El PP cierra filas con Iberdrola y Endesa para intentar que se alargue la vida de las nucleares

El PP cierra filas con las empresas eléctricas, y en particular con Iberdrola y Endesa, en su batalla por alargar la vida de las nucleares, con primera parada en la central de Almaraz (Cáceres), cuyo grupo I está previsto que cierre en 2027. 

El alineamiento de este partido con los intereses de las empresas se reprodujo este miércoles en el Senado, donde la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible de los populares, Paloma Martín, aseguró que “los riesgos de apagón, de seguridad y de continuidad del suministro eléctrico son hoy una realidad. Si se cierran las nucleares esta situación se agravará”. Un escenario que ha planteado en las últimas semanas Isabel Díaz Ayuso y que la presidenta de Redeia, la exministra socialista Beatriz Corredor, descartaba hace unos días.

La senadora popular y ex consejera de Medio Ambiente de Ayuso en la Comunidad de Madrid calificó de “colonizadora” la propuesta de renovación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que aprobó el martes el Consejo de Ministros. 

El Gobierno ha propuesto al Congreso renovar hasta 2029, cuando se jubile, al actual presidente, Juan Carlos Lentijo, técnico de prestigio que ha desarrollado casi toda su carrera en el organismo y lo preside desde 2022, tras la dimisión de su antecesor, Josep Maria Serena i Sender.

Para el resto del pleno (compuesto de cinco miembros, incluido el presidente), se propone renovar a la ex diputada del PSOE Pilar Lucio y al físico antinuclear Francisco Castejón, investigador del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) asociado a Ecologistas en Acción desde su fundación y propuesto en su día por Podemos. 

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha propuesto como nueva consejera a Silvia Calzón, médica de formación que fue secretaria de Estado de Sanidad entre 2020 y 2023 y directora de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) en 2024. 

Calzón va a cubrir la vacante de la catedrática Elvira Romera, que también fue nombrada en 2019 y podría haber renovado por otro mandato de seis años. Ni el CSN ni Transición Ecológica comentan las razones de la no continuidad de Romera, que en los últimos meses ha discrepado de algunas decisiones del organismo, como las bajadas de potencia para adaptarse al auge renovable.

Paloma Martín criticó este miércoles en el Senado la falta de experiencia en el sector de Calzón y la “anomalía democrática” de no haber dialogado estas propuestas de nombramientos en el CSN con el PP. Este partido se borró el año pasado de las negociaciones para renovar diversos organismos reguladores como el Banco de España o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Los populares, que en un comunicado dicen representar “al 70% de los ciudadanos”, y que en 2023 obtuvieron el 33% de los votos, colocaron a finales de 2012 de un día para otro al frente del CSN al entonces secretario de Estado de Energía, Fernando Marti. El nombramiento fue paralelo a la entrada en el organismo de la exministra socialista Cristina Narbona. Fue el preludio de una polémica gestión de Marti, que acabó reprobado en el Congreso, la institución ante la que rinde cuentas el CSN. 

En años posteriores, el Gobierno de Mariano Rajoy colocó en el pleno a personas como Fernando Castelló, estrecho colaborador de Eduardo Zaplana que llegó a estar investigado en el caso Erial de corrupción en la Comunitat Valenciana, por el que el exministro popular fue condenado en octubre.

La senadora del PP aseguró este miércoles que la propuesta de renovación del pleno del CSN, que ahora tendrá que refrendar la comisión del ramo del Congreso con mayoría de tres quintos, se ha realizado “sin consenso y con el único objetivo de poner un organismo independiente al servicio” de Pedro Sánchez.

Según Paloma Martín, “las decisiones del Gobierno agravan la dependencia energética, la crisis de precios y el malestar social”. “Es fiel reflejo del autoritarismo de este Gobierno”. Aseguró que su partido defiende un CSN “plural, profesional, independiente y competente” y en el Gobierno “solo quieren un CSN dócil y obediente”.

Calificó de “fracaso” la política energética del Ejecutivo, ya que se acumulan retrasos “injustificables” en la elaboración de la Estrategia de Seguridad Energética y en el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que hacen “imposible” los cierres de las centrales nucleares que las eléctricas pactaron con el Gobierno en 2019.

Este discurso está en línea con lo expresado en las últimas semanas por Iberdrola y Endesa, que están aprovechando la debilidad parlamentaria del Gobierno para pedir más dinero por no cerrar los reactores, exigiendo una bajada de impuestos en un debate que no es ideológico, sino económico, porque a las empresas no les salen las cuentas con los números actuales. 

La campaña se ha intensificado tras la aprobación hace un mes en el Pleno del Congreso de una iniciativa del PP (apoyada por Vox y UPN y con la abstención de ERC y Junts) instando al Gobierno a prorrogar la vida útil de las siete centrales cuyo cierre está previsto entre 2027 y 2035. 

Unos días después, el Senado aprobó otra moción de Vox en el mismo sentido con el apoyo del PP que va más allá y pide eliminar los “gravámenes existentes”, entre ellos la tasa que debe financiar el multimillonario coste del desmantelamiento de los reactores, y promover la construcción de reactores nucleares pequeños, conocidos como SMR. 

Mientras Naturgy se ha mantenido al margen de este debate, Endesa e Iberdrola argumentan que las nucleares, que actualmente aportan el 20% de la electricidad, son necesarias para la estabilidad del sistema y la seguridad de suministro.

Estas dos empresas ven difícil que en 2030 se cumplan las hipótesis del PNIEC respecto al bombeo (hidroeléctricas que permiten almacenar energía). Aseguran que las cargas fiscales del sector son de 17 euros por cada megavatio hora generado, a las que se suma la denominada tasa Enresa, fijada en cerca de 11 euros desde 2024, cuando el Gobierno aprobó un incremento del 30% para financiar la gestión de los residuos radiactivos.

Tras la falta de consenso para construir el almacén temporal centralizado (ATC), cuyo abandono recurrieron las eléctricas, se optó por dispersar la basura radiactiva en almacenes temporales independientes (ATI), a la espera del futuro almacén geológico profundo (AGP) que debería estar disponible para 2073 y cuyo coste total es incierto.

Hace unas semanas, la presidenta extremeña, María Guardiola (del PP), llegó a pedir a Pedro Sánchez que el Estado asuma Almaraz para evitar su cierre. En esto Guardiola coincide con lo que defiende el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, partidario de que el Estado asuma esa fuente que actualmente genera un 20% de la electricidad. Guardiola, no obstante, se niega a rebajar la ecotasa a la central con la que su gobierno recauda 90 millones al año.

Los populares, que hace unos días mandaron a una delegación de diputados en las Cortes Valencianas a la central de Cofrentes (de Iberdrola) para clamar contra su cierre y el “suicidio energético” del apagón escalonado de los reactores, llevaban en su programa electoral de 2023 la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes.

También han ido en algún momento bastante más allá de lo que plantean las dos grandes empresas del sector en España. En 2022 Alberto Núñez Feijóo propuso poner en marcha los SMR, una tecnología que hace unos días no veía clara a corto plazo ni el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Relación histórica

La relación entre el PP y la defensa de la energía nuclear es histórica. Hasta la catástrofe de Fukushima de marzo de 2011, los populares hicieron suyas las propuestas de un “retorno nuclear” que planteaba entonces la FAES de José María Aznar, aunque el entusiasmo se acabó con el accidente en la central nuclear japonesa.

Luego llegó el cierre de la planta de Garoña, que el Gobierno de Rajoy intentó evitar hasta el último momento. En él fue clave la postura del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ahora partidario de mantener abiertas las nucleares, siempre eso sí que se les rebaje la carga fiscal.

En el sector hay quien apunta que el ejecutivo salmantino no quiere ver cómo se cierra Almaraz (controlada por Iberdrola) mientras se plantea una eventual continuidad a partir de 2030 de las nucleares catalanas, controladas por Endesa, ante la escasa penetración de las renovables en Catalunya.

Los populares, artífices del infausto impuesto al sol o la supresión de las primeras a las energías renovables con Rajoy, han abrazado el discurso a favor del supuesto renacer nuclear en los últimos años, a medida que España se consolidaba como una potencia en renovables gracias a su elevada disponibilidad de suelo y recurso eólico y solar.

Un renacer que actualmente lideran países como China (con 28 reactores en construcción), India (7), Rusia, Egipto o Turquía (4 cada una), según datos del Organismo Internacional para la Energía Atómica. En el PP aseguran que “40 países de nuestro entorno han comprometido la actividad de 500 centrales”.

Un ejemplo reciente es Bélgica, para el que la Comisión Europea, y en concreto la cartera de la vicepresidenta ejecutiva y anterior ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acaba de dar su visto bueno a un paquete de ayudas públicas de 32.000 millones de euros para la prórroga de dos reactores muy parecidos a los que existen en España que inicialmente iban a cerrar en 2025. Se desconoce si el PP está a favor de dar subvenciones al sector.