Petroleras, gasistas e industria presionan para frenar el fondo que rebajará la luz trasladándoles el coste de las renovables

Petroleras, gasistas y patronales industriales apuran esfuerzos para intentar frenar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE), el mecanismo para sacar el coste de las antiguas primas a las energías renovables de la tarifa eléctrica y cargarlo al conjunto del sector energético.

Este instrumento está recogido en un proyecto de ley que el Congreso prevé enviar al Senado la semana que viene y que el Ejecutivo prevé sacar adelante con el apoyo de sus socios habituales. En un momento de convulsión en los mercados de la energía por la guerra en Ucrania, en los últimos días se ha redoblado la presión de distintas asociaciones contra la medida, anunciada por el Gobierno en diciembre de 2020 y recogida en el plan de recuperación.

Ese documento recuerda que su objetivo “es triple: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitirá la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años” para la transición energética.

El FNSSE asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (conocido como RECORE), que financia las primas de la burbuja de la primera década de este siglo. La idea es repartir entre todo el sector energético el esfuerzo que hasta ahora ha recaído exclusivamente sobre los consumidores de electricidad y acercar el modelo español de financiación de esos incentivos al de otros países europeos como Francia o Alemania, liberando de forma paulatina de esa carga al recibo de la luz.

Ese fondo lo sufragarán de forma progresiva (a razón de un 20% del importe a financiar cada año durante un lustro, hasta alcanzar el 100%) las aportaciones de las empresas comercializadoras de todos los sectores energéticos en función de sus ventas. Se sumará al mecanismo de minoración de los ingresos extra de las centrales eléctricas que no emiten CO2 (fundamentalmente, nucleares e hidroeléctricas) y que se benefician de la subida de los derechos de emisión, cuyo proyecto de ley (presentado hace ya casi un año) también vota la Comisión de Transición Ecológica del Congreso la próxima semana.

Según explicó el Gobierno cuando lo presentó, una vez que el FNSSE esté plenamente vigente (y para eso tendrán que pasar cinco años), “rebajará la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos”, la parte regulada de la factura que fija el Ejecutivo.

Pero se desconoce cuál sería el ahorro actual. A principios de 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le dio su aval por entender que “es necesario para mantener el equilibrio del sistema eléctrico y evitar mayores subidas en el recibo de la electricidad” y “proporciona señales adecuadas en precios para la descarbonización”, aunque advirtió de que “la solución óptima” a medio plazo tendría que pasar por una reforma global de la fiscalidad que de momento ni está ni se le espera, a la vista de las rebajas fiscales que ha aprobado el Gobierno ante el incesante encarecimiento de la factura por la crisis del gas, a la que se va a sumar la rebaja adicional del IVA de este sábado.

Entonces, la CNMC estimó que tras la implantación del fondo el recibo eléctrico se abarataría en 86 euros, mientras que para un consumidor de gas la subida sería de 67 euros al año y en carburantes, de no menos de 52 euros anuales. Pero eso fue antes de la actual crisis energética. Cuando se anunció, la cuantía a financiar rondaba los 7.000 millones de euros, pero esa cifra se reduce cada año, porque las instalaciones más antiguas dejan de cobrar prima pasados 25 años. Además, el Real Decreto-Ley que introdujo la denominada solución ibérica regularizó la retribución del RECORE al introducir un mecanismo de ajuste por desviaciones en el precio del mercado a partir de 2023. Con él, la cuantía a financiar se quedaría en unos 4.000 millones, según estimaciones del sector.

El fondo tiene el aval de las eléctricas como Iberdrola y Endesa, y de entidades como la Fundación Renovables. Su presidente, Fernando Ferrando, cree que permite “una correspondencia” entre lo que paga el consumidor eléctrico y el de gas y el petróleo para cumplir los objetivos medioambientales que fija la UE. Aunque cree que le falta ambición y pide acortar a dos años los plazos para su aplicación y reducir el catálogo de exenciones que contempla.

Pagar “la fiesta”

A pesar de esas exenciones, la medida tiene el rechazo frontal de las empresas que van a tener que financiarlo, como Naturgy, que de hecho abandonó la patronal aelec por su apoyo al FNSSE, y las petroleras, como Repsol, que ya cuando se anunció dijo que planteaba “serias dudas legales” y se negó a pagar “la fiesta” del sector eléctrico en el pasado. También está en contra la industria intensiva en consumo de gas y derivados del petróleo, que teme que se les repercuta el coste.

En su cruzada tienen como aliados a los partidos de la derecha. El PP ya secundó sin éxito en septiembre el intento de Vox de vetar la tramitación del proyecto de ley, por creer que va en contra de la España rural, con menor peso de la electrificación.

El miércoles, su diputado Juan Diego Requena insistía en el Congreso en ese rechazo. “Hoy mismo nos podemos poner de acuerdo para no aprobar el fondo”, le dijo a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. “Hoy los españoles pagamos la gasolina más cara que Alemania, Italia y Francia”. “Usted se empeña en encarecerla más. ¿Va a suponer el fondo un nuevo impuesto para encarecer 10 céntimos el diésel y la gasolina haciendo de España el país con la gasolina más cara de Europa? Es una decisión suya”, aseguró.

Desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que agrupa a Repsol, Cepsa, BP o Galp, se insiste en “las negativas consecuencias de la creación de este fondo para el conjunto del sector energético, el desarrollo industrial, la actividad económica y el consumo doméstico”, con un impacto “especialmente dañino para las rentas más bajas, los colectivos más vulnerables y las poblaciones de la España rural y vaciada, donde existe una mayor dependencia del gas y los hidrocarburos, por las necesidades de consumo energético y autonomía en la movilidad”.

AOP ha subrayado además “la necesidad de conocer cuanto antes las nuevas cifras que se están planteando para el FNSSE, ya que el tiempo transcurrido desde que se publicó el Proyecto de Ley en junio de 2021 y la crisis actual pueden dejar sin efecto los cálculos previos”.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, en la que están AOP y las grandes patronales de automoción, papel, química y farmacia, alimentación y bebidas, cemento y siderurgia, ha pedido que se excluya al sector manufacturero del fondo, que “supondría asestar un golpe de 2.500 millones de euros a la competitividad industrial, ya maltrecha por la escalada de los costes energéticos”. De ponerse en marcha, el coste acumulado para la industria entre 2022 y 2026 superaría los 2.500 millones, según esta patronal, que asegura que este impacto lo asumirían principalmente las industrias dependientes del gas y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad. Por ello, “no entiende” que el Congreso reactive en “el peor de los momentos” su tramitación cuando medidas como el tope al gas o las subastas inframarginales, que aún no se han celebrado, “no han conseguido a día de hoy minorar el impacto en la industria de unos costes energéticos que siguen desbocados”.

Por su parte, la patronal azulejera, Ascer, asegura que el fondo podría suponer para el sector fabricante de baldosas cerámicas un sobrecoste de 210 millones en el quinquenio 2022-26 y “torpedea la competitividad de la industria cerámica española que ya acusa una coyuntura complicada por los altos precios de la energía y el CO2”. Y la gasista Sedigás ha asegurado que es una propuesta “especialmente inexplicable e inoportuna” y que “el sector industrial se enfrentará a una severa merma de su competitividad internacional”.

Según Sedigás, el FNSSE “afectará en mayor medida a los consumidores que residen en la España fría y de interior y en zonas más despobladas, generando todavía más desigualdades territoriales entre el ámbito rural y las grandes urbes”. Y será “particularmente lesivo para los consumidores más vulnerables por su carácter regresivo: el impacto mayor se produce en los hogares con menos ingresos, mientras el 10% de los hogares con mayor renta soportarían una carga mucho menor del gravamen”.

Según esta patronal, tras la aprobación de las circulares de la CNMC, los “costes propios” del sistema gasista, que sufragan plantas de regasificación, redes de transporte y distribución y almacenamientos subterráneos, ascienden a algo más de 1.900 millones de euros y el FNSSE los incrementa un “desorbitado” 50%.

Gasindustrial, que aglutina a los grandes consumidores, afirma que el FNSSE “incrementará los costes a la industria en el peor momento, si no se protege al consumidor gasintensivo”, en medio “de una durísima crisis por los elevados precios del gas”. “Puede suponer un duro golpe a una industria gasintensiva ya muy castigada, que lucha por mantener a flote su actividad y su empleo en el peor contexto posible. Aunque los sujetos obligados son las comercializadoras de gas, es indudable que esos costes terminarán por caer en cascada sobre los consumidores finales”.

Según esta patronal, “de aprobarse, la medida provocará una subvención cruzada de costes entre los diferentes consumidores finales”. “Las aportaciones al FNSSE del sector gasista irán en aumento cada año hasta llegar a 1.200 millones de euros, que en el lustro de vigencia sumarán un total de más de 3.500 millones de euros, penalizando duramente al consumidor industrial gasintensivo”.