rebrote de la pandemia, un sistema de alertas tempranas porque “esto no puede volver a pasar”, test masivos para residentes y profesionales, que la Administración cuente con un “stock de seguridad importante” de equipos de protección de seguridad, y mayor coordinación socio sanitaria.

Tras el elevado número de fallecimientos en estos centros, “no hay que buscar culpables” porque “todos lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido. Cuando las cuestiones pasan, los que tomamos decisiones siempre cometemos aciertos y errores, pero es muy fácil opinar sobre todo desde el exterior sobre las situaciones que se han vivido, realmente duras. Ningún país está preparado para una pandemia, ni sus servicios sociales, ni sus servicios sanitarios”.

El directivo ha pedido huir de la “perspectiva simplista” de concebir como un todo a los 5.500 centros residenciales que existen en España, que cuentan con 390.000 plazas y en los que trabajan 200.000 profesionales de manera directa, con el 75% de las plazas en manos de empresas privadas, de forma directa o bajo concesión. Es un “atrevimiento imprudente” meter a todos en el mismo saco porque “no todas ellas disponen de iguales recursos para hacer frente a circunstancias excepcionales” como esta.

“Ningún tipo de coste”

Uno de los principales grupos de residencias en España es Eulen, cuya presidenta, María José Álvarez, ha intervenido justo antes que el presidente de AESTE, de la que forma parte. Álvarez ha clamado contra una subida de impuestos, como viene siendo la norma durante esta cumbre. “Cuando en estos tiempos se nos habla de subidas de impuestos creo que cualquier empresario y cualquier trabajador no puede evitar mirar con cara de asombro”, ha dicho.

“No creemos que sea el momento de regular un incremento fiscal ni en el ámbito personal ni el empresarial”, tras tres meses en los que “alrededor del 32% de la población ha agotado sus ahorros”. Según la presidenta del gigante de la seguridad privada y los servicios, su sector no puede “asumir ningún tipo de coste” tras las últimas subidas del salario mínimo.

Sin mencionar la reciente aprobación sin votos en contra del Ingreso Mínimo Vital en el Congreso, Álvarez ha asegurado que “muchas de las regulaciones que en este tiempo se han publicado de una manera o de otra no propician el interés por un trabajo formal” y “sería fundamental hacer compatibles las ayudas a los desfavorecidos con el estímulo a encontrar un puesto de trabajo” porque “la economía sumergida no protege al trabajador que no tributa y no cotiza”.

Álvarez también ha señalado que “se va a producir una internalización de servicios por parte de la empresa privada y de las administraciones públicas que vuelve a dejar al sector en una situación de incertidumbre muy grave. Este es un sector donde existe la figura de la subrogación y que en caso de la internalización no se activaría salvo en algún caso raro que así lo recoja el convenio. Eso significaría la destrucción de puestos de trabajo de manera muy importante y un coste de desvinculación que las empresas de mala manera podríamos asumir”.

Sin mencionar situaciones concretas, la presidenta de Eulen ha dicho que en esta crisis “hemos vivido y seguimos viviendo una época de inseguridad jurídica que en nuestro sector de servicios intensivos en personas nos ha llevado a situaciones realmente insoportables y prácticamente imposibles de adaptar en el tiempo que se nos requería. Es por ello que pedimos no solamente seguridad jurídica sino estabilidad normativa que nos permita adaptar nuestros sistemas a esta regulación”.