El 'pionero' español de los préstamos entre personas, imputado por estafa: “Que nos diga dónde está la pasta”

Hasta 2008, Arturo Cervera era ejecutivo en el BBVA. De 2008 a 2017, Arturo Cervera dirigió su propia empresa, Comunitae, y se prodigó por los medios en calidad de pionero y emprendedor. En 2018, Comunitae quebró y Arturo Cervera aseguró que había sido víctima de un fraude: uno de sus trabajadores se la había jugado usando su plataforma para transferir dinero de inversores particulares a empresas fantasma. “Lo hemos expulsado, hemos iniciado acciones judiciales y hemos parado la actividad”, declaró. “No es un porcentaje muy grande [del negocio] pero suficiente para dejar un mal sabor de boca a la mayoría de los inversores”.

Arturo Cervera lo denunció. Ahora, el abogado de 80 inversores que perdieron su dinero le ha dado la vuelta a la tortilla: ha presentado una querella en la que considera que el verdadero promotor del fraude era Cervera y que la acción contra su empleado fue pura pantomima para liquidar la sociedad. La querella ha sido admitida a trámite y el empresario está llamado a declarar en calidad de investigado por un delito de estafa.

“Es delincuencia de corbata”, dice el abogado, Manuel Merino. “Es gente muy preparada que montó un chiringuito”.

El día que los préstamos P2P llegaron a España

Comunitae fue la primera plataforma de préstamos entre particulares de nuestro país. La modalidad, que doce años después sigue sin dar el salto y ser realmente popular, consiste en saltarse a los bancos y dejarse dinero entre personas: si tú necesitas 3.000 euros y entre 30 te los podemos prestar, por qué no hacerlo así y que cada uno de los 30 cobre sus intereses. La plataforma serviría solo para intermediar.

El 'crowdlending', primo hermano del 'crowdfunding', ya funcionaba en Estados Unidos y Reino Unido. Como es costumbre en estos casos, Cervera no inventó nada. Solo lo importó. Montó Comunitae en marzo de 2008 junto a José Miguel Rotaeche, otro ejecutivo del BBVA. A base de salir en prensa y de participar como experto en foros de “emprendimiento digital”, Cervera, que no ha respondido a una solicitud de información de este periódico, fue ganándose la confianza de los clientes: pequeños ahorradores particulares a los que prometía más rentabilidad que un banco.

Su lema era “comunidad virtuosa de ahorradores” y a veces les llamaba para pedir que salieran en los medios contando sus buenas experiencias con Comunitae.

Como también suele suceder en estos casos, la plataforma necesitaba dotarse de credibilidad. Comunitae solicitó su admisión en la Asociación Nacional de Establecimientos de Crédito (ASNEF) y fue admitida como “miembro adherido no asociado”. En la práctica esto no significaba gran cosa, pero “lograría transmitir la falsa creencia de que ostentaba la condición de establecimiento financiero de crédito”, apunta la querella.

La compañía logró captar más de tres millones de fondos e inversores privados especializados en 'startups' con bastante reputación, como Cabiedes and Partners (primeros inversores de Blablacar) y François Derbaix (Toprural, Rentalia), cuyos nombres mencionaba habitualmente para transmitir confianza y seguridad. Según los datos de la querella, solo en 2017 gestionó operaciones por valor de 5,6 millones de euros.

Prestaban dinero a pymes al margen de la ley

En 2013, Comunitae abrió una nueva línea de negocio que se convertiría en el origen del fraude: los préstamos a empresas mediante descuento de pagarés. Como las empresas suelen necesitar más dinero que un particular, esto requería la captación de más inversores. La ley también se metió en su camino en 2014, cuando el Gobierno reguló el 'crowdfunding' y las plataformas de financiación participativa y la CNMV empezó a supervisarlas.

“Comunitae no se adaptó a la ley porque no quería que la controlaran”, explica Merino. “Con la nueva regulación, las plataformas no podían gestionar el dinero. Solo intermediar. Pero ellos tenían el negocio en manejar la pasta”. La nueva ley obligaba a las plataformas a convertirse en entidades de pago híbridas y supervisadas o en contratar a una empresa independiente para ello. De esta forma y para evitar posibles fraudes, el dinero de los inversores particulares no pasaría por Comunitae, sino que estaría en una cuenta a su nombre en otra entidad. Como intermediaria, Comunitae solo podría pasar recibos para cobrar su comisión.

Comunitae pasó del tema. Ni solicitó al Banco de España la licencia para ser una entidad de pago híbrida, ni contrató a otra entidad, ni llegó a ser supervisada por la CNMV, alegando que su actividad –descuento de pagarés– no estaba sujeta a “ninguna regulación”. La CNMV la incluyó en su lista de entidades no supervisadas. Al mismo tiempo, surgieron nuevas empresas de 'crowdlending' que sí se ajustaban a la regulación, entraban bajo la supervisión de la CNMV y daban más confianza a los inversores. Estas empezaron a captar clientes y el crecimiento de Comunitae se ralentizó.

Cobraban comisiones sin parar

Una de las cuestiones que mosqueaba a los clientes era el cobro abusivo de comisiones, de entre el 1% y el 2,5% mensual sobre la suma total de las participaciones de cada inversor.

“En general, y perdona la franqueza, no puedo estar de acuerdo en la política general de aplicación de comisiones por parte de Comunitae”, escribió un cliente a uno de los trabajadores de la empresa. “Como puedes imaginarte, el hecho de que se eliminen las comisiones para nuevos clientes pero no para los antiguos, aparte de ser injusto, recuerda a un sistema piramidal en el que es necesario obtener ingresos de nuevos clientes para poder pagar las deudas a los existentes. Espero equivocarme”.

Comunitae cobraba comisiones hasta por las operaciones impagadas –cuando una empresa no devolvía el préstamo–, lo que podría sugerir que no tenían por qué tener interés alguno en cobrarlo de vuelta.

Esta fue la pieza con la que todo se empezó a desmoronar. Si Arturo Cervera cobraba comisiones pasara lo que pasara con la pyme, ¿qué más le daba si era solvente o no? Comunitae se jactaba de hacer un riguroso análisis de riesgos antes de publicar un préstamo en la plataforma –análisis que hacía en 24 horas– y de aceptar solo empresas solventes que querían dinero rápido –aunque la lógica nos diga que una empresa solvente se va a pedir a un banco. Pero la realidad es que se colaron empresas insolventes avaladas por otras empresas sin actividad. Por si fuera poco, Comunitae troceaba los pagarés para que más gente invirtiera en ellos (porque da más confianza prestar a alguien que pide 10.000 euros que a alguien que pide 50.000). La compañía también había incentivado el “modo automático” para que los inversores no eligieran por sí mismos dónde invertir, sino que lo dejaran en sus manos.

“Yo mantengo la tesis de que Cervera necesitaba hacer operaciones y es el responsable de dar manga ancha a todas estas”, sostiene Merino. “¿Por qué? Porque está comisionando por ellas. El protocolo de actuación, el análisis de riesgos, no se respeta. Cervera miraba para otro lado”. Cuando el empresario se querelló contra su empleado, el encargado de valorar la solvencia de los posibles clientes, declaró que desconocía “las razones por las que no se verificó este previo control” y que “habría que preguntárselas a la administrativa”.

La trama de empresas falsas

Entre las empresas que no devolvieron préstamos, había al menos dos gestionadas por Antonio Luis Aguilera, detenido en 2008 junto a once personas más por una estafa de cinco millones de euros a Caixa Girona. Entre las empresas fantasma que avalaban a las empresas que no devolvían préstamos, había al menos tres a nombre de Javier Villalba Català, trabajador del abogado Joan Piqué Vidal y testaferro de Jordi Pujol.

“Había un primer nivel: empresas que se llevan la pasta, que cuentan con un entramado de testaferros que prestan su nombre para domiciliar los pagarés, que es el segundo nivel”, continúa Merino. “Son personas con un perfil... que ya me dirás cuál es el perfil”.

El incremento del número de impagos en las operaciones de préstamos inquietó a los inversores, que exigieron respuestas a Cervera. Fue entonces cuando el empresario envió un email diciendo que había detectado “un fraude”, que procedía a elaborar un “plan de contingencia” y cuando se querelló contra Omar Gregorio, el analista de riesgos. Meses más tarde, en febrero de 2018, Comunitae se declaró en concurso de acreedores, cerró la web y Cervera declaró que no tenía “sentido seguir adelante como compañía”.

Si en 2017 la empresa había realizado operaciones por valor de 5,6 millones de euros y cuando Cervera se querelló indicó que las operaciones afectadas por el fraude sumaban 1,2 millones, ¿dónde estaba el resto? “Yo creo que a la trama de empresas fantasmas catalanas será imposible pillarlas, porque son mucha gente. Pero al final de la querella requiero que Arturo Cervera explique dónde está la pasta. Cuando desaparece la plataforma, ¿dónde queda lo demás? ¿Cómo una empresa que dice manejar millones de euros no tiene dinero por un fraude de 1,2?”. Cervera está citado a declarar el próximo 31 de marzo. Y aunque Merino solo representa a 80, apunta a que hay más de 800 inversores afectados en toda España.