La reforma de las pensiones a cambio de sacar adelante los Presupuestos de 2018. Es el trueque resultante (en la práctica) del pacto entre Mariano Rajoy y el PNV, para asegurar el apoyo del partido nacionalista vasco a las cuentas del Ejecutivo. El Gobierno ha vaciado de contenido su reforma de las pensiones de 2013 durante los próximos años: aplazará a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que estaba fijada en 2019, y subirá las pensiones con el IPC (un 1,6% este año), incumpliendo su índice de revalorización. Las medidas suponen un enorme giro en la postura del Gobierno, que defendía la necesidad de aplicar las restricciones de su reforma para garantizar el futuro del sistema público.
El alza de las pensiones en función de la inflación, que casi todos los partidos políticos exigían al Gobierno, ha pasado de ser “populismo puro y duro” de la oposición, una “mala idea” e incluso “anticuada”, en palabras de Cristóbal Montoro, a una política realizable. De ser una medida rechazada una y otra vez por el PP a través de las propuestas de los grupos parlamentarios en el Congreso a la llave que suma las fuerzas necesarias para los Presupuestos.
Pese a las demandas masivas de jubilados en la calle, el Ejecutivo, con Mariano Rajoy a la cabeza, había justificado su cerrazón a revalorizar las prestaciones con el IPC porque era algo que iba en contra de la sostenibilidad del sistema. “Me veo obligado a pedir a las fuerzas políticas que no hagan política de este asunto, porque es fácil pedir que se suban las pensiones, pero si luego no hay recursos para ello, estaremos tomándole el pelo a la gente”, afirmó el presidente del Gobierno desde Bruselas, donde celebran los cambios que aprobó el Ejecutivo en solitario en 2013.
En el debate monográfico sobre las pensiones de este marzo, Rajoy redundó en esta idea: llamó a negociar “sobre lo ya construido”, protegiendo los cambios que llevó a cabo su gabinete. Entonces el Gobierno utilizó su capacidad de veto para frenar las iniciativas legislativas de la oposición para subir las pensiones según el coste de la vida porque suponía un incremento del gasto público entre 1.100 y 2.200 millones de euros.
Qué implica para los pensionistas el anuncio
Pero las negociaciones sobre los Presupuestos han volado por los aires lo defendido por Rajoy hasta ahora. Según ha explicado el PNV, todas las prestaciones subirán en función del IPC en 2018 (fijado en un 1,6%) y en 2019. Además, se mantendrá la subida acordada en los Presupuestos del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas y, respecto a las pensiones de viudedad, se amplía la base reguladora a un 56% este año –en las cuentas presentadas está en un 54%– y al 60% en 2019.
¿Qué suponen estos cambios en el gasto en pensiones? Desde el Ministerio de Hacienda y el de Empleo no han querido aportar cifras de cuánto aumenta la partida de gasto por estas modificaciones. UGT calcula que revalorizar las pensiones con el IPC supone “1.950 millones” de euros y, al restarle los 300 millones que implicó la revalorización del 0,25%, el sindicato calcula el incremento en “1.650 millones de euros”.
CCOO estima también que la subida en función de la inflación este año está “algo por debajo de los 2.000 millones de euros”. En cuanto a la ampliación de la base reguladora para las pensiones de viudedad, Carlos Bravo reconoce que es más complejo de calcular: en muchos casos, el aumento en la base no implicará un aumento de la pensión. Muchas beneficiarias –la gran mayoría son mujeres– perciben pensiones que están muy por debajo de la mínima y, pese a este aumento de la base reguladora, seguirá siendo así. De este modo, las prestaciones se elevan al mínimo gracias al complemento del Estado, como ya lo hacían cuando la base era el 52%.
En la práctica de un pensionista, si la prestación que percibe es de 1.000 euros, por ejemplo, la subida del 0,25% le suponía un incremento de 2,5 euros al mes (35 anuales). Con el alza del 1,6%, le ocasiona un aumento de 16 euros mensuales (224 al año en 14 pagas).
Las nuevas pensiones en 2019 no se recortarán
Por otro lado, retrasar el factor de sostenibilidad implica que los nuevos pensionistas no verán mermada su pensión inicial el año que viene. El factor de sostenibilidad entraba en vigor en 2019 y ligaba el cálculo de la prestación a la esperanza de vida a través de una compleja fórmula, lo que iba a reducir las pensiones iniciales en los próximos años. La premisa era la de equiparar la pensión de los beneficiarios en la actualidad y los del futuro: si vamos a vivir más años, tendremos que repartir la pensión en más ejercicios.
Aunque el Gobierno aún no había dado las cifras oficiales de la rebaja por este concepto, según las estimaciones de CCOO y otros organismos, estaba situada en torno al 0,5% anual (con carácter acumulativo). Si tu pensión iba a ser de 1.000 euros en 2018 y te jubilabas en 2019, sería de 995 euros debido a este ajuste. Si te jubilabas en 2020, caería a los 990 euros. De salir adelante los Presupuestos, todo esto queda aplazado cuatro años, hasta 2023.
Gracias al pacto entre PNV y el Gobierno, la reforma que aprobó el Ejecutivo en 2013 queda en papel mojado durante una temporada. Algunos de los grupos de la oposición, como el PSOE y Unidos Podemos, ya defienden que el Ejecutivo les ha dado la razón: sí se podía incrementar las pensiones con el IPC y las restricciones vendidas como necesarias e ineludibles ahora ya no lo son. Así, el Gobierno sienta un precedente que hará más complejo defender su reforma en el futuro y deberá explicar –como exigía a la oposición– cómo se paga este aumento del gasto en los próximos años.