El PIB (producto interior bruto) de España creció solo un 0,2% en el primer trimestre de 2022 frente al cuarto trimestre, una décima menos de lo previsto por el INE, por el impacto primero de la variante ómicron del COVID y después de la guerra en Ucrania y del paro del sector del transporte por carretera.
“En el primer trimestre de 2022, la economía española crece en una tasa similar a la de Alemania y superior a las de Italia y Francia”, defienden fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, que inciden en que “se certifica la fortaleza del mercado laboral, con la creación de 934.000 empleos a tiempo completo en el último año y la práctica recuperación de las horas trabajadas respecto a las de antes de la pandemia (99,5%)”.
Sin embargo, el PIB de España sigue casi un 3,5 puntos por debajo de los niveles previos al COVID, mientras que la actividad económica en la mayoría de economías desarrolladas ya se ha recuperado totalmente. Si no se tienen en cuenta las contracciones del PIB provocadas por las distintas olas de la pandemia desde 2020, la tasa de crecimiento del primer trimestre de 2022 es la menor desde 2013.
Más inversión de las empresas, menos consumo de los hogares
“Se intensifica el incremento de la inversión en bienes de equipo, lo que pone de manifiesto los efectos positivos del Plan de Recuperación en las expectativas y gasto de las empresas”, continúan desde el Ministerio en el que está al frente la vicepresidenta primera Nadia Calviño.
Una situación que contrasta con los hogares, que redujeron su consumo entre enero y marzo, respecto al trimestre final de 2021, en un 2%, pese a la fortaleza del mercado laboral. Se trata de la primera contracción de este componente de la actividad desde el primer trimestre de 2021 (ver gráfico). Eso sí, la caída es 1,7 puntos menos de lo adelantado por el INE.
Un consumo de las familias golpeado inicialmente por los contagios por ómicron y frenado definitivamente por el pico de inflación provocado por la invasión que Rusia inició a finales de febrero. Una crisis que ha disparado los precios de la electricidad y el combustible por la perturbación que supone el conflicto en los mercados internacionales de petróleo y gas, elevando los costes de producción y de transporte y dañando el poder adquisitivo de los hogares, sobre todo de los más pobres.
Así, el consumo de los familias se queda cerca de 8 puntos por debajo del nivel previo al COVID, lo que deja margen para sea uno de los principales aceleradores del crecimiento, aunque tanto en el segundo trimestre de este año como en el verano podría seguir frenado por la inflación.
El golpe de la inflación
La escalada de precios no da tregua. En mayo volvió a repuntar hasta el 8,7% por la subida de carburantes y alimentación, según el Índice de precios de consumo (IPC). El pico de marzo fue del 9,8%, y en abril apenas amainó al 8,3% por la relajación puntual de los precios de combustibles y electricidad —siempre respecto al mismo mes del año pasado—.
La traducción es cruel y sencilla: “Somos más pobres que antes de la guerra”, según el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados este miércoles. Y la amenaza para las familias ya no es solo la subida de la factura de la luz o de la gasolina, que el Gobierno ha intentado mitigar (con éxito muy relativo) con la rebaja del IVA de la electricidad, el tope al gas o el descuento de 20 céntimos a los carburantes. La gran amenaza es que, el último mes, el IPC subyacente, cuyo cálculo excluye precisamente la energía y los alimentos no elaborados que han originado la crisis de inflación por la perturbación de la invasión de Ucrania por Rusia, aceleró el mes pasado al 4,9%.
Lo que quiere decir que prácticamente todo es más caro. Mucho más caro que en 2021. Sin que en las subidas estén incluidas las rentas de los hogares (ni salarios ni otros ingresos se han incrementado al ritmo de la inflación).
En esta situación, los economistas critican que la renovación este sábado de las medidas de respuesta a la guerra y a la inflación por parte del Gobierno se centre en bajadas de impuestos y descuentos generalizados, y reclaman que se atienda a los colectivos vulnerables y se actúe con visión a medio plazo.