Los grupos de Podemos y del PSOE en la Asamblea de Madrid han registrado hoy una proposición de Ley con la que pretenden garantizar que 1.500 familias de Madrid puedan ejercer su derecho de “comprar a un precio justo” sus viviendas de alquiler adquiridas por fondos buitre.
Se trata de la Proposición de Ley de Regulación Transitoria de Tipologías de Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de Compra (VPPAOC), a cuyo registro han acudido las asociaciones Las Mil Viviendas, de Tres Cantos, y La Maquinilla, de Colmenar Viejo.
El diputado de Podemos Marcos Candela ha dicho que su grupo apoya esta Ley, en respaldo de los vecinos afectados de Tres Cantos, Colmenar Viejo y otros municipios, que plantea la fijación de un precio justo para la opción de compra, o que los inquilinos puedan residir al menos tres años adicionales sin que deban pagar un alquiler más alto.
“Es una iniciativa que parte de la ciudadanía; una demanda justa y equitativa que le asegura a estas personas el derecho a la vivienda pública”, ha dicho Candela en la sede de la Asamblea, donde ha expresado su esperanza de que Ciudadanos y PP no “pongan impedimentos” o “palos en la ruedas” a la aprobación de esta Ley.
Por parte del PSOE, el diputado Daniel Viondi también ha expresado su deseo de que “las derechas” de Ciudadanos y del PP “se sumen” a las expectativas de estas familias, que “tienen el apoyo social y político y les debemos una respuesta legal”.
Viondi ha pedido al Gobierno regional que “empiece a distanciarse de los fondos buitre y se ponga del lado de los madrileños”, y que acepte la tramitación rápida de esta Ley “para que los afectados puedan llegar a tiempo, antes del vencimiento de los contratos de alquiler y tengan la oportunidad de mantener la vivienda donde han hecho su vida”.
La portavoz de la Asociación Las Mil Viviendas, Beatriz Gómez, ha dicho que esta Ley es “la única opción de arrebatar este tipo de viviendas a los fondos buitre para que las puedan comprar los ciudadanos”.
“Ahora hace falta ver en el Pleno (de la Asamblea) quiénes estarán de parte de los ciudadanos y quienes de parte de los fondos buitre”, ha dicho Gómez.
“A día de hoy, en la mayoría de casos, una vez vencidos los plazos de la opción de compra, los inquilinos no pueden hacer frente al elevado precio de compra que es fruto de la aplicación de normas que se basaban en previsiones de aumentos de valor de los inmuebles que en la realidad no se han dado”, dice el texto de la Proposición de Ley.
Y agrega que los inquilinos “tampoco pueden afrontar los altos precios de alquiler libre que les exigen sus caseros para poder permanecer en sus viviendas. De ahí que se vean obligados a abandonar las viviendas, que quedan vacías a la espera de mejor postor, en único beneficio de los fondos de inversión adquirentes”.
El texto dice que el propósito de la Ley es “doble”: actualizar la regulación de la opción de compra de las VPPAOC, en aras de armonizar los intereses de los inquilinos adjudicatarios y los intereses de sus caseros“, y que el inquilino adjudicatario, en caso de no poder ejercer la opción de compra, pueda permanecer en la vivienda como arrendatario de forma transitoria.
En este caso, dice el texto, “manteniendo el precio del alquiler previo al vencimiento de la opción de compra, a actualizar tan sólo según el índice anual de precios al consumo”.