El PP ha incorporado a su Junta Directiva nacional, máximo órgano de dirección del partido entre Congresos, a Fernando Torremocha García-Sáenz, consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el ‘súperregulador’ teóricamente “independiente” que el Gobierno de Mariano Rajoy creó en 2013 tras fusionar a la antigua comisión de Competencia y a los reguladores de telecomunicaciones (CMT), energía (CNE) y sector postal, entre otros. Así lo anunció el partido en febrero pasado. Sin embargo, según el PP, se trata de un “error”.
eldiario.es preguntó por este asunto al partido el pasado 28 de abril. El 3 de mayo, fuentes oficiales del PP confirmaron la pertenencia de Torremocha a ese órgano. Pero dos días después la versión cambió. Este viernes, el partido aseguró que el actual consejero de la CNMC figura en su directiva desde hace tres meses “por error” y que van a proceder a retirar su nombre. Este fue anunciado en febrero junto al resto de vocales de la junta directiva nacional del PP, tras la aprobación de la candidatura de Rajoy en el XVIII Congreso Nacional de los populares.
La pertenencia a un partido político (para ser miembro de la directiva del PP hay que ser militante) está prohibida para jueces, magistrados y fiscales en activo por el artículo 127 de la Constitución. En el caso de los consejeros de la CNMC, el Estatuto del organismo consagra su “plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés empresarial o comercial”. En línea con las directivas europeas, “ni el personal ni los miembros de los órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán aceptar ni solicitar instrucciones de ninguna entidad pública o privada”.
En la junta directiva del Partido Popular, que se reúne cada cuatro meses, están políticos en activo de este partido y militantes del PP que actualmente ocupan cargos relevantes en empresas supervisadas por Competencia: el exdirector general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, colocado recientemente por el Gobierno en Red Eléctrica; la exministra Isabel Tocino, consejera de Santander, Enagás, Ence y Naturhouse; o la exministra Elvira Rodríguez, expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y recién nombrada presidenta de la empresa pública Tragsa.
Fernando Torremocha, que no ha querido atender a eldiario.es, ya fue nombrado vocal de la anterior Junta Directiva del PP en el Congreso popular de febrero de 2012, pero, según confirman en el PP, dimitió tras su nombramiento como consejero y miembro de la Sala de Competencia de la CNMC.
El PP lleva colocando a este exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en los organismos de Competencia desde 2004 (fue vicepresidente de la extinta CNC, antecesora de la CNMC). Ahora, la CNMC parece tener los días contados: a finales de enero, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció en el Congreso su escisión en un organismo regulador de Competencia y otro de mercados para cumplir con la exigencia de Ciudadanos de liquidar el ‘súperregulador’.
Consejero díscolo
Desde su nombramiento en 2013, Torremocha ha destacado por emitir junto a otro consejero de la CNMC, Benigno Valdés, votos discrepantes contra algunas de las principales resoluciones del organismo, siempre a favor de los sancionados, casi siempre, grandes empresas: desde compañías petroleras a fabricantes de hormigón, grupos de seguridad o la estatal Renfe.
Torremocha ha mantenido enfrentamientos directos con el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, al que llegó a acusar de “coaccionar y obstruir” su labor en el organismo en un voto discordante con la millonaria multa (65 millones) que Competencia impuso a Renfe en marzo, la mayor impuesta por el organismo a una empresa. También se ha rebelado contra la publicación de las reuniones de los consejeros del regulador con empresas y patronales, o contra un buzón interno de denuncias puesto en marcha el año pasado.
Torremocha, cuyo mandato en el ‘súperregulador’ acaba en septiembre, es a sus 81 años el más veterano de los vocales de los tres grandes organismos reguladores en España (CNMC, Banco de España y CNMV).
La sombra del conflicto de interés planea sobre algunas de sus actuaciones. Pese a que ha sido diputado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y secretario de sus juntas, Torremocha no consideró oportuno inhibirse en el expediente con el que en septiembre pasado la CNMC impuso una sanción de 459.024 euros al ICAM por recomendar precios, una infracción “muy grave” de la Ley de Defensa de la Competencia. Fiel a su estilo, Torremocha se opuso a la sanción y al expediente, que calificó de “totum revolutum”, “por inmotivado, omisivamente incongruente y, por tanto, contrario a Derecho” y “causante de indefensión a la sancionada”.
En el censo de colegiados del ICAM, Torremocha aparece como abogado “ejerciente” desde 1958 con el número de colegiado 6.597 y domicilio a efectos profesionales en la calle Camino Viejo, 23 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). En esa dirección está el domicilio social de la firma de asesoría Torremocha & Partners, cuyo administrador único es uno de sus hijos, Fernando Torremocha y García de la Rasilla.
La empresa ofrece, entre otros, servicios de asesoría en materia de Defensa de la Competencia: “Análisis preventivo de operaciones; asesoramiento en expedientes de información reservada” y “asesoramiento en expedientes sancionadores”, según su web. De acuerdo con el Registro Mercantil, se constituyó el 10 de octubre de 2013, un mes después de publicarse en el BOE el nombramiento de Torremocha senior como vocal de la CNMC. En 2015, último ejercicio disponible, facturó 73.030 euros.