6,7 millones de hogares (14,3% del total) se vieron en 2021, ya antes de la guerra en Ucrania y cuando comenzó la actual crisis energética, en la situación de no poder mantener una temperatura adecuada en sus casas. Es un incremento de casi cuatro puntos respecto a 2020 (1,6 millones de personas más), supone que prácticamente el doble de hogares están en esa situación respecto a 2019 y “un dato muy preocupante”, según el Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España en 2021 presentado este martes por la Universidad Pontificia Comillas.
Los investigadores creen que ese empeoramiento “seguramente recoja dos realidades: los ecos de la tormenta Filomena por un lado y la tendencia creciente en los hogares a gastar menos de lo necesario en energía”. José Carlos Romero, coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Comillas y autor principal del informe, cree “muy probable” que ese indicador apunte “a una tendencia creciente en muchas familias de restringir la calefacción por miedo a la factura”.
Ya en junio, otro informe elaborado por Cruz Roja junto a la organización sin ánimo de lucro Ecodes señalaba que el 75% de las familias vulnerables atendidas por esta ONG no podían mantener sus casas a temperatura adecuada en 2021.
Los autores del informe presentado este martes señalan que el pasado ejercicio fue “un año de algunas luces y de una gran sombra. Menos hogares dedicaron un porcentaje desproporcionado de sus ingresos a cubrir sus gastos energéticos, pero, en contraste, muchos más hogares entraron en el oscuro abismo de la pobreza energética oculta severa”. “Nos encontramos probablemente ante la dimensión de la pobreza energética más acuciante en nuestro país. Más de un 30% del total de los hogares españoles no consiguió cubrir ni la mitad de su gasto energético teórico”.
Los autores sí reconocen que, sin las medidas adoptadas el año pasado por el Gobierno, como el refuerzo de los bonos sociales, rebajas de cargos, del IVA y del impuesto eléctrico, “la pobreza energética oculta severa habría alcanzado a 200.000 hogares más”. Calculan que ese indicador habría alcanzado el 11,65% de los hogares, un 1,3% más. “Si bien no consiguieron frenar el golpe”, las medidas “al menos supusieron un alivio para un porcentaje de hogares no despreciable”.
Así, se produjo una disminución en el porcentaje de hogares con un gasto desproporcionado en energía (gasto relativo superior a dos veces la mediana nacional), que pasó del 15,2% al 16,1%, asociado “al mayor aumento de las rentas familiares frente al de las facturas energéticas” y a que el precio de la energía se disparó ya en la segunda mitad del ejercicio. También se redujo más de un punto (hasta el 10,1%) el de los hogares con un gasto energético inferior a la mitad de la mediana nacional.
El indicador sobre retrasos declarados en el pago de facturas en los últimos meses se estabilizó en el 9,5%, por lo que “no se percibe” un aumento de la morosidad, “aunque no es una buena noticia que se mantenga en el entorno del 10%”.
Pobreza oculta severa
El informe también analiza dos índices adicionales. El primero es el M/2, que identifica a un hogar en una situación de gasto insuficiente si dedica a energía menos de la mitad de lo que lo hace un hogar medio en nuestro país. Se ha situado en el 10,12%, frente al 10,32% de un año antes. El segundo es el HEP, que identifica a un hogar en “pobreza energética oculta severa” si gasta menos de la cuarta parte de lo que realmente necesita para cubrir sus necesidades energéticas (gasto energético requerido). En este caso, se ha disparado desde el 4,8% hasta 10,32%.
Este último indicador “merece más crédito por varias razones”, asegura Roberto Barrella, investigador de la cátedra de Comillas y coautor del informe. Primero, porque “se alinea con el indicador subjetivo de temperatura inadecuada” y “parece sensato afirmar que, cuando un hogar declara que no puede mantener su vivienda en unas condiciones de confort mínimas en invierno, se encuentra en pobreza energética oculta”.
Además, 2021 fue, por un lado, el año del comienzo del fin de la COVID y el año del inicio de la crisis de precios de la energía, lo que “ha tenido un impacto muy significativo en nuestros hogares sobre todo a partir del otoño. Todo parece indicar que muchas familias restringieron su gasto por miedo a unas facturas que se volvieron inabordables de la noche a la mañana”. Las subidas del llamado pool, que en 2022 ha vuelto a batir todos los récords, se han trasladado directamente a la tarifa regulada, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que es requisito indispensable para tener el bono social.
El informe también destaca que “las diferencias territoriales vuelven a ser enormes, lo que nos invita a profundizar en las raíces de esa desigualdad e intentar en la medida de lo posible paliarla”. En Andalucía la pobreza energética oculta severa (hogares que están infraconsumiendo energía por motivos de pobreza y no por otras razones) alcanza al 19% de los hogares. Tiene una climatología “bastante favorable durante el invierno”, pero la baja penetración de aparatos de climatización en los deciles de renta más bajos junto a “la elevada demanda de refrigeración y el nivel de ingresos insuficiente crean un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de la pobreza energética oculta”.
El Gobierno sostiene que con las medidas adicionales aprobadas ya este año, tras la invasión de Ucrania, como el tope al gas y los refuerzos del bono social, los consumidores vulnerables y los vulnerables severos pagan “lo mismo que antes de la guerra”. Las previsiones económicas de Otoño publicadas la semana pasada por la Comisión Europea apuntan que, en un contexto de notable empeoramiento de los indicadores de pobreza energética en toda la UE, España va a estar entre los países europeos en los que menos se van a deteriorar.
El Ministerio para la Transición Ecológica tiene pendiente desde el pasado 15 de octubre publicar los indicadores oficiales de pobreza energética, que ya publicó con un notable retraso en 2021.