El primer ejecutivo del fondo estadounidense Platinum, el multimillonario Tom Gores, ha recibido una comunicación “privada y confidencial” que le insta al “cese inmediato” de Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Urbaser, propiedad de esa firma de inversión, por su inacción ante un caso confeso de sobornos en Canarias a cambio de contratos para el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras.
Esa comunicación a Gores, a la que ha tenido acceso elDiario.es, le insta a fulminar a Abril-Martorell por no haber tomado medidas contra esos dos directivos. El hijo del que fuera vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía con Adolfo Suárez es consejero delegado del grupo español desde junio de 2022.
Como contó elDiario.es, Urbaser mantiene en sus puestos a dos directivos, Manuel Andrés, número 2 del grupo, y su mano derecha, Santiago Alonso, que han reconocido los sobornos de los que les acusaba la Fiscalía Anticorrupción en vísperas del juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas por la “Operación Jable”. Se trata de la última pieza de la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por número de imputados, el caso Unión.
Ambos han presentado ante la Sección Segunda de la Audiencia escritos idénticos en los que manifiestan su “reconocimiento de los hechos acontecidos” y admiten los delitos descritos por la Fiscalía Anticorrupción. En conformidad con el Ministerio Público, han efectuado sendos ingresos bancarios por un total de 220.000 euros en una cuenta de la Audiencia Provincial en concepto de pago a cuenta de la multa por delito de cohecho.
En la comunicación a la que ha tenido acceso este medio, con copia a la presidenta de Urbaser y directiva de Platinum, Mary Ann Sigler, el denunciante advierte al dueño del fondo de que, ante la falta de medidas contra estas dos personas, “el comportamiento del CEO es completamente contrario a cualquier Código de Conducta de ESG [las siglas de la expresión inglesa environmental, social and governance] y con el propio Código de Conducta de Urbaser”.
El pasado 22 de octubre el grupo español aprobó un código anticorrupción que asegura que “Urbaser rechaza toda forma de corrupción, aplicando una política de tolerancia cero ante cualquier indicio de soborno o corrupción cometido por un empleado/a de Urbaser o por un tercero, que actúe en nombre de Urbaser”.
“Estamos ahora ante una falta absoluta de integridad en el comportamiento del CEO, pagando o habiendo pagando nóminas, autorizando o habiendo autorizado con su propia firma todo tipo de gastos para restaurantes, hoteles, vuelos e, incluso, supuestamente y si se confirma, abonando a Corte Penal Regional las multas y los gastos de defensa legal de los dos criminales confesos”.
El escrito a Tom Gores continúa detallando el “enorme” daño que esta situación supone para la reputación de Urbaser y Platinum: “Desconocemos si el CEO ha perdido su moral, si alguna vez la tuvo, pero parece que en estos dos casos de comportamientos criminales en la dirección de Urbaser, un despido disciplinario sin compensación es una obligación ética y profesional”.
“También desconocemos si el CEO está considerando demandar a estos dos criminales confesos y pedirles que devuelvan los bonus y las acciones que ambos tienen en la compañía luxemburguesa LUNA I”.
Según el Registro de Luxemburgo, el 11 de marzo de 2022, cuando ya llevaba tiempo a la espera de juicio por este caso, Manuel Andrés recibió 200.000 títulos clase A de esa instrumental, mientras que Santiago Alonso recibió otros 49.338 títulos.
Luna I, de la que Abril-Martorell recibió un paquete millonario de acciones el día de su nombramiento, es una de las sociedades con las que Platinum controla Urbaser a través de cerca de una decena de firmas en el Gran Ducado. Esa larga cadena lleva en última instancia hasta Islas Caimán, como suele ocurrir en el mundo de los grandes fondos.
elDiario.es ha preguntado a Platinum por este asunto, sin obtener respuesta. Por su parte, el grupo Urbaser ha indicado que “el asunto está siendo analizado por el área de Compliance siguiendo los procedimientos establecidos y con el asesoramiento legal correspondiente para llevar a cabo las medidas oportunas; siempre de acuerdo al código ético y de conducta de Urbaser”.
Los hechos se remontan a la época en la que Urbaser pertenecía a la constructora ACS, que la vendió en 2016 al grupo chino Energy Conservation and Enviromental Protection (Cecep) por 1.319 millones. En 2021 Cecep se la vendió a su vez a Platinum por más del doble, unos 3.500 millones. Cuando la adquirió, Gores indicó que la compañía “requiere de excelencia operacional y de las mejores prácticas de ESG”.
Estadounidense de origen israelí, Gores, de 58 años y dueño del equipo Detroit Pistons de la NBA americana, tiene una fortuna estimada de 6.200 millones de dólares. Figura en el número 427 del ránking mundial de millonarios de Forbes.
Abril-Martorell es consejero delegado de Urbaser desde el pasado 15 de junio. Antes de ocupar ese puesto, fue entre otros cargos presidente y consejero delegado de Indra o consejero delegado de Prisa. También tuvo responsabilidades en Telefónica, Credit Suisse y JP Morgan.
Los imputados en esta trama, según la acusación pública, “amañaron” concursos para adjudicar a Urbaser y FCC trabajos a cambio de pagos en efectivo o en forma de “dádivas” o regalos, que en el caso de Isabel Déniz, ex alcaldesa de Arrecife (Lanzarote), le permitieron incrementar su patrimonio en 400.000 euros, y además crearon varias sociedades que se favorecieron de esos contratos.
Según Anticorrupción, el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, y la ex alcaldesa (primero en esa formación y luego en Coalición Canaria) se concertaron en 2001 con Manuel Andrés y Santiago Alonso, entonces directivos y apoderados de Tecmed (antigua Urbaser e histórica filial de ACS), para que, a cambio de una comisión, la empresa resultara adjudicataria en el concurso de recogida y transporte de residuos en Arrecife. Entre los acusados también se encuentra el entonces líder del PSOE en la localidad insular, Miguel Ángel Leal.
Urbaser se presenta como “una compañía de gestión medioambiental líder a nivel mundial, orientada hacia la sostenibilidad y la innovación, que da servicio a más de 70 millones de personas en 21 países a través de una red de más de 59.719 empleados”.
En la actualidad se encarga de la limpieza “de más de 8 millones de kilómetros de calles en diferentes ciudades de todo el mundo y el mantenimiento de 25 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Opera 75 instalaciones de tratamiento de residuos con un total de 20,4 millones de toneladas tratadas; produce 2.885 GWh de energía a partir de residuos y en el último año ha evitado la emisión de casi 2,2 millones de toneladas de CO2 equivalente”.
La compañía, que ha pedido impulsar el incipiente negocio del biometano, es una de las interesadas en la compra del negocio de Medio Ambiente de Sacyr, junto a otras firmas como HIG. Esa operación permitiría a Urbaser competir en tamaño con el líder en España, FCC, que también está implicada en ese caso de corrupción en Canarias.
Se da la circunstancia de que, también en la Audiencia Provincial de Canarias, la propia Sacyr está pendiente de juicio desde hace tres años por el caso Emalsa, por un presunto quebranto de 23 millones de euros. Y en este caso uno de los acusados es Pablo Abril-Martorell, hermano del consejero delegado de Urbaser y actual directivo de Sacyr Concesiones.
Los dos directivos de Urbaser que han confesado esos sobornos en el caso Jable ocupan posiciones clave en la compañía. Manuel Andrés Martínez, que en unos días cumplirá 65 años, es director general de la línea de negocio de Servicios Urbanos de Urbaser, la más importante del grupo. Por su parte, Santiago Alonso, de 62 años, era en el momento de producirse esos hechos director de Limpieza y Jardinería de Urbaser, que luego le nombró director internacional de Servicios Urbanos.
Según fuentes solventes, Alonso es director Adjunto de Servicios Urbanos, pertenece a la Alta Dirección de Urbaser y es la mano derecha de Manuel Andrés en la línea de negocio de Servicios Urbanos, que en 2021 (último ejercicio disponible) aportó 2.317 millones a la cifra de ventas consolidada de Urbaser, más del 90% de los 2.550 millones que facturó el grupo.
Ambos directivos fueron detenidos en 2010. La Fiscalía les acusó como autores de un delito continuado de cohecho y de un delito de uso o aprovechamiento de secretos, y como cooperadores necesarios en falsedad en documento público y fraude. Pidió para ellos sendas condenas de 10 años y dos meses de cárcel, fianzas de 13.857.415,8 euros para cada uno y sendas multas de 603.600 euros.
Hay otros dos directivos de Urbaser encausados: Francisco José Martínez Llerandi, que, según su Linkedin, es director de Aguas y RCD de Urbaser, y para el que Fiscalía pidió 6 años y 8 meses de cárcel, fianza de 13.612.890,4 euros y multa de 420.206 euros; y Stephan Jean Antoine Balverde, para el que el Ministerio Público pidió 7 años y 6 meses de cárcel, fianza de 13.852.615,5 euros y multa de 600.000 euros.
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