La armonización fiscal se ha convertido en el nuevo caballo de batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. El acuerdo presupuestario del Ejecutivo de Pedro Sánchez con ERC por el que se pondrá en marcha un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas y para acabar con “el dumping fiscal de Madrid” ha vuelto a dar alas a la guerra política que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en marcha contra el Gobierno de coalición. Pese a las críticas de la baronesa del PP en las que asegura que el objetivo de la armonización es “robar a los madrileños”, la realidad es que los beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid se concentran en los contribuyentes de mayor renta y riqueza y suponen una reducción de los ingresos públicos per cápita que, en comparación a la mayoría de las Comunidades Autónomas, que afecta a la calidad de los servicios públicos.
El Ministerio de Hacienda ha anunciado que la creación de la comisión para estudiar dicha reforma fiscal integral se llevará a cabo al margen de los Presupuestos del próximo año y se enmarcará previsiblemente en la modificación del modelo de financiación autonómica que se empezará a trabajar desde febrero. Ante la beligerancia de los ataques de Ayuso, Pedro Sánchez ha defendido que “la armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan”.
Pero lo cierto es que la política fiscal de la Comunidad de Madrid está diseñada para beneficiar sobre todo a las rentas más altas. En el informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, financiado por la Generalitat valenciana, se recalca que “los beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid operan de manera que se concentran considerablemente en los contribuyentes de mayor renta y riqueza. Los datos indican que el 7% de los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros se benefician del 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF”.
En esta carrera emprendida por los Gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid destacan las rebajas introducidas en los tributos cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los investigadores del IVIE señalan que “si se cuantifican los gastos fiscales que representan esas rebajas, Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño. Más de la mitad de esos beneficios fiscales se concentran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (2.663 millones de euros). También son muy importantes las minoraciones de ingresos en el Impuesto sobre el Patrimonio (996 millones) y el IRPF (504 millones)”.
Según los datos aportados por la Agencia Tributaria sobre la campaña de Renta de 2018, la Comunidad de Madrid tiene el menor porcentaje la cuota líquida autonómica en el IRPF de los contribuyentes que declaran entre 60.000 y 150.000 euros de ingresos y la segunda más bajas entre las rentas de 150.000 y 600.00 euros.
En el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2020, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales, se pone como ejemplo un contribuyente que obtiene únicamente de rentas del trabajo 600.000 euros, soltero, menor de 65 años y sin hijos pagaría un 14% menos de IRPF en 2019 en la Comunidad de Madrid que en Navarra, autonomía donde gravan más ese nivel de ingresos. Si comparamos lo que tiene que pagar al fisco por IRPF una persona que ingrese 160.000 euros con las mismas características anteriores, la Comunidad de Madrid es la que menos grava de España, un 8% menos que la que más ingresa de un ciudadano con esta renta, que es La Rioja.
Pero es en el Impuesto sobre el Patrimonio donde la comparación con el resto de las autonomías es absolutamente disparatada. La Comunidad de Madrid tiene bonificado este impuesto en un 100%, es decir, no se paga nada. Una decisión de política fiscal que ha tenido efectos en la recaudación de toda España. Los asesores fiscales apuntan en su Panorama de Fiscalidad que “este tributo llegó a recaudar en 2008 cerca de 2.360 millones de euros, mientras que en 2017 recauda 1.267 millones de euros, lo que se explica por el mínimo exento de 700.000 euros que se aplica por defecto, por la exención de la vivienda hasta la cuantía de 300.000 euros por contribuyente –ambas medidas empezaron a aplicarse en 2012– o porque la Comunidad de Madrid lo tiene bonificado al 100%”.
Las diferencias que hay que pagar por el Impuesto de Patrimonio entre Comunidades autónomas son abismales. Así, en el ejercicio que han hecho los asesores fiscales, para contribuyentes con patrimonios de 800.000 euros, sin discapacidad y sin tener en cuenta en cuenta los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual, en la Comunidad de Madrid no pagará nada mientras que en Aragón tendrá que ingresar en Hacienda 1.164,37 euros, en la Comunidad Valenciana, 539,44 euros, y en Castilla y León, 200 euros.
Donde se nota la merma de ingresos para la Comunidad de Madrid es para los patrimonios aún mayores. Un contribuyente con 4 millones de euros de patrimonio (las mismas características anteriores) paga con este impuesto 59.919,56 euros en Extremadura, 36.546,37 euros en Galicia, 22.400 euros en Bizkaia o 9.136 euros en La Rioja. En Madrid, cero euros.
Para un ciudadano que declare 15 millones de euros de patrimonio, tendría que pagar este año al fisco por el impuesto de patrimonio cantidades que van desde los 418.155 euros de Extremadura a 331.444 euros en Andalucía o 68.442,6 euros en La Rioja. En Madrid no pagaría absolutamente nada.
De esta manera, es fácil entender que los millonarios se hayan ahorrado casi 6.000 millones de euros a no pagar nada por este impuesto en la Comunidad de Madrid desde 2011, momento en el que el gobierno regional madrileño aprobó la bonificación total. También queda patente cómo el crecimiento del importe bonificado desde ese año, con 534 millones, hasta los más de 900 millones en 2018 deja patente el efecto tractor de contribuyentes más ricos.
Es difícilmente entendible la crítica de la patronal CEOE al Impuesto del Patrimonio, que llegó a definir como “especialmente contraproducente”, por los “significativos costes que incorpora al ahorro, la inversión y la actividad”. Aunque la realidad es que la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 6.000 millones desde 2011 y no hay ninguna prueba que esos 6.000 millones se hayan dedicado a inversión o actividad alguna.
Pero, además, la bonificación hace que en la Comunidad de Madrid “habrá personas que, aun superando el mínimo exento de 700.000 euros, no presentarán la declaración al no estar obligadas. El patrimonio medio de los declarantes madrileños es muy elevado, alcanzando los 9.675.043 euros, muy por encima de la media de declarantes españoles, cuyo patrimonio asciende a 3.305.039 euros”.
Impuesto de Sucesiones y Donaciones
En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones todas las Comunidades Autónomas se lanzaron a una carrera intensa por rebajar este impuesto. Debido a esta rebaja, la Hacienda española dejó de ingresar 5.031 millones de euros, según los datos del Ministerio de Hacienda.
En la competición por la reducción de esta carga impositiva Madrid es la Comunidad que más ha bonificado el impuesto, siendo la autonomía que más recaudación pierde. De esta manera, la región madrileña suma el 50% del dinero que se tendría que haber recaudado con el Impuesto de Sucesiones, ya que ha dejado de recaudar 2.663 millones este año. Muy lejos de los 855 millones de Catalunya, 396 millones de Andalucía o 313 millones de la Comunidad Valenciana.
Siguiendo la simulación que hacen los asesores fiscales, si una persona de 30 años y sin discapacidad recibe de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo sin un destino específico, tiene como cuota líquida de impuesto de Sucesiones 2.000 euros en la Comunidad de Madrid, similar a Andalucía o Murcia, pero por debajo de los 12.000 euros de las provincias vascas, 56.000 euros en Catalunya o Galicia o los 200.122,67 euros, en Extremadura y Castilla y León. Hay que subrayar que el tipo es idéntico en la Comunidad de Madrid que en las dos regiones donde más se paga, pero las bonificaciones en la autonomía donde gobierna Isabel Díaz Ayuso es del 99%.
Igualdad entre los españoles
En la carrera desbocada de Ayuso por erigirse como el referente de la oposición, pasando incluso por encima del líder del PP, Pablo Casado, la presidenta madrileña ha tumbado unos de los principales argumentarios utilizados por los populares como es la defensa de la igualdad territorial de todos los españoles. En este caso, Ayuso reivindica la desigualdad entre Comunidades Autónomas y llega a lanzar duras acusaciones contra los ciudadanos al asegurar que en España “hay dos tipos de personas, los que tiran del carro y los que viven de otros”.
Con argumentos similares se ha posicionado la Confederación Empresarial Madrileña (CEIM) y el Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE, en un informe financiado por la Comunidad de Madrid. La patronal señala que “una armonización de la imposición patrimonial para la Comunidad de Madrid supondría una pérdida de competitividad que a medio y largo plazo implicaría una contracción mínima del 2% del PIB para Madrid y del 0,5% del PIB nacional”.
Como curiosidad, mientras que la CEOE y su laboratorio de ideas han exigido reiteradamente la unidad de mercado de las autonomías como elemento fundamental para impulsar la competitividad de las empresas, en el caso de la armonización fiscal, la patronal puntualiza las bondades de la corresponsabilidad fiscal como “forma parte intrínseca de la naturaleza de las autonomías”. En el informe La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional, la organización empresarial insiste en que las Comunidades Autónomas “deben tener el derecho y la obligación de ejercer la corresponsabilidad fiscal”, que es “una palanca de mejora de eficiencia del sector público”.
Sin embargo, en el informe del IVIE se destaca como “Madrid tiene unos ingresos homogéneos per cápita de 2.515 euros, que la sitúan a la cola de España. Estos ingresos tan reducidos no se deben al Sistema de Financiación Autonómica, que deja a Madrid en una situación relativa prácticamente idéntica a la media, sino al ejercicio a la baja de su autonomía tributaria”.
Estos investigadores no tienen duda en asegurar que “la consecuencia de esos bajos ingresos públicos por habitante es un bajo nivel de gasto per cápita, que no tiene las mismas implicaciones para los más beneficiados de las rebajas fiscales y el resto de los contribuyentes. Para los primeros, cuyos ingresos son altos, las consecuencias del menor gasto son menores porque usan poco los servicios públicos sanitarios, educativos o de protección social. Pero para los segundos, que son la mayoría y sí que los utilizan, los beneficios de las rebajas fiscales son menores y sufren más las consecuencias de un gasto en servicios públicos más bajo”.
Ventaja competitiva y robo de contribuyentes
La patronal, al igual que Ayuso, defiende que “Madrid es, junto al País Vasco, la región que tiene uno de los sistemas tributarios más atractivos del país y, por ello, ambas tienen una mejor clasificación en el Índice de Competitividad Regional de la Comisión Europea”, sin embargo los investigadores del IVIE ponen en duda que esta ventaja competitiva que achacan a la capitalidad: “propicia la aglomeración de centros de decisión públicos y privados en Madrid, reforzando la concentración de rentas y patrimonios que más se benefician de las políticas adoptadas”.
Además, recuerdan que “las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid tienen consecuencias sobre el resto de comunidades con las que compite fiscalmente: las bases imponibles que esta atrae reducen los ingresos de aquellas. Como se trata mayoritariamente de contribuyentes con bases elevadas, esa salida limita las aportaciones de aquellos en los que puede apoyarse la progresividad en las comunidades de origen”.
“Durante los últimos 10 años Madrid ha conseguido aumentar su número de contribuyentes en más de 100.000 personas provenientes de otras Comunidades españolas. Esto sucede pese a que los ingresos y gastos por habitante de Madrid no son elevados porque renuncia con sus reducciones impositivas a los mayores ingresos que se derivan de sus mayores bases imponibles”, recuerdan los investigadores del instituto valenciano.
Según estos investigadores “la Comunidad de Madrid ha seguido una política basada en una combinación de ingresos y gastos bajos que responde a la Hipótesis de Tiebout, según la cual la estrategia fiscal tiene capacidad de incidir en las decisiones de los contribuyentes sobre dónde se domicilian”.
Teniendo en cuenta las estadísticas que presenta la Agencia Tributaria sobre Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias, Madrid habría ganado más de 103.035 contribuyentes en el IRPF entre 2009 y 2018, desde que decidió establecer importantes beneficios fiscales en sus impuestos personales, con el punto de inflexión que fue la aplicación de la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio a partir de 2011.
Los cálculos de los investigadores del IVIE señalan que “si el grupo que supera los 60.000 euros de renta, ese 7% de contribuyentes concentraría el 93% de los -4.163 millones de euros de beneficios fiscales de estos tres impuestos. Esto significaría una minoración media de las cuotas líquidas de estos contribuyentes cercana a los -16.200 euros anuales, una cifra que puede considerarse capaz de incentivar el cambio de domicilio fiscal”.
En el informe Movilidad de los contribuyentes de rentas altas en respuesta a las diferencias regionales en los impuestos personales, de Fedea, se describe cómo entre 2006 y 2012 el 59,3% de las migraciones del 1% con mayor renta tiene como destino Madrid.