Alemania ya ha avisado de que es “muy probable” que las ayudas se retrasen, lo cual tendrá “consecuencias en la recuperación económica”. Ahora el riesgo es que el acuerdo, después de cinco días y cinco noches de negociación, alcanzado por los líderes en julio comienza a tambalearse, y con ello el fondo de recuperación de 750.000 millones, de los cuales 140.000 irían para España. ¿Por qué? Por el uso del respeto al Estado de Derecho (rule of law ) como condición para recibir fondos europeos por parte de gobiernos derechistas (Hungría y Polonia) y los llamados frugales (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, además de Finlandia).
“Europa tiene que responder de la forma que le exigen los ciudadanos”, dicen fuentes del Gobierno español, “parece que se nos olvida lo que luchamos en julio y lo que cambió la conversación en Europa gracias a ese resultado. Me parece una frivolidad y una falta de seriedad que se pueda estar jugando con la idea de un retraso”.
La fuente añade: “Algunos quizá por ensimismamiento; otros por un cierto tacticismo; otros quizá por una sincera falta de interés en el fondo... Pero no puede ser esto, no. Una pinza rule of law-frugales no es aceptable. Ni por unos ni por otros. A algunos nos parece un poco fuerte que el grado de entusiasmo hacia el rule of law dependa del balance fiscal del fondo de recuperación. Ese es un debate que no debería plantearse en esos términos. Esto lo tenemos que sacar; el mundo lo está esperando y es nuestra responsabilidad”.
Hay dos bloques, explican las fuentes diplomáticas, “el bloque de los frugales, liderado por Holanda, que tiene un pensamiento muy teológico con la propuesta del rule of law, y el bloque de Polonia y Hungría, sobre todo Hungría, que están pensando más en cómo les puede afectar a ellos en el curso de los años”.
¿Y qué tiene que ver el cumplimiento del Estado de Derecho con que se ponga en marcha el acuerdo de julio y empiece a llegar el dinero? “Existe la posibilidad de bloqueo si un Estado miembro decide no aprobar la orden de recursos propios [la creación de nuevos impuestos comunitarios para aumentar el techo de gasto de la Comisión Europea y así pueda emitir deuda para financiar los 750.000 millones del fondo de recuperación], y con ello impide la puesta en marcha del Next Generation EU [el fondo de recuperación]”, relatan las fuentes: “Esa es la realidad de política. Hungría puede decir que ejerce su bloqueo al incremento del techo de gasto y, a partir de ahí, se genera una dinámica muy complicada. Esta es la situación. Pero esto lo sabíamos ya en julio. Por eso era tan importante la puesta en marcha del procedimiento de ratificación nacional, porque el problema que tenemos no es tanto que el Parlamento y el Consejo den su autorización al paquete, es que ese paquete, en la parte más sustancial, necesita pasar por los parlamentos nacionales”.
Mientras, hay jefes de Estado y de Gobierno que trasladan la presión al Parlamento Europeo, donde los grupos piden recuperar partidas vaciadas en las negociaciones de julio, además de ser más ambiciosos con las exigencias del Estado de Derecho. “Tenemos un texto que se debatió y que fue muy claro sobre este tema el pasado mes de julio”, ha dicho el presidente francés, Emmanuel Macron, en Bruselas: “Hay que seguir trabajando con el Parlamento, pero creo que nadie debería poder tomar como rehén este plan de recuperación y, en particular, la voluntad de bloquear o forzar la aprobación de tal o cual tema. Las discusiones continuarán, todavía quedan unos días de margen”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue más allá en meter prisa al Parlamento Europeo en la tramitación del fondo de reconstrucción: “Me gustaría instar al Parlamento Europeo a que podamos aprobar cuanto antes el marco financiero plurianual y también el plan de recuperación, porque eso implicará que podamos poner en marcha todo este plan a lo largo del próximo año, con todas las garantías y con el tiempo debido”.
El presidente de la Eurocámara, sin embargo, quiso responder: “Quiero ser muy claro, porque algunos mensajes que se están enviando son totalmente inaceptables: el Parlamento no está bloqueando nada. Nuestras demandas van en interés de las y los ciudadanos europeos. Los retrasos se deben a la falta de contrapropuestas del Consejo [los Gobiernos]. El Parlamento ha hecho muchas concesiones con respecto a las posiciones del Consejo. Si hay voluntad, se puede llegar rápidamente a un acuerdo político”.
El propio primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha reconocido que el rechazo a las condicionalidades relacionadas con el respeto al Estado de Derecho le están llevando a frenar el fondo anticrisis: “Ahora hay una crisis en Europa, que hay que tratar y este fondo debe ser accesible lo más pronto posible a los países, y no se debería frenar con las discusiones sobre el Estado de derecho. Si las discusiones (sobre el condicionamiento) hacen imposible que el fondo pueda iniciarse en las condiciones actuales, todavía existe la posibilidad ante los países europeos de crear ese fondo mediante acuerdos intergubernamentales, o sea fuera de las instituciones de la UE”.
La Comisión Europea tiene abiertos sendos procedimientos contra Hungría y Polonia por la falta de independencia de su sistema judicial, la situación de la libertad de expresión, la corrupción y el estado de la democracia, en general.
La propuesta que se está debatiendo, presentada por Alemania, presidente de turno en la UE y que cuenta con el apoyo mayoritario de los gobiernos, limita la exigencia del respeto del Estado de Derecho a la gestión de los fondos europeos, al “correcto funcionamiento de las autoridades de ese Estado miembro que ejecutan el presupuesto de la Unión”. En efecto, la UE perfectamente seguiría liberando fondos a Polonia o Hungría mientras retuercen el sistema judicial, maltratan a los migrantes, acosan a los colectivos LGTBI o limitan las libertades, siempre y cuando la gestión de ese dinero sea correcta.
El Gobierno húngaro, no obstante, ha rechazado con vehemencia la propuesta de la presidencia alemana del Consejo de la UE. La ministra de Justicia, Judit Varga, ha dicho que la propuesta es “inaceptable”, en tanto que defiende que “significaría una modificación unilateral de los tratados de la UE y, por tanto, violaría los valores fundamentales de la Unión Europea”. Varga ha hablado de “chantaje”.
“Es urgente que el Parlamento Europeo desenlace muchos de los nudos de la negociación que tenemos por delante”, ha dicho este viernes Pedro Sánchez: “Tenemos semanas por delante muy intensas. Pero yo espero que se pueda llegar a un acuerdo antes de finalizar el año, con un contexto como el actual con tanta incertidumbre derivada de la pandemia y de la negociación del Brexit”.
En este sentido, Sassoli devolvía la pelota a los gobiernos de los 27 y decía que el plan de recuperación europeo y el presupuesto comunitario estarían aprobados “en cinco minutos” con mayor “voluntad política” de los Estados miembros, a los que acusa de ignorar las propuestas de los eurodiputados para ambos proyectos.
“Si se quiere, en cinco minutos se cierra. Basta con que haya voluntad política”, ha subrayado el italiano en una rueda de prensa en la que ha negado que la Eurocámara esté bloqueando la aprobación del Marco Financiero Plurianual (MFF) para el periodo 2021-2027 y el fondo de relanzamiento económico post-Covid.
Al contrario, Sassoli ha insistido en que el Parlamento Europeo tiene unas peticiones “muy claras” y los eurodiputados están “preparados para lograr rápido un acuerdo”. “Pero para un acuerdo, es necesario que todos den un paso adelante”, ha añadido.
A tres meses del 1 de enero de 2021, fecha en que deberían entrar en vigor tanto el nuevo presupuesto como el plan de recuperación, las negociaciones para sacar adelante ambos proyectos se han recrudecido, pero no sólo por las diferencias entre los Estados miembros y la Eurocámara, sino también por las profundas divergencias entre los gobiernos por el Estado de derecho, por la pinza entre Hungría y sus aliados y Holanda y los suyos.
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