Pedro Sánchez vuelve a firmar un acuerdo con la patronal y los sindicatos en un momento crítico. Después de un primer pacto en sus primeros días de mandato al frente del Gobierno de coalición sobre el salario mínimo profesional de este 2020, Sánchez sella de nuevo un acuerdo con los agentes sociales, en este caso para prolongar los ERTE por fuerza mayor hasta el próximo 30 de junio. El Ejecutivo logró reunir el pasado viernes a los empresarios y los representante de los trabajadores en torno a un documento para desligar estos expedientes del estado de alarma.
Al acto de la firma en la Moncloa, brevísimo y que no ha contado con declaraciones de las partes, han asistido por parte del Ejecutivo, además del presidente Pedro Sánchez, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias y la vicepresidenta de Asuntos Económicos y para la Digitalización, Nadia Calviño, la ministra portavoz, María Jesús Montero y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El vicepresidente Pablo Iglesias ha plasmado en Twitter su agradecimiento a la patronal y los sindicatos “por la enorme responsabilidad, la altura de miras y la capacidad que han demostrado de poner por delante el interés general” y ha sostenido que “los desafíos que enfrentamos no son desafíos de Gobierno, sino de país, y es clave llegar a acuerdos entre los distintos actores, aun desde posiciones alejadas, para afrontar juntos esta crisis”. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha subrayado que todas las partes hayan “dejando a un lado sus diferencias” para alcanzar este acuerdo.
Los agentes sociales estaban representados en la firma de este lunes por los líderes de CEOE y Cepyme por la parte empresarial, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerda, y los secretarios generales CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en el lado sindical.
El acuerdo definitivo que han suscrito las partes este lunes 11 de mayo, que ha podido consultar eldiario.es, establece que los ERTE por fuerza mayor (que hasta el momento decaían con el estado de alarma) se mantendrán hasta el 30 de junio en las circunstancias en las que las empresas no pudieran retornar a la actividad debido a la crisis de la COVID-19. Esto es así tanto para las empresas que no puedan reiniciar sus negocios, con el ERTE sobre la totalidad de su plantilla, así como para aquellas que puedan reabrir solo parcialmente, de modo que la compañía pueda sacar a algunos empleados del expediente y mantiene el ERTE por fuerza mayor de manera parcial sobre el resto de los trabajadores.
Empresas con domicilio fiscal en paraísos fiscales
La ministra de Trabajo ha destacado dos excepciones a esta prórroga de los ERTE por fuerza mayor, que los desliga del estado de alarma. No podrán acogerse a esta extensión de los expedientes por fuerza mayor las empresas y entidades “que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente” y aquellas compañías que mantengan sus ERTE mediante este real decreto-ley no podrán repartirse los dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se aplique el expediente, excepto si abonan previamente el importe ahorrado en la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social. El límite al reparto de dividendos no se aplica a las empresas de menos de 50 trabajadores.
Respecto a los trabajadores afectados por estos expedientes, las condiciones más ventajosas en la cobertura por desempleo también se alargan hasta el 30 de junio: el 'contador a cero', que estos meses cobrando la prestación no descuenten derecho a paro en el futuro y la garantía de la prestación de desempleo ante no se tenga el mínimo cotizado. En el caso de los trabajadores fijos discontinuos, muy numerosos en el sector turístico, la mayor protección por desempleo ya acordada se extendería hasta el 31 de diciembre.
El Gobierno ha mantenido la cláusula de mantenimiento del empleo durante seis meses en los ERTE de fuerza mayor, que ha flexibilizado y detallado más en este nuevo acuerdo. La salvaguarda solo se aplica a los ERTE por fuerza mayor, no a los de causas económicas, y el plazo de cálculo de los seis meses comienza cuando se produzca la “reanudación de la actividad”, aunque solo alcance a parte de la plantilla. Además, el acuerdo recoge que no se aplicará esta cláusula a las empresas en riesgo de concurso de acreedores y que se tendrán en cuenta “las característica específicas de los distintos sectores”.
También se mantiene hasta el 30 de junio la prohibición de los despidos objetivos a causa de la crisis de la COVID-19 y la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales.
Posibles prórrogas más allá del 30 de junio
El Gobierno podrá prorrogar los ERTE más allá del 30 de junio “en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020”, recoge el documento, que se aprobará mañana martes en el Consejo de Ministros. Esta extensión podrá alcanzar a las exenciones del pago de las cotizaciones sociales por parte de las empresas y a la mayor protección establecida para los trabajadores afectados por estos expedientes, en los términos que acuerde el Ejecutivo.
En la continuidad de los ERTE más allá de 30 de junio tendrá un papel central la Comisión de Seguimiento tripartita laboral que crea el acuerdo, en la que estarán presentes el Gobierno, la patronal y los sindicatos. La Comisión analizará la evolución económica de cada sector y actividades y “llegado el momento y, si es necesario, acompañaremos a los sectores más allá del estado de alarma”, afirmó el viernes la ministra Yolanda Díaz. Además, se avanzará también en el traspaso de ERTE por fuerza mayor a otros por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).
Cómo cambia la exención en las cuotas
Respecto a la exoneración de cuotas, si las empresas se ven imposibilitadas para retomar su actividad hasta el 30 de junio, las exenciones se mantendrían como hasta ahora en mayo y junio: completa para las compañías de menos de 50 empleados y del 75% para las que superen ese nivel de plantilla.
Eso sí, el procedimiento cambia. El acuerdo establece que las compañías deben solicitar esta exoneración a la Seguridad Social a través de una comunicación “por cada código de cuenta de cotización, mediante una declaración responsable que deberá presentarse, antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED)”.
En el caso de que las empresas puedan comenzar a funcionar parcialmente en mayo y junio, de manera que saquen del ERTE a un grupo de trabajadores, las exenciones se reducirán, con más apoyo para las pequeñas empresas y sobre las cotizaciones de los trabajadores que regresen al trabajo, para premiar la vuelta a la actividad, ha explicado la ministra Díaz.
Para las compañías de menos de 50 trabajadores, se exonera el pago del 85% de las cotizaciones sociales en mayo y del 70% en junio de los empleados que reinicien su actividad. Respecto a los trabajadores que permanezcan todavía en el ERTE, el ahorro será del 60% de las cotizaciones sociales que debería pagar la empresa en mayo y del 45% de las correspondientes a junio.
En las empresas de 50 o más trabajadores, la exoneración será del 60% de las cotizaciones de mayo de los empleados que retomen la actividad y del 45% de las correspondientes a junio. Además, las compañías ahorrarán el pago del 45% de las cuotas de mayo y el 30% de las de junio de los empleados que sigan en el ERTE.