El debate sobre la legislación que elabora el Ministerio de Trabajo para evitar los falsos autónomos en las plataformas digitales tiene un nuevo actor: el Partido Popular. En plena negociación de la regulación entre Gobierno y los agentes sociales, la formación que lidera Pablo Casado ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Ejecutivo a que apruebe “de manera urgente” una ley específica sobre el trabajo en plataformas digitales que, al igual que reclaman las empresas afectadas como Glovo y Deliveroo, permita mantener el modelo de repartidores autónomos. El PP se basa para ello en la supuesta “libertad individual del trabajador” para elegir cómo presta sus servicios, un derecho a decidir que no está amparado por la legislación laboral: la relación de autónomo o asalariado la define la propia prestación de un servicio, no la voluntad del trabajador.
La propuesta del PP llega en un momento en el que las multinacionales digitales de reparto como Glovo, Deliveroo y Uber Eats están intensificando sus mensajes y campañas para combatir contrarreloj la legislación de Trabajo que pretende forzarlas a modificar su modelo de negocio basada en repartidores (también llamados riders) autónomos. Hasta el momento, la Inspección de Trabajo no lo ha conseguido, pese a las numerosas actas que concluyen que estas empresas utilizan falsos autónomos. Las compañías tampoco han cambiado su modelo tras la importante sentencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de septiembre, la primera en la que el Alto Tribunal se posicionaba sobre el trabajo en plataformas digitales, que concluyó que un mensajero de Glovo era falso autónomo.
El PP alega en la exposición de motivos de su PNL que “la figura del colaborador no está exenta de polémica ya que, si bien en algunos supuestos su relación con la empresa es laboral, en otros nos encontramos ante un trabajador autónomo o autónomo dependiente”. El partido sostiene que la sentencia del Supremo que declara la laboralidad “ha sido muy aplaudida por muchos 'riders' que esperan que se laboralice su relación empresarial, si bien, hay otro sector, también amplio de 'riders', que prefieren ejercen su actividad como trabajadores autónomos ya que priorizan la flexibilidad, la libertad y la autonomía que les da este tipo de régimen”.
Así, los de Casado señalan que “desde el Partido Popular defendemos la necesidad de aprobar una ley que regule esta nueva forma de negocio y que contemple y valore la libertad individual del trabajador, para que éste pueda optar entre tener una relación laboral como asalariado o para que, si así lo estima pertinente, pueda elegir ejercer su actividad como trabajador autónomo, con todos los derechos que legalmente les correspondan sea cual sea la opción elegida, así como las obligaciones”.
La falsa “libertad individual” del repartidor
La preferencia de los repartidores a trabajar como autónomos que alega el PP en su iniciativa parlamentaria es uno de los argumentos constantes de las plataformas de reparto. Con frecuencia, y sobre todo desde que Trabajo mostró su intención de regular el sector, las empresas envían comunicados de prensa sobre los resultados de supuestas encuestas a sus flotas de riders y de “estudios independientes” que indican que la mayoría de los mensajeros prefieren seguir trabajando como autónomos en lugar de tener un contrato laboral. Esta misma reclamación es la que defienden las asociaciones de riders afines a las multinacionales digitales (e impulsadas desde las propias empresas), que exigen su “derecho” a elegir trabajar como autónomos.
Este miércoles, por ejemplo, las organizaciones APRA y Repartidores Reunidos se han manifestado frente al Ministerio de Trabajo y preguntaban a Yolanda Díaz “¿por qué a los riders no nos dejan ser autónomos?”, como se podía leer en una gran pancarta. A estas asociaciones se unen sobre todo repartidores que temen que el modelo laboral les suponga ganar menos ingresos, que no haya trabajo para todos los repartidores conectados a estas 'apps' en la actualidad y aquellos que no podrían trabajar con un contrato laboral, muchos de ellos migrantes sin permiso de trabajo y demandantes de asilo a la espera de una autorización para trabajar.
Es el caso, por ejemplo, de uno los promotores de Repartidores Unidos, Gustavo Gaviria, que fue declarado laboral por la justicia tras la denuncia de oficio que presentó la Seguridad Social contra Glovo en Madrid, según una sentencia del pasado 11 de junio a la que ha tenido acceso elDiario.es. Gaviria estaba inmerso en la causa de los repartidores extranjeros en situación administrativa irregular, que alcanzó a 68 mensajeros en total. La causa afectaba a “personas sin permiso de residencia, solicitantes de asilo o estudiantes sin permiso de trabajo y los que tenemos visado como autónomos”, explicó a este medio Gustavo Gaviria, de origen colombiano y que con su permiso de residencia solo podía prestar servicios como autónomo, explica. Él fue el único mensajero que se apartó del resto en el procedimiento judicial y defendió ante el tribunal su condición de autónomo, contra el criterio de la Inspección de Trabajo.
Aunque es entendible que algunos repartidores quieran trabajar como autónomos en estas plataformas digitales, sobre todo si solo así logran su único sustento económico, la cuestión es que esa decisión no la pueden tomar ellos según la legislación laboral. “La libertad individual existe, pero debe ajustarse a los requisitos legales”, recuerda el catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo. Es decir, que un mensajero que quiere trabajar como autónomo puede elegir repartir por su cuenta, por ejemplo creando su propia empresa, pero si un trabajo tiene las notas características de una relación laboral –como reitera la Inspección a propósito del funcionamiento de Glovo, Deliveroo y Uber Eats–, este debe ser prestado a través de un contrato de trabajo por un asalariado.
Otro ejemplo para comprender esa falsa llamada a la “libertad” del trabajador: una periodista quiere ser autónoma para tener más “flexibilidad y libertad” y no depender de un medio. La trabajadora puede prestar sus servicios como freelance y vender artículos en lugar de estar contratada dentro de una plantilla. Sin embargo, si la profesional en realidad no goza de esa supuesta libertad en la práctica, si el medio para el que trabaja ejerce sobre ella un poder de organización y dirección, es decir, si en realidad es una falsa autónoma, da igual que ella prefiriese mantener su contrato de freelance, su vinculación con la empresa es laboral y debe formalizarse mediante un contrato de trabajo.
“A la proposición no de ley no parece preocuparle mucho el marco jurídico existente sobre el concepto de sujeto trabajador, sino que le interesa mucho más el deseo de 'autonomía”, apunta Eduardo Rojo respecto a la iniciativa del PP. Mientras, la negociación de la regulación entre Trabajo, sindicatos y patronal continúa, en la que se trabaja sobre una propuesta de borrador de Trabajo para reforzar la laboralidad de estos trabajadores.