El PP ha pasado en dos meses de preguntar al Gobierno por la situación de las concesiones hidroeléctricas vencidas bajo su gestión y las medidas “para revisar la caducidad de las concesiones” a ridiculizar la idea de que una empresa pública gestione esas licencias cuando expiren. Una propuesta también rechazada por Vox, que no hace mucho, en mayo, preguntó al Ejecutivo si prevé “un rescate de las concesiones de las centrales hidroeléctricas por razones de interés público y previa indemnización a los titulares”.
Los populares han calificado de “ocurrencia” la posibilidad que puso sobre la mesa por primera vez el jueves la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que una empresa pública gestione las hidroeléctricas que tengan su licencia caducada.
Presionado por los sucesivos precios récords del mercado mayorista eléctrico, que este miércoles va a volver a cotizar por encima de los 100 euros por megavatio hora (MWh), y las perspectivas de altos precios de la electricidad para lo que queda de año, el Ejecutivo, consciente de que la factura de la luz es material políticamente inflamable, se ha abierto finalmente a contemplar esa vía, defendida desde hace años por Unidas Podemos, y que cuestionaba este martes Nadia Calviño.
La vicepresidenta primera y ministra de Economía instaba a priorizar las medidas y ámbitos “que puedan tener un impacto real”, como la nueva subasta de renovables de 3.300 MW anunciada el lunes por Ribera y prevista para el 14 de octubre, en detrimento de “otras ideas” que “no son eficaces”, como esa empresa pública.
Según explicó la ministra para la Transición Ecológica el jueves, esa entidad se alimentaría de las concesiones hidroeléctricas vencidas, por las que se ha interesado recientemente el PP. El pasado 10 de junio, diez diputados populares preguntaron por escrito al Ejecutivo “cuál es el número de concesiones hidroeléctricas de las Confederaciones Hidrográficas que han caducado desde enero de 2020”. También se interesaron por “cuáles han sido las actuaciones acometidas por el Ministerio de Transición para revisar la caducidad de las concesiones”.
Unas semanas antes, el 22 de abril, la diputada del PP por Zamora, Elvira Velasco, preguntaba también “qué respuesta ha ofrecido el Gobierno de España a los municipios zamoranos afectados por embalses en sus demandas para participar en los beneficios de las explotaciones hidroeléctricas y las tributaciones municipales ante la proximidad del cambio o renovación de las concesiones”.
A principios de junio, el Gobierno presentó un anteproyecto de ley para minorar los beneficios extraordinarios de la energía hidroeléctrica y la nuclear por el encarecimiento de los permisos de emisión de CO2. Una propuesta rechazada por las eléctricas que los populares no tardaron en criticar pese a que, según les reprochó entonces Ribera, acababan de plantear una propuesta similar en el Congreso.
Una “ocurrencia”
El pasado viernes, el líder del PP, Pablo Casado, se burlaba en un escueto tuit (“Exprópiese”) de la propuesta de una empresa pública relacionándola con Venezuela; y la diputada y ex ministra popular Elvira Rodríguez aseguraba que se trata de “una ocurrencia más que no resolverá el problema de lo que nos cobran en el recibo de la luz” y “una cesión más a Podemos”.
El lunes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también arremetía contra esa empresa pública en una entrevista en Expansión en la que afirmaba erróneamente que la tarifa regulada (PVPC) “es un 12% más cara que el resto”.
“Me gustaría saber la empresa pública que se supone que va a crear la señora Ribera con el señor Echenique, porque son los grandes ideólogos de este asunto, en qué se supone que se va a centrar, a actuar, si va a ser una empresa de distribución, de generación, de comercialización... ¿Esta empresa pública va a ofrecer a los ciudadanos lo que ofrece actualmente la tarifa regulada, que es un 12% más cara que el resto de tarifas del mercado? ¿Esta va a ser la eficiencia que tenga esta empresa pública a la hora de ofrecer el precio de la electricidad a los ciudadanos?”, se preguntaba García Egea.
La idea que maneja el Gobierno es la de que esa empresa pública asuma las concesiones hidroeléctricas ya vencidas. Estos activos, sobradamente amortizados, generan energía con muy bajo coste variable y están marcando sistemáticamente los precios del mercado mayorista de electricidad aprovechando el diseño marginalista del denominado pool, en el que la última central es la que casa oferta y demanda, y que se ha disparado por los altos precios del gas natural y los derechos de emisión de CO2.
Vox y el “rescate de las concesiones”
La ultraderecha de Vox, que alimenta el negacionismo sobre el cambio climático y pide alargar la vida de las nucleares (en octubre preguntaron al Gobierno si valora instalar los reactores nucleares pequeños, conocidos como SMR), ha preguntado recientemente por escrito al Ejecutivo si prevé rescatar concesiones hidroeléctricas vigentes, indemnización mediante. Esta propuesta iría mucho más allá de la que lleva años planteando Unidas Podemos y ahora analiza el Gobierno. Lo hizo el pasado 26 de mayo, cuando ocho diputados de Vox preguntaron si “tiene previsto el Ejecutivo abordar un rescate de las concesiones de las centrales hidroeléctricas por razones de interés público y previa indemnización a los titulares para un aprovechamiento circular del agua”.
Entre las autoras de esa pregunta estaba la diputada ultraderechista Magdalena Nevado, que estos días, al hilo de la propuesta de una empresa pública, cuestionaba los discretos resultados de la eléctrica pública creada en 2019 por Ada Colau, si bien esta tiene poco que ver con la idea que estudia Transición Ecológica: la del Ayuntamiento de Barcelona es básicamente una comercializadora que apenas genera energía.
Poco antes de la actual crisis de precios de la luz, el Ejecutivo señaló en otra batería de respuestas parlamentaria que preveía sacar a concurso las dos principales concesiones hidroeléctricas que está previsto que venzan en la próxima década: dos presas de casi 400 megavatios (MW) de potencia actualmente explotadas por Iberdrola, cuya concesión vence a partir de 2024 y que están ubicadas en Zamora. Lo hizo en respuesta a preguntas de la formación ultraderechista. Vox ha preguntado en Bruselas por el vaciado de otro pantano de la eléctrica en esa provincia, el de Ricobayo, calificado la semana pasada de “escandaloso” por Teresa Ribera.
El pasado viernes, la formación ultraderechista anunció que su eurodiputado Jorge Buxadé ha preguntado a la Comisión Europea sobre este asunto, en su opinión una “flagrante vulneración de la legislación europea”, y acusó a Iberdrola de “aprovechar los altos precios” para maximizar sus beneficios a costa del medio ambiente y la economía de la zona.
Buxadé también ha descalificado la empresa pública que siempre ha propuesto Podemos. El jueves, el político ultraderechista tuiteaba contra esa propuesta. Lo hizo unos minutos antes de que Teresa Ribera anunciase en una entrevista radiofónica que va a estudiarla.