Cruz Roja, una de las ONG más importantes del país y que licita en multitud de servicios públicos, está inmersa en un conflicto laboral por mantener “gran parte” de sus convenios colectivos por debajo de los mínimos legales en el sector, explican desde CCOO y UGT. Algunos ya han llegado a los tribunales, como en Córdoba y en Euskadi, con sentencias favorables a las plantillas. “Estamos hablando de casos con salarios de 1.000, 2.000 y hasta 5.000 euros anuales por debajo del convenio”, sostienen desde los sindicatos mayoritarios.
Cruz Roja, que ha rechazado responder a elDiario.es sobre este asunto, tiene más de 50 convenios colectivos diferentes en todo el país. Aunque presta muchos servicios diferentes, desde la gestión de algunos hospitales, residencias a socorristas en playas, por ejemplo, es uno de los referentes del país en acción e intervención social.
“Aunque es una única empresa a efectos laborales, Cruz Roja tiene convenios distintos en cada provincia y muchos, más de la mitad, están por debajo del convenio sectorial estatal de Intervención Social”, afirma Luis Javier Prieto, secretario de negociación colectiva de la Federación de Servicios de CCOO.
“Más de la mitad” de convenios devaluando condiciones
En un vistazo a algunos de sus convenios colectivos registrados en los últimos meses se pueden observar tablas salariales por debajo de lo establecido en el convenio estatal, en cuya negociación participó Cruz Roja, recuerdan los sindicatos mayoritarios.
Por ejemplo, en el convenio de Zaragoza, la categoría con el salario base más bajo (“Limpiador, peón, mozo, vigilante y promotor”) tiene reconocida una remuneración de “15.806” euros al año este 2023. En el de Toledo, el salario base más reducido se sitúa en 14.462,12 euros al año. Si se va a la referencia legal estatal en Intervención Social, el mínimo alcanza los 16.589,34 euros al año en este ejercicio.
Según los sindicatos, hay muchos centros con condiciones salariales “unos 1.000 o 2.000 euros” al año inferiores a los mínimos que le correspondería a la plantilla, pero en algunos casos las brechas son aún más gravosas, de hasta “5.000 euros” en el caso de Córdoba, por ejemplo.
Los sindicatos subrayan que, además de haber situaciones por debajo del mínimo legal, existen grandes diferencias entre centros de todo el país que no se justifican. “Cada convenio de centro no tiene que ver uno con otro. Ni los salarios, ni las jornadas, ni las vacaciones, ni los días de libre disposición...”, explica Isabel Araque Lucena, secretaria de Acción sindical de UGT Servicios Públicos. “Hay convenios con entre un 30% y 40% de diferencia en cuestiones salariales”, advierte.
Demandas con el respaldo de la reforma laboral
En el tercer sector, donde es habitual un gran compromiso social de los trabajadores, suele costar la movilización de las plantillas y la reivindicación de sus derechos laborales ante sus empleadores, pero “la gente está muy cansada”, indican los sindicatos. El malestar y el enfrentamiento por los convenios colectivos de Cruz Roja se ha agravado en los últimos meses, marcados por la elevada inflación que ha ahogado la economía de muchos hogares, aunque en algunos casos se acumula además mucho tiempo de negociación infructuosa.
En Euskadi, el sindicato ELA llevó a Cruz Roja ante la justicia para que resolviera el conflicto del convenio de la entidad en Guipuzkoa, en su caso por debajo del sectorial de intervención social en esta provincia. De nuevo en este caso, el salario base más reducido se sitúa unos 2.000 euros por debajo del sectorial. Tras la aprobación de la reforma laboral, explica Txomin Lasa, responsable sector sociosanitario de ELA, gracias a la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, el sindicato presentó la demanda para que se garantizaran los mínimos sectoriales.
Lo mismo hicieron CCOO y UGT en Córdoba, con uno de los convenios con peores condiciones, indican los sindicatos. “Todas las personas que estamos aquí estamos muy orgullosos de trabajar Cruz Roja, pero no estamos de acuerdo con la gestión que se está llevando a cabo tanto desde la provincia como a nivel nacional”, indicó uno de los portavoces del comité de empresa en una protesta el pasado febrero.
En ambos casos, los tribunales han dado la razón a los trabajadores, resolviendo que Cruz Roja debe garantizar los mínimos establecidos en los convenios sectoriales de referencia. “No se trata, como también argumenta la empresa, de un 'espigueo normativo', sino del respeto a lo establecido estrictamente” en el convenio colectivo, resuelve la magistrada que juzgó el caso de Córdoba. ELA, CCOO y UGT explican que Cruz Roja les ha comunicado el recurso en ambas resoluciones judiciales.
“No pueden dar de lado a los derechos de los trabajadores”
CCOO ha exigido a la entidad que se siente ya a negociar a nivel estatal “una solución” a estas disparidades regionales porque, de lo contrario, endurecerán el conflicto y lo judicializarán a gran escala. En UGT se expresan en el mismo sentido y ya han solicitado una negociación el SIMA, organismo de arbitraje y mediación en conflictos laborales.
Cruz Roja, que acaba de renovar su presidencia, que ha pasado de Javier Senent a María del Mar Pageo, les está pidiendo “tiempo”, explican desde CCOO. “Pero los trabajadores no pueden esperar más. Ya no nos quedan muchas opciones. Si antes de que acabe este mes no nos hace algún planteamiento para solucionar esto por la vía de la negociación, tendremos que judicializarlo”, avisa Luis Javier Prieto.
“En empresas como esta que tienen una política que es necesaria, que ayudan a la sociedad, no pueden dejar de lado los derechos de sus trabajadores. Es una pena”, lamenta el responsable de CCOO. “Reconocemos la labor social de Cruz Roja, ni qué decir tiene, pero a la misma vez de ser un referente social debe ser un referente en las relaciones laborales”, coincide Isabel Araque.
En ELA explican que “Cruz Roja se escuda en que con los salarios sectoriales de intervención social tendría que aplicar ERE y despidos”, una incapacidad económica que también ha alegado la ONG en Córdoba. Más allá de que se trata de mínimos legales que no son discutibles, en el sindicato vasco subrayan que Cruz Roja es una gran entidad que gestiona “cantidades ingentes de recursos” públicos, a través de ayudas y servicios públicos externalizados mediante licitaciones.
“No se pueden cobrar no sé cuantos millones en recursos públicos, y mantener esa precariedad laboral, no tiene justificación ninguna”, critica Txomin Lasa. “Si no pueden gestionar esos servicios, que no se metan en los concursos”, añade el responsable de ELA.