Arreglar los platos rotos de la salida a bolsa a Bankia puede salirle al Estado mucho más caro de lo estimado. Los abogados especializados en el caso aseguran que hay base jurídica para que el dinero lo reclamen no solo quienes compraron acciones de la entidad en la oferta pública de venta (OPV) del 20 de julio de 2011, cuando comenzó a cotizar en bolsa, sino también todos los que lo hicieron en el período en que Bankia cotizaba como una entidad financiera saneada, cuando en realidad estaba quebrada. Es decir, entre el 21 de julio de 2011 y el 25 de mayo de 2012, momento en que el nuevo equipo gestor, presidido por José Ignacio Goirigolzarri, reformuló las cuentas de la entidad para aflorar las multimillonarias pérdidas ocultas hasta entonces.
¿Habrían comprando esos inversores 'Bankias' en el mercado secundario si hubieran sabido que perdía 3.000 millones de euros en lugar de ganar 300 millones? Probablemente no, o al menos, no todos. “Durante todo ese tiempo el mercado contó con información no veraz en base a la cual se tomaban decisiones, de la misma forma que ocurrió con los que acudieron a la OPV”, explica José Luis González Montes, abogado asociado de Cremades Calvo Sotelo y presidente de la Asociación España de Accionistas Minoritarios (Aemec).
Además, la noticia de que Bankia estaba en pérdidas provocó el desplome de su cotización y un quebranto económico para todos sus accionistas. “Ocurre como con los institucionales. No es cuestión de interpretar si tenían suficiente formación financiera o no. La cuestión es que estamos ante una contabilidad falsa y eso ya de por sí invalida las decisiones”, dice Jordi Ruiz de Villa, socio director de Jausas Abogados.
Sin duda, la clave ante la que gira toda esta nueva situación de Bankia es el demoledor informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por los peritos del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras. Si ya era una prueba de peso al conocerse, mucho más tras el intenso e insistente interrogatorio al que se les sometió hace un par de semanas ante Andreu. “A falta de la réplica de Bankia respecto a determinados errores, lo que ha quedado perfectamente acreditado es que la información de la salida a bolsa no reflejaba la realidad contable”, asegura González Montes.
En base a esa prueba ya hay jueces, como adelantó Vozpópuli, que están condenando a Bankia a devolver el dinero a los inversores que acudieron a la OPV. Y el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido esta semana al diario Expansión que se devolverá el dinero a todos los que lo soliciten por vía judicial. “BFA [matriz de la entidad] y Bankia cumplirán con todas las sentencias que pudieran llegar y que van a ser en el ámbito civil. Y lógicamente, si así lo indican los jueces, se cubrirán las pérdidas de la colocación, que no tienen por qué ser necesariamente los 3.000 millones”, decía.
De hecho, el FROB [el fondo de rescate bancario], principal accionista de Bankia (posee el 62% de BFA) y la propia Bankia están valorando distintos escenarios. El más suave, según informaba hace unos días ese diario económico, contempla descartar que los inversores institucionales reclamen, por lo que los 1.290 millones de euros que llegaron por esa vía estarían 'a salvo'. Del resto, 1.800 millones que compraron los inversores minoristas en la OPV, solo presentarían reclamación un 60% y las pérdidas reales a compensar estarían en torno a los 500 millones de euros, según la versión de Expansión.
Pero la realidad puede ser mucho más onerosa. “Descartar que todos los institucionales vayan reclamar es un escenario muy optimista. Hay muchos estudiando el caso”, asegura Jordi Ruiz de Villa. De hecho, ante la demanda de información, su despacho ha publicado un documento informativo con las bases jurídicas que tienen estas empresas para reclamar el dinero invertido.
No son los únicos abogados que están teniendo consultas en esta dirección, aunque mientras los minoritarios lo tienen mucho más claro, entre los institucionales domina la prudencia. A nadie le interesa hacer mucho ruido, por lo menos hasta que la Audiencia Nacional no reconozca que efectivamente hubo engaño. Entonces ya no sería cuestión de jugar al gato y al ratón con ningún juez para verificar si el inversor tenía suficientes conocimientos como para advertir los riesgos en los que incurría. Con una sentencia judicial que diga que los datos contables eran falsos, el terreno para las demandas estaría abonado.
La inacción de los grandes inversores
“Es lógico que se descarten reclamaciones por parte de los inversores más potentes. Son grandes bancos que tienen otros acuerdos con el Estado y no parece que se les vaya a permitir hacer un nuevo roto a las arcas públicas”, aseguran fuentes financieras que prefieren no ser identificadas.
No parece probable, por lo tanto, que haya que esperar la devolución de los 281,5 millones que invirtió Mapfre (entonces participada por Bankia) en la OPV, los 156 millones que aportó Banco Santander, los 100 millones de Caixabank o los 85 millones que desembolsó Barclays (adquirida posteriormente por la propia Caixabank), principales inversores institucionales en la salida a Bolsa.
Hay dudas sobre la actitud que tomarían los escasos inversores internacionales que acudieron y que todavía conservan algunas acciones. Pero, con un escenario seguro, con sentencia de la AN de por medio, fuentes jurídicas sostienen que algunas de las empresas medianas o pequeñas que, incluso en pésimas condiciones financieras, acudieron a la OPV, pueden optar por la vía judicial si la Audiencia Nacional se pronuncia al respecto. “Aunque hayan vendido, pueden reclamar por las pérdidas originadas”, insisten.
En cualquier caso, esa cantidad no representaría un problema demasiado grave para las cuentas de la actual Bankia, a diferencia de lo que ocurriría si proliferan las demandas de inversores del mercado secundario. Es muy difícil estimar un número aproximado de afectados. En el año siguiente a la salida a Bolsa, las acciones de Bankia movieron 1.646.445.131 euros, según los registros de Bolsas y Mercados Españoles (BME), pero es imposible dilucidar cuántos inversores perdieron en esas transacciones, ni, lógicamente, cuantos podrían tener interés en reclamar.
Lo que sí deben tener claro los posibles afectados, tanto si acudieron a la OPV como si compraron antes de mayo de 2012, son los plazos. “Para evitar problemas de interpretación judicial, habría que presentar los casos antes de que cumplan los cuatro años desde que Bankia salió a bolsa. Ese plazo también podría entenderse que comienza a contar desde el momento en que se conoció la falsedad de los datos, pero no conviene dar motivos de dudas a los jueces”, advierte Jordi Ruiz de Villa.
Claro que esta advertencia afecta a las demandas civiles. Lo que realmente podría hacer temblar la tesorería de Bankia es una querella penal. “En caso de que el juez Andreu considere probado que la OPV no fue legal, habría que ver si las devoluciones de dinero se harían solo a quienes compraron el día 20 de julio de 2011 o hasta cuándo se considera que llega la estela de esa nulidad”, comenta otro abogado.
Bankia y el FROB han rehusado hacer comentarios a eldiario.es sobre este asunto.