Los consumidores españoles sufrirán un tarifazo este invierno que no es patrimonio exclusivo de nuestro país, como tampoco lo son sus consecuencias respecto a la exclusión social o el deterioro de las condiciones de vida. En Europa hay un drama creciente, cada vez menos silencioso: el de no encender un solo aparato –para cocinar, para calentarse– por miedo a lo que venga en la factura. O porque ya no hay electricidad que usar: sencillamente, la cortaron.
El español Bernardo Hernández Bataller y el francés Pierre Jean Coulon, miembros ambos del Comité Económico y Social de la UE (el organismo comunitario encargado de aglutinar las voces de la sociedad civil en Bruselas), presentan hoy en Madrid la ponencia, aprobada el pasado mes de septiembre, “Pobreza energética. Por una acción europea coordinada”. En ella muestran sus inquietudes y propuestas en torno a un problema que lo es ya para más de 50 millones de personas en todo el ámbito de la Unión Europea, según sus datos.
Los ponentes –que diseccionarán el documento en la sede española de la Comisión Europea– señalan que los precios de la energía aumentan “continuamente” en todo el territorio europeo: un 9% en España, Bulgaria y Polonia, pero un poco más aún en Italia (11%) y Grecia (15%)… hasta llegar a un inquietante 21% en Chipre (curiosamente, los Estados que más caro vienen pagando desde el principio el precio de la crisis y de los ajustes políticos y económicos derivados de ella).
“La apertura de los mercados de la energía –indican los responsables del texto– no ha reducido los precios de la energía para los ciudadanos. Además, el sector energético es el que representa un mayor gasto para los consumidores (el 5,7% de su presupuesto)”.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) hace un llamamiento a “proteger a los ciudadanos frente a la pobreza energética e impedir su exclusión social”, así como a “tomar medidas para garantizar a cualquier persona en Europa un acceso fiable a la energía a precios razonables”. Porque “la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. La pobreza energética mata física y socialmente”.
Algunos problemas sobre los que trata de alertar el documento son que la Unión Europea no dispone aún de “definición ni indicadores del concepto de pobreza energética” y tampoco, por lo tanto, de “una política europea específica sobre este problema, que aborda de manera fragmentada”.
“Impensable” en otros países europeos
“Impensable” en otros países europeosEsas lagunas en la puesta en limpio del problema provocan que cada Estado miembro haga la guerra por su cuenta, si es que la hace: en Bélgica, por ejemplo, se estableció un estatuto de 'cliente protegido' que, en teoría, permite a cualquier perceptor de ayudas sociales “beneficiarse de tarifas energéticas sociales”. En Suecia, es el sistema de protección social universal el que se hace cargo de las facturas impagadas.
Algo que corroboró en Bruselas para eldiario.es, durante la última sesión plenaria del Comité Económico y Social (celebrada en enero), la finesa Ulla Sirkeinen. Miembro de la Confederación de Industrias Finesas y del Grupo I del CESE (el de los empresarios), Sirkeinen explica que el mercado energético se liberalizó en los países nórdicos, como en tantos lugares de Europa, hace más de veinte años (“un mercado muy beneficioso porque tenemos mucha energía hidráulica”, sostiene). Y, sin embargo, “en el caso de que un ciudadano no pueda pagar la factura de la luz, sería una cuestión de cobertura social: obtendría alguna ayuda estatal para cubrir esa necesidad básica”, al igual que sucede “con la comida o la ropa”.
Lo que es “absolutamente impensable”, dice Sirkeinen –del grupo empresarial del CESE, recordemos–, es que alguien pueda levantarse un día y encontrarse con que le han cortado la luz. “Puede suceder: por tormentas de nieve, porque caiga un árbol y provoque una avería… Jamás por eso: hay una obligación universal de que todo el mundo tenga electricidad”.
Si bien se trata de países en los que combatir el frío es un requisito tan consustancial a la vida como respirar, en España la electricidad como derecho universal puede ser un concepto algo más que dudoso e interpretable. El propio Hernández Bataller, ponente del documento que hoy se presenta en Madrid, lo explicaba muy claro a este diario:
“El concepto que tienen los franceses, por ejemplo, de pobreza energética está a años luz –nunca mejor dicho– de nuestra regulación. Allí, por muy empresarios que sean, el concepto de servicio público es una cosa sagrada, y tienen prohibido interrumpir el servicio, creo que de noviembre a abril; pero es que ni se les ocurre planteárselo…”. “Claro –añade Bataller–, esto lo hablas con un señor de una eléctrica española, y se ríe de ti”.
Por una “regulación universal”
Por una “regulación universal”“A los españoles –sostiene el consejero catalán del CESE– nos beneficiaría una acción de la Unión que fijara los principios básicos, que se obligara por ley a las empresas a cumplir ciertos mínimos… Porque los resultados de la reforma en España se van a ver este invierno… Yo sería partidario de incluirlo como un derecho del consumidor y que se desarrolle a nivel estatal, pero tal y como están las comunidades autónomas, sucederá que, según dónde vivas, vas a tener unos derechos sobre eso, cuando a mí me parece que un servicio básico como este debe ser igual para todos y contar con una regulación universal”.
También a escala europea se trataría, para Bataller, Coulon y la inmensa mayoría de los miembros del CESE (que votaron masivamente a favor de la ponencia), de establecer los mimbres para una política coordinada en esta materia. Para paliar los efectos de una liberalización que ha producido, a la postre, una subida en las tarifas que ni siquiera corresponde al consumo real de luz –“sólo el 30%” del recibo corresponde al gasto real“ en España, sostiene Bataller: lo demás corre a cuenta de la deuda arrastrada por el Estado desde la moratoria nuclear de los ochenta–, y que deja a la intemperie, literalmente, al consumidor.
¿Podría un afectado acudir con su caso a los tribunales? “Sí –responde Bataller–. Existe el marco legal que lo amparase como consumidor… Lo que pasa es que en España, hasta que llegues al Constitucional, seis, ocho años después, ya te habrás muerto de frío”.