“Desplazado desde el punto de vista del calendario”. “Absolutamente irreal”. “Fuera de lugar”. Son los calificativos que ha dedicado el ministro de Agricultura español, Luis Planas, a la propuesta presentada este martes por la Comisión Europea para actualizar la directiva sobre Emisiones Industriales, que incluye un endurecimiento de las normas para las macrogranjas por su capacidad contaminante.
Bruselas, en cambio, defiende que su propuesta prevé que “las mayores explotaciones ganaderas de ganado vacuno, porcino y aves de corral vayan entrando progresivamente en el ámbito de aplicación de las nuevas normas. Es decir, alrededor del 13% de las explotaciones agrícolas comerciales europeas, responsables, en su conjunto, del 60% de las emisiones de amoniaco y del 43% de las emisiones de metano en la UE procedentes del ganado”.
Según la Comisión Europea, “los beneficios para la salud de esta ampliación del ámbito de aplicación se estiman en más de 5.500 millones de euros anuales”.
“Esta semana hemos tenido una muestra de algo que nos parece desplazado desde el punto de vista del calendario”, respondía Planas a su llegada a un Consejo de ministros de Agricultura de la UE, en Luxemburgo. “He mantenido una reunión con la presidenta de Copa y el presidente de Cogeca [del que son miembros Coag, Asaja y UPA] en relación con la modificación de la directiva sobre emisiones industriales”, ha explicado el ministro en relación a dos organizaciones de la industria agraria señaladas por el Corporate Europe Observatory por “socavar en gran medida los objetivos de las estrategia de la granja a la mesa”. Y ha sentenciado Planas: “Nos parece absolutamente irreal que en este momento, con la prioridad que tenemos en relación con la producción alimentaria, la Comisión Europea esta semana publique este borrador donde establece que, por ejemplo, una granja de 150 vacas es una instalación industrial sometida a las mismas normas que una industria química. Me parece que eso está absolutamente fuera de lugar”.
Lo cierto, no obstante, es que la propuesta de Bruselas ni siquiera habla de 150 vacas, sino de 150 cabezas de ganado –livestock units–, un concepto utilizado por las autoridades estadísticas que corresponde, por ejemplo, a 180 bovinos adultos; 500 cerdos; 21.000 pollos de engorde; 10.700 gallinas ponedoras. Y, también, a 150 vacas lecheras o 180 vacas de dos años o más.
No obstante, la propuesta de la Comisión Europea no prevé las mismas normas para una granja de 150 cabezas de ganado o más que para una industria química. Si acaso, explican fuentes diplomáticas relacionadas con el expediente, en términos muy amplios, hay una lógica similar en el sentido en que la granja debe solicitar un permiso a la autoridad local. Y luego, según la directiva de emisiones de la industria, se necesitaría que la autoridad diera un permiso en el que se especifiquen condiciones técnicas, pero los requisitos son diferentes.
Y esto es solo para el 13% de todas las granjas más grandes de Europa, en tanto que hasta ahora se incluía una parte muy pequeña de las granjas y ahora se está proponiendo ampliar el sistema.
Pero al ministro Planas no le convence: “Le llamamos atención a la Comisión Europea: tenga usted sensibilidad del momento que estamos viviendo y además, sea usted coherente con sus propias declaraciones e intenciones sobre esta materia. Este no es el mejor momento”.
Fuentes próximas al expediente explican, sin embargo, que los objetivos del pacto verde europeo tienen un horizonte y un camino que no puede dejarse de andar. Y que, en todo caso, la presentación esta semana de la propuesta no significa que vaya a entrar en vigor en plena guerra de Ucrania. Es una propuesta que comenzaría a tener obligaciones dentro de cinco años, tal vez dentro de seis años con la vista puesta en que las emisiones tienen que bajar y la contaminación tiene que bajar de acuerdo con el pacto verde europeo.
Julien Denormandie, ministro de Agricultura francés, también ha sido crítico con la propuesta de la Comisión Europea al término del Consejo de Agricultura de la UE: “No puede ser que sea considerado industria una granja con 100 vacas en la montaña al tiempo que llegan vacas importadas de granjas con 10.000 vacas sin esos controles”. Como le ha explicado a continuación el comisario europeo de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, el umbral no está en 100 vacas, sino en 150 cabezas de ganado, quien también ha añadido que la propuesta de directiva no tiene nada que ver con los controles aduaneros.
Bruselas apunta a las macrogranjas
Ya en enero pasado, la Comisión Europea expresó que la prioridad pasa por apoyar pequeñas y medianas explotaciones frente a las macrogranjas, con las cuales hay “un problema”. Así lo dijo el Wojciechowski, en una entrevista concedida con la agencia Efe en enero: “Por supuesto, tenemos el problema con el desarrollo de la agricultura a gran escala, especialmente en algunos sectores de la producción animal, como la carne de cerdo, las aves de corral y las gallinas ponedoras”.
El comisario abundaba en el argumento de por qué el Ejecutivo comunitario cree más conveniente el modelo extensivo que el de macrogranja: “No habrá seguridad alimentaria si permitimos eliminar a los pequeños agricultores del sistema de agricultura en la Unión Europea. No. Deberíamos detener este proceso y dar a los pequeños agricultores la posibilidad de continuar sus cultivos y crías”. Y añadía que en las granjas más pequeñas “es más fácil asegurar buenos estándares de bienestar animal” y “lograr la sostenibilidad de la producción”.
Las palabras del comisario europeo llegaban después de que el ministro de Consumo español, Alberto Garzón, ofreciera argumentos similares en una entrevista con el diario británico The Guardian, que posteriormente fue utilizada parcialmente y fuera de contexto por parte de la derecha, la extrema derecha y parte del PSOE para atacar al líder de Izquierda Unida. Garzón se mostraba a favor de la ganadería extensiva en oposición a la industria cárnica basada en macrogranjas, por considerar que estas últimas contaminan “los suelos y el agua” para producir una carne “de peor calidad” y fruto del “maltrato animal”.
Izquierda Unida trasladó entonces, en enero, una batería de preguntas al Ejecutivo comunitario sobre el asunto de las macrogranjas a través de la portavoz de IU en la Eurocámara, Sira Rego: “¿Cuál es la posición de la Comisión Europea sobre las macrogranjas, su impacto ecológico y qué modelos de ganadería considera la Comisión que son los más apropiados para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, calidad y bienestar animal? ¿Qué medidas concretas va a impulsar la Comisión de cara a hacer frente a los efectos nocivos que provocan estas macroinstalaciones, y así implementar las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo? ¿En qué situación se encuentra el proceso judicial iniciado por la Comisión contra España ante el incumplimiento de la normativa comunitaria sobre nitratos?”
Y el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus SinkeviÄius, contestaba en marzo: “La ganadería intensiva puede tener efectos negativos en el medio ambiente. En su Estrategia De la Granja a la Mesa, la Comisión anunció su apoyo a la transición hacia una ganadería sostenible, comprometiéndose a revisar la legislación en materia de bienestar animal antes de finales de 2023. Por otra parte, la Comisión está examinando la legislación sobre aditivos para piensos para reducir las emisiones de metano”.
El ejecutivo comunitario añadía: “Las explotaciones ganaderas industriales también están contempladas en la directiva sobre las emisiones industriales, así como en las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, que establecen niveles de emisiones para el amoniaco. Se ha previsto una revisión en abril de 2022 que incluirá opciones para reducir la contaminación, también en relación con la cría de ganado vacuno, porcino y de aves de corral. Los proyectos de ganadería intensiva entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental, que requiere una evaluación de las repercusiones en el medio ambiente de los proyectos importantes.
Por lo que se refiere al procedimiento judicial por el inclumplimiento de la normativa comunitaria sobre nitratos, la Comisión Europea explica que “envió una carta de emplazamiento y un dictamen motivado en el que destacaba el incumplimiento por parte de España de la directiva sobre nitratos. En 2021, la Comisión anunció su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber tomado medidas suficientes. La Comisión explicó que, a pesar de algunos pequeños avances, España debe adoptar más medidas contra la eutrofización para todo el país, puesto que las adoptadas hasta la fecha no han sido suficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva. Además, debe revisar y designar zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones, incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción para cinco regiones y adoptar medidas adicionales para las cuatro regiones en las que las medidas establecidas han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos de la directiva”.