El culebrón del tope ibérico a la generación de electricidad con gas natural puede estar llegando definitivamente a su fin. Fuentes del Gobierno español confían en que la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea sea “inminente”, tras la publicación de unas aclaraciones por la parte lusa, a unos días de que el Real Decreto-Ley aprobado en mayo en España deba ser convalidado por el Congreso de los Diputados el próximo jueves.
El último capítulo ha sido la publicación de una “nota técnica” por parte de la Entidad Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), el regulador energético, luso, para informar “de una forma clara y transparente” a los agentes de la parte portuguesa del mercado ibérico de electricidad (MIBEL) sobre algunos aspectos del funcionamiento del denominado “mecanismo de ajuste”, que está pendiente del visto bueno definitivo de la Comisión Europea para entrar en vigor.
La nota de cuatro páginas publicada por ERSE en su web aclara diversos aspectos respecto a las renovaciones de los contratos que se van a ver afectados, las obligaciones de información de las comercializadoras, el impacto en los operadores que están verticalmente integrados, la fecha de reporte de los contratos que van a poder beneficiarse de las exenciones al ajuste y el tratamiento de los contratos bilaterales físicos.
ERSE recuerda que ese mecanismo de ajuste tiene “reflejo en la formación del precio del mercado de electricidad del MIBEL”. En varias declaraciones públicas, el ministro portugués de Medio Ambiente y Acción Climática, Duarte Cordeiro, ha prometido que “el desarrollo del mecanismo ibérico será simétrico en España y Portugal”, pese a que el Real Decreto-Ley aprobado en España es mucho más extenso que la regulación aprobada por el Gobierno portugués.
Esa norma del Ejecutivo luso ha sido complementada mediante una directiva de ERSE y por la nota técnica que ahora ha publicado este organismo, que en España no existe, ya que sus funciones están subsumidas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el denominado superregulador que se encarga de velar por la libre competencia y de vigilar los mercados de energía, telecomunicaciones, transporte o postal.
El ministro Cordeiro ha garantizado que “los consumidores españoles y portugueses serán tratados por igual” y, a finales del mes pasado, se mostró dispuesto a “hacer cualquier clarificación si fuese necesario”. Según sus estimaciones, los consumidores portugueses se habrían ahorrado un 18% en la factura de la luz en el primer trimestre del año si hubiera estado en vigor el mecanismo ibérico.
En Portugal, la mayoría de los consumidores (más del 85%) están en el mercado libre, mientras que en España ese porcentaje supera el 60%. Este grupo de consumidores tendrán que ir financiando el tope al gas (la diferencia entre el límite que va a imponerse para contener el precio mercado mayorista y el precio real de la materia prima) según vayan venciendo sus contratos.
Sin aplicarse tres semanas después
En España, los grandes beneficiados por la medida serán los usuarios acogidos a la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) y los industriales que acuden al mercado mayorista diario para cubrir su demanda, que suponen el 70% de este segmento.
El Real Decreto-Ley por el que se establece el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica establece una media de 48,8 euros por megavatio/hora (MWh) durante un periodo de doce meses, lo que permite cubrir el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros, y dota a ambos países de una suerte de escudo en caso de que los precios del gas se descontrolen más aún ante un eventual corte del suministro ruso.
Los decretos de España y Portugal se aprobaron el pasado 14 de mayo y entonces, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica estimó que la luz verde de Bruselas llegaría en “unas dos semanas”. Pero transcurridas tres semanas desde entonces, el tope sigue sin aplicarse. El mecanismo, a pesar de su publicación como Real Decreto-Ley y del visto preliminar de la Comisión Europea, está pendiente de contar con la decisión formal de Bruselas y de ser rubricado por una orden del Ministerio Transición Ecológica para su aplicación.
Fuentes comunitarias insistieron este lunes en que la Comisión Europea quiere finalizar “rápidamente” su evaluación de la medida.
El Gobierno ha limitado finalmente en sus cálculos a un 15,3%, la mitad de lo estimado inicialmente, la rebaja al consumidor de electricidad medio acogido a la tarifa regulada PVPC durante los 12 meses de aplicación del tope. Para el consumidor industrial, totalmente expuesto al precio spot, el Gobierno estima una rebaja en la factura de entre el 18% y el 20%, oscilando el primer mes del mecanismo entre el 15% y el 17%, y entre el 13% y el 15% en el último.
A pesar de ello, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha admitido que hay cierta “incertidumbre” para calcular la rebaja exacta del precio de la luz una vez entre en vigor la medida, pero mantiene que la previsión del Ejecutivo es que fluctuará entre un 15% y un 20%.