Unidos Podemos exige al Gobierno “medidas urgentes para eliminar la pobreza energética” antes de las elecciones. El diputado de En Comú Podem Josep Vendrell, portavoz de Energía del Grupo Confederal en el Congreso, ha remitido este jueves una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para reclamarle, entre otras medidas, “una reforma profunda del bono social eléctrico y la creación de un bono social gasista” a través de un real decreto ley antes de los comicios del próximo 28 de abril.
La mayoría de las medidas figuraban en el acuerdo presupuestario que firmaron en octubre el Gobierno y Unidos Podemos, que ha quedado en papel mojado tras el fracaso de la tramitación de los Presupuestos y la convocatoria de elecciones. “Ha pasado un invierno más sin que se haya resuelto esto”, critica Vendrell, que considera que el Gobierno todavía tiene “margen para hacer cosas”. La propuesta llega coincidiendo con la denominada Semana Europea contra la Pobreza Energética.
En opinión de Vendrell, la medida más prioritaria sería la de incorporar el denominado principio de precaución (prohibir cortes de suministro sin el visto bueno de los servicios sociales) “ante cualquier solicitud de interrupción a una persona en situación de vulnerabilidad” y no solo a vulnerables severos, como ahora.
Podemos reclama que ese nuevo bono social y eléctrico se conceda de manera “automática”, cruzando datos de rentas de los clientes, como ocurre en países como Portugal, para que “ningún potencial beneficiario se quedara fuera de las prestaciones” y permitiendo “la recuperación de cientos de miles de personas que tras la reforma del Bono Social del PP, PSOE y Ciudadanos” se quedaron sin el bono en enero.
La misiva también apuesta por que, a la hora de conceder el bono social (que se ha mantenido para las familias numerosas, sean cuales sean sus ingresos), el criterio de adjudicación sea “la renta del hogar, aumentando el techo de ingresos hasta 1,75 veces el IPREM para una persona que resida sola, un 50% más por cada menor de 14 años y un 25% más por cada mayor de esa misma edad, y un 100% más por cada consumidor electrodependiente”. “Se podrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales”.
Otras propuestas: “aumentar la cuantía del descuento aplicable en cada tramo”, conforme al nivel de renta; un fondo económico para el desarrollo por parte de los servicios públicos de las competencias en materia de pobreza energética; que los consumidores acogidos al mercado libre puedan acogerse al Bono Social Eléctrico, “siendo posible la contratación de cualquier comercializadora, privada o municipal”, dado que ahora está reservado a las que ofrecen el precio regulado PVPC, lo que, según Vendrell, “alimenta el oligopolio eléctrico”; y protección legal a las “personas electrodependientes”, para evitar cortes de suministros a las que estén en situación de dependencia energética, a través de la creación de un certificado de dependencia energética relacionada con la salud.
Una estrategia
La formación también reclama a Ribera una “Estrategia contra la vulnerabilidad energética que introduzca planteamientos que concluyan en un plazo corto de tiempo con modificaciones normativas” para reducir el peso del término de potencia en la factura eléctrica y que el término variable de la componente regulada “sea incremental en función de la energía consumida”. Así, el coste de los primeros kWh sería inferior a los siguientes, “incentivando la eficiencia energética”.
Esa estrategia también debería incorporar, entre otras medidas, un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas y la conversión del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) “en un pilar en la implantación de instalaciones de autoconsumo en hogares, tanto de ámbito urbano como rural, que promuevan la reducción de la vulnerabilidad energética, operando prioritariamente en hogares vulnerables”.
En octubre, en un real decreto de medidas urgentes que incluyó algunas medidas de protección del consumidor eléctrico y suprimió el impuesto al sol, el Gobierno se dio un plazo de seis meses que expira el 6 de abril para aprobar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Para ello, abrió una consulta pública que se ha cerrado esta semana.
Transición Ecológica, que este viernes lleva al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa, está “trabajando” en esa estrategia, que deberá establecer objetivos de reducción de la pobreza energética a medio y largo plazo y determinará los ejes de actuación para lograrlo, “incluyendo la reforma, en su caso, de dichos mecanismos”.