La pobreza se reduce en España, pero no en todas partes: Castilla y León y Baleares lideran el aumento desde 2019
Una pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis de inflación. La última legislatura, para la mayoría de comunidades autónomas desde 2019 a la actualidad, ha estado marcada por las dificultades. Retos globales, pero que se han dejado sentir de manera diferente en los distintos territorios del país. Mientras los trabajadores de las regiones más industriales y sindicalizadas, como Euskadi o Navarra, han sufrido una menor pérdida de poder adquisitivo gracias a las subidas salariales, las más dependientes de la agricultura han recibido un mayor golpe de la inflación. Respecto a la pobreza, en los últimos cuatro años ha disminuido en la mayoría de comunidades, pero siete han empeorado sus registros, encabezados por Castilla León y Baleares.
Los resultados –cuánto ha costado la cesta de la compra en Castilla-La Mancha o en Canarias, cuánto poder adquisitivo han perdido los salarios en unos puntos y otros del país o cuántas personas han logrado salir de la pobreza desde 2019– son fruto de numerosas variables. Desde contextos distintos, a puntos de partida muy desiguales y distintas respuestas en los gobiernos de las comunidades y ayuntamientos del Estado, como su inversión en servicios sociales o el progresivo desmantelamiento de las rentas mínimas autonómicas.
También de las políticas nacionales, que en estos últimos años han registrado varios hitos, como el aumento histórico del salario mínimo en 2019, del 22,3%. También el llamado ‘escudo social’ ante la pandemia, con políticas como los ERTE, el inédito paro a los autónomos por la COVID-19 y el lanzamiento del ingreso mínimo vital.
Un ‘escudo’ desde lo público que se adaptó más adelante para evitar daños por la guerra en Ucrania, con medidas como el tope al precio del gas que ha moderado las facturas energéticas, el límite del 2% a las subidas del alquiler y el aumento de las pensiones más reducidas y del IMV, entre otras.
Inflación y salarios
El daño de la inflación ha diferido en 2,6 puntos porcentuales entre la comunidad autónoma que sufrió la mayores subidas de precios en 2022 frente a la que menos. La inflación media el año pasado en Castilla-La Mancha fue del 10,1%, frente al 8,4% del conjunto del país. En Castilla y León, el IPC (Índice de Precios de Consumo) se elevó al 9,5%. En el otro extremo, en Canarias, se quedó en el 7,5%.
La diferencia se explica por la dispersión de la población en los territorios más rurales y por el mayor peso de la agricultura y la ganadería en sus economías. Por una parte, la propia estructura de los costes y los gastos en el sector primario supone más inflación. Es decir, tiene más incidencia la escalada de los precios de los carburantes (tanto en la agricultura como para el transporte), de los fertilizantes y de los alimentos destinados a la ganadería (los tres grandes daños de esta crisis).
Por otro lado, estos factores se combinan con la menor oferta de bienes y servicios en general. En los territorios rurales, los consumidores tienen menos opciones para elegir entre los precios de distintos supermercados o de diferentes bares, por ejemplo.
Así, las regiones más volcadas al turismo, como los archipiélagos de Canarias o Baleares, sufrieron más el shock de la COVID-19 al turismo en 2020 aunque han soportado inflaciones más moderadas frente a la media nacional en la crisis de precios que se exacerbó desde 2021 y de la que Europa ha empezado a salir, lentamente, este 2023.
Ante ambos golpes, las medidas económicas nacionales han sido las respuestas más eficaces en estas regiones y en el resto: desde la financiación de los ERTE que impidió una fuerte destrucción de empleo en la primera parte de la legislatura, pasando por la reducción de la temporalidad en el mercado laboral que ha favorecido la reforma laboral, hasta los planes de choque del último año.
Pero es más revelador observar cómo ha evolucionado el poder adquisitivo de los trabajadores en esta histórica y reciente crisis de inflación en cada región. Si se calcula el diferencial entre el IPC interanual de cada comunidad autónoma mes a mes respecto las subidas salariales recogidas en los convenios se extraen distintas conclusiones.
La primera es que los territorios más industriales y sindicalizados, como son Euskadi o Navarra, han logrado aliviar más el golpe de la inflación. En estas regiones se han pactado aumentos de los sueldos más importantes que en el resto del Estado. Y sobre todo ocurrió en los picos de las subidas de precios en la primavera y el verano del año pasado.
La segunda es que los trabajadores de las comunidades autónomas con mayor peso del sector primario apenas han conseguido contrarrestar el mordisco que supone la inflación a los salarios, según se puede apreciar en el gráfico anterior. La tercera conclusión es que la brecha entre regiones es mucho más acusada si se analiza esta aproximación al poder adquisitivo que si solo se compara el IPC. Y los trabajadores de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia o Andalucía salen muy mal parados.
La pobreza se ha reducido, con siete excepciones
Pese a las dificultades y gracias especialmente al dique de contención del ‘escudo social’, la población en riesgo de pobreza se ha reducido hasta el 20,4% en 2022 (con información de renta de 2021), lo que supone el mínimo de los últimos nueve años. Aunque tras el dato nacional, también hay diferencias.
Desde 2019, la mayoría de regiones mejoran su situación, pero siete Comunidades han empeorado sus registros, con más población que vive por debajo del umbral de la pobreza que hace cuatro años, encabezadas por Castilla y León y Baleares. Por su parte, Aragón lidera a las comunidades que han reducido su población en situación de más vulnerabilidad, seguida de Cantabria y Andalucía. Esta última, no obstante, es la segunda región con una tasa más elevada de pobreza.
En los últimos años, hay dos movimientos destacados a nivel territorial. Por un lado, la mejora de la situación general y en especial en algunas de las regiones con los peores registros, como Andalucía, Extremadura y Murcia. Por otro, un empeoramiento en algunas de las Comunidades que tienen datos de pobreza más bajos, como Euskadi, Navarra y La Rioja, entre otros.
La foto final final es de una reducción de la brecha territorial de la pobreza entre la comunidad con la tasa más baja (Navarra) y con la más alta (Extremadura). Ha pasado de casi 24 puntos porcentuales de distancia en 2019 a 19 puntos de distancia en el último ejercicio, que no muestra el impacto de la crisis de precios de 2022. “A pesar de ello, la reducción de las distancias regionales es insuficiente y se mantiene, todavía, un gran contraste entre los distintos territorios”, destaca la EAPN en un informe presentado este lunes.
Reducción de la pobreza en las zonas más pobres
“Llevamos años defendiendo que en España hacía falta políticas de transferencias de renta a nivel estatal, no solo autonómicas, porque había una gran desigualdad en la pobreza entre comunidades autónomas y en parte tenía que ver con esa ausencia”, subraya Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en España y Europa.
“Las transferencias se dispararon en España en 2020, sobre todo con los ERTE, la tabla de salvación en este país”, añade Susías, pero también otras medidas de apoyo a los más vulnerables, entre las que incluyó el lanzamiento del ingreso mínimo vital, “que se empieza a notar a partir de 2021”. El resultado final es una mayor mejoría en las zonas más afectadas por la pobreza, destaca el responsable de la red de ONG especializadas en la lucha contra la pobreza.
El IMV ha alcanzado sobre todo los hogares de las regiones más empobrecidas del país, como Andalucía y Extremadura. Y, aunque aún no ha alcanzado sus objetivos iniciales, en 2021 el IMV ya superó por mucho la población cubierta que recibía hasta el momento rentas mínimas en estas dos y otras comunidades.
Así ha variado la pobreza en cada comunidad
Porcentaje de población en cada CCAA que se identifica dentro de cada grupo en 2022 y diferencia desde 2019
Además, hay regiones donde algunos problemas destacan con nombre y apellidos. Es el caso de Baleares, muy afectada y lastrada económicamente por la pandemia, pero que además está atravesada por un foco de precariedad creciente: los precios disparados de la vivienda. Es la Comunidad con mayor población que afronta retrasos para pagar sus gastos en vivienda, un 19% del total, y además la que más ha empeorado su situación desde 2019.
Muchas Comunidades desmantelan sus rentas mínimas
En lugar de adaptar sus prestaciones ante la llegada del IMV, el último informe del Ministerio de Derechos Sociales sobre rentas mínimas, de 2021, advirtió de que “prácticamente todas las comunidades y ciudades autónomas han disminuido su gasto” en esta política social. Madrid lidera el desmantelamiento de las rentas mínimas, con menos de la mitad del gasto del año anterior (-55,54%), seguida de Castilla-La Mancha (-53,37%), Aragón (-52,50%) y Castilla y León (-49,15%).
La sangría no ha concluido. En la asociación RMI Tu Derecho denuncian que la prestación en Madrid sigue en caída libre, con 2.540 familias perceptoras de la renta mínima madrileña el pasado abril, respecto a las 22.500 a las que se alcanzó en 2020. “En la Comunidad de Madrid está a punto de la extinción”, critica Hontanares Arranz, miembro de la plataforma. “Las comunidades siempre son muy celosas de sus competencia, pero cuando ha llegado un apoyo del Estado con el ingreso mínimo vital, muchas han retirado sus fondos” de estas ayudas contra la pobreza, denuncia el presidente de la EAPN.
“Lo óptimo sería que cada comunidad autónoma, dependiendo de su realidad, complementase al IMV para adaptarlo a los costes de la vida que varían según el territorio”, sostienen en el Ministerio de Derechos Sociales. “Se podría complementar bien en cuantía económica o bien en población beneficiaria. Asimismo, las autonomías podrían reforzar los servicios sociales como política pública de apoyo y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad social”, añaden en el departamento que dirige Ione Belarra.
Sorprende además el contexto en el que las Comunidades están retirando sus apoyos a los más pobres, primero con una pandemia y más tarde en plena crisis inflacionista. Por ejemplo, en un contexto de enorme auge de la pobreza energética, en máximos históricos, con un 17% de la población con problemas para aclimatar su vivienda en 2022. Como la zarpa de la inflación afecta más a los más vulnerables, con menos margen para afrontar incrementos de precios, los mayores empeoramientos se registran en regiones como Extremadura, Andalucía y Murcia, las zonas con más ciudadanos en pobreza.
En muchas regiones, aumenta la población que tiene dificultades para llegar a fin de mes, que alcanza casi la mitad del total a nivel nacional, el 48%. El año 2022 ha sido un año de ascensos generalizados y, cuando se echa la mirada atrás a 2019, se observa a once comunidades autónomas que han agrandado este colectivo al límite de sus economías familiares.
Ante los próximos comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo, el presidente de EAPN recuerda que las comunidades tienen una larga lista de competencias clave en la lucha contra la pobreza y en la mejora de la vida de los ciudadanos gracias a los servicios públicos, especialmente de aquellas personas que tienen menos recursos. Desde las rentas mínimas, “hasta las políticas públicas de vivienda, de educación, de servicios sociales, de sanidad,... En su conjunto son las que hacen que la pobreza no se convierta en un factor determinante para arruinarte la vida”, subraya Carlos Susías.
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