Una lucha mediática colisionó ayer en la esfera pública: una condena al entorno de la familia real y una condena al vicepresidente del Gobierno de José María Aznar. Con pocos minutos de diferencia, los ciudadanos conocían que Iñaki Undargarin no entrará en la cárcel y que la mano derecha del presidente Aznar, y por momentos su defín, Rodrigo Rato, había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black.
El runrún en las redes sociales, en los estados del Facebook, en los whatsapp y en el bar era muy parecido: “Estos [los de las 'black'] tampoco entrarán en la cárcel”. Aunque es difícil apaciguar estas murmuraciones, hay algunas diferencias importantes entre los condenados de las black y el caso Undargarin que pueden marcar la diferencia entre pisar la cárcel o no. Al menos en el caso de Rato y de su predecesor en el cargo, Miguel Blesa.
Los condenados deben decidir si recurren ante el Tribunal Supremo las condenas y la Fiscalía, en este caso Alejandro Luzón, instar si lo consideran necesario su entrada en prisión. Para decidir si entran en prisión, fuentes jurídicas aseguran que el tribunal deberá valorar un elemento que no existía en el caso Undargarin: las causas judiciales pendientes.
Tanto Blesa como Rato tienen una ristra de juicios abiertos que pesarán en su contra a la hora de salvarles de la cárcel. Miguel Blesa (que ya pisó Soto del Real por el caso de la venta del Banco de Florida que terminó en la inhabilitación del juez Elpidio Silva), condenado a seis años de prisión, está ya acusado en otro juicio por los sobresueldos de Caja Madrid.
En este juicio, que se abrió el día antes de conocerse la condena de las black, el ex inspector de Hacienda está acusado de administración desleal por haber puesto unos sueldos desorbitados a la cúpula de la entidad financiera en 2008. El fiscal pide cuatro años de prisión por este delito del que, por cierto, ha sido absuelto en el caso de las black, donde solo ha sido condenado por apropiación indebida.
En este caso está también acusado Ildefonso Sánchez Barcoj, el director general de Caja Madrid que ha sido condenado por las Black a dos años y seis meses y que a diferencia del resto de procesados ha sido declarado cómplice de Rato y Blesa. El fiscal pide para él también cuatro años de prisión. La Comisión de Retribuciones de Caja Madrid les aconsejó subir los sueldos de los directivos de la caja un 4,5% y finalmente se lo subieron un 16%.
Además, Blesa está imputado en la pieza separada de las Preferentes dentro del caso Bankia. Esta pieza está encallada dentro del proceso abierto a Bankia en la Audiencia Nacional que está llevando el juez Fernando Andreu.
En el caso Bankia, también está imputado Rato. La investigación de su salida a Bolsa se está eternizando y aún no está claro si llegará a juicio o se realizarán acusaciones formales. Por lo pronto, en apenas una semana declararán como investigados el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en aquel momento, Julio Segura.
Pero este es casi el menor quebradero de cabeza del exdirector gerente del FMI. Una causa que puede pesar mucho a la hora de decidir su entrada en prisión (menos urgente por una condena algo menor, en este caso de cuatro años y medio) es la de la investigación de su entramado societario radicado en parte en paraísos fiscales y oculto a Hacienda.
Este caso le valió a Rato la condena televisiva de ser detenido, mano en la nuca, ante las cámaras. Pero además, según trascendió recientemente con el informe de la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria, da pie a pensar que el exvicepresidente del Gobierno urdía ya negocios opacos para el fisco desde los años en los que estaba al frente del ministerio de Economía.
En cualquier caso, lo que va revelando la investigación es que Rato tenía bienes en el extranjero que desconocía la Hacienda Pública. Un dato que también procura información relevante a la hora de valorar sus posibilidades de abandonar España.
La pelota está ahora en el tejado de Fiscalía, que es la que debe solicitar su entrada en prisión. Andrés Herzog, abogado primero de UPyD y representante ahora de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), recuerda que las defensas no pueden solicitar la entrada en prisión.
Herzog se declara satisfecho con la sentencia de las black a grandes rasgos, aunque discrepa con la absolución del delito de administración desleal. Él también está personado en la causa del caso Bankia y en su día en los otros procesos, los sobresueldos de Caja Madrid y el entramado societario, pero los ha tenido que abandonar por falta de recursos.
¿Pisarán la cárcel Rodrigo Rato y Miguel Blesa? Su historia y, sobre todo, su futuro judicial puede ser diferente al de Iñaki Undargarin.