El PP se resiste a recuperar los 2.800 millones cobrados de menos en la amnistía fiscal, según Ciudadanos
Las negociaciones entre PP y Ciudadanos siguen fluyendo. Y, como el agua, cuando se encuentran un escollo lo salvan por escondidos vericuetos. El bloque económico ha resultado uno de los más áridos para los negociadores de ambas formaciones que han decidido dejar para el final los puntos conflictivos.
Así, el PP se resiste por ahora a aceptar la propuesta de la formación de Albert Rivera de corregir la interpretación que se hizo de la amnistía fiscal y que terminó suponiendo el cobro de un 3% de los bienes aflorados, en lugar del 10% que marcaba la ley.
“La presentación de la declaración implica el ingreso de la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos regularizados el porcentaje del 10%”. Este es el texto literal que recogió el BOE en la publicación de la orden que daba vida al Real Decreto Ley que se tituló oficialmente como “Declaración Tributaria Especial”.
Sin embargo, una interpretación posterior de la Dirección General de Tributos en la que solo se aplicaba este tipo a los rendimientos del capital oculto durante cuatro ejercicios dio como resultado que los amnistiados pagaran de media un 3% de impuestos.
En la investigación de Los Papeles de la Castellana publicada por este diario, se dieron a conocer casos incluso de pagos de impuesto por debajo del 1%.
En este sentido, y ya desde la breve legislatura anterior, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, que es inspector de Hacienda, propuso corregir esta interpretación y aplicar la ley con su contenido literal. Esto supondría recaudar al menos 2.800 millones de euros.
El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, reconocía este martes que este punto de la lucha contra el fraude y que forma parte del epígrafe “economía y empleo” ha quedado aparcado para el final de las negociaciones, ya que el PP no se ha mostrado dispuesto al acuerdo.
“Puede ser un punto de fricción”, ha adelantado Villegas cuando los equipos negociadores han suspendido la reunión en el Congreso para retirarse a sus sedes, cruzarse documentos que compilen lo acordado hasta ahora y preparar la reunión que este miércoles retomarán a las once de la mañana.
A Ciudadanos le urge que la medida se apruebe antes del comienzo del curso político, porque el próximo ejercicio prescriben las regularizaciones hechas dentro de la amnistía fiscal y ya no habría un recoveco legal para intentar corregir la interpretación de la ley.
Un contrato identitario
Enmendar la amnistía fiscal ha sido uno de los caballos de batalla del partido de Albert Rivera y se podría considerar una de sus señas de identidad. Pero, además, Villegas ha admitido que en el capítulo de asuntos pendientes también figura por el momento el contrato único y las medidas para que los autónomos alivien sus cargas fiscales.
Este trío de propuestas –lucha contra el fraude fiscal, contrato único y autónomos– han compuesto el ADN del bloque económico de Ciudadanos y son las que no han pasado el filtro de la primera ronda de negociaciones.
Con el PSOE, C's logró cerrar un acuerdo que incluía un sucedáneo del contrato único que bautizó como “contrato estable y progresivo”. Aquel contrato pactado con los socialistas era un puente entre el contrato indefinido y el contrato único que dejaba la impronta de Ciudadanos en el acuerdo con el PSOE.
El equipo económico capitaneado por Luis Garicano tiene que negociar hasta el final un acuerdo que al menos se asemeje al pacto con los socialistas. Si bien es cierto que en el pacto con el PSOE se introdujeron también algunos elementos defendidos por el partido de Pedro Sánchez, como recuperar el poder de la negociación colectiva para los trabajadores, en términos globales el sabor que quedó de aquel acuerdo fue el de una pequeña victoria para Ciudadanos por la forma que se vendió en la contienda.
El PP es mucho más reacio que el partido de Sánchez a hacer un cambio así en la reforma laboral. La razón de peso es que contra lo que se cree de forma general, la CEOE no está a favor de un contrato único como el que proponen desde hace años Garicano y otros economista de Fedea.
En un primer momento, la patronal consideró que podría ser un modelo interesante, pero entendiendo que suponía derogar todos los contratos (los vigentes también) a cambio de otro más barato.
Sin embargo, la aplicación del contrato indefinido solo podría legalmente alcanzar a los nuevos contratos que se hagan después de su creación. Una vez que la patronal ha entendido esto (y que debería estar acompañado de la prohibición de los contratos temporales), ha recogido velas y se muestra en contra de una medida que solo favorecería a las empresas nuevas. “La CEOE está para defender a las empresas que ya existen, no a las que están por venir”, dicen dirigentes de la patronal en privado.
El PP se alineó ya hace tiempo con estas tesis de la patronal sobre el contrato único y no considera oportuno la creación de este nuevo modelo.
También en el área de empleo, Ciudadanos pide eliminar la cotización social de los autónomos que ganen menos del SMI. En la práctica, hay sentencias que eximen a autónomos que ingresan menos de esta cantidad a pagar la cuota de la Seguridad Social pero la ley no es clara.
El estado de las maltrechas arcas de la Seguridad Social (una de las patas de la Administración que más se desviará del déficit objetivo este año) hace que la medida sea complicada de lidiar en esta primera mesa.
La mejor conciliación, especialmente en lo que respecta a la equiparación de bajas por maternidad y paternidad, también se le hace cuesta arriba al PP. Villegas ha englobado este apartado en el de los “escollos” pendientes. El PP ha sido el único partido que no ha abordado las mejoras de los permisos de paternidad en sus programas políticos. Para las elecciones del 20D el PP solo prometió “ampliar la excedencia por cuidado de hijo a las familias numerosas” y aunque luego entró en el debate sobre mejorar los horarios de salida de las empresas, no logra aterrizar estas medidas.
