El Ejecutivo en funciones ha instado al PP en el Congreso de los diputados a presentar una iniciativa legislativa que permitirá, a través de un cambio exprés en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que las comunidades elaboren sus presupuestos regionales a pesar del bloqueo político en el Gobierno central, según avanza El País.
La iniciativa, que llega tras las peticiones de muchos presidentes autonómicos y va en la línea de la propuesta que realizó al Gobierno a mediados de mes el presidente canario, Fernando Clavijo, para reformar el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el que fija cómo se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit, deuda y regla de gasto) para el conjunto de las administraciones.
Con ello, se va a permitir a las regiones cerrar sus presupuestos de este año con más holgura y aprobar sus techos de gasto y sus cuentas de 2017 a partir de objetivos de déficit actualizados y menos estrictos, después de que la Comisión Europea suavizara sus exigencias de consolidación fiscal a España.
Sin embargo, la medida no va a beneficiar a las administraciones locales (que están en una situación parecida a la de las regiones), en plena pugna entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda por los presupuestos del consistorio madrileño para el próximo año.
Con el Gobierno en funciones y los Presupuestos del Estado abocados a una prórroga, el Ejecutivo central no tiene la iniciativa para aprobar las cuentas públicas ni el techo de gasto, fundamentales para que las autonomías elaboren sus propias cuentas.
El cambio en la Ley de Estabilidad (que al ser una norma orgánica, requiere de mayoría absoluta del Congreso) se plantearía solamente para aquellos casos excepcionales en los que se prorroguen los presupuestos, como este año, y permitirá al Gobierno ceder a las regiones parte del margen que ha obtenido de Bruselas, permitiendo un déficit del 0,7% para este año (en lugar del 0,3% inicialmente fijado) y de una cifra aún por pactar para el año que viene, que en cualquier caso será superior al 0,1% previsto actualmente.
Por otro lado, el Gobierno publicará este viernes, tras el Consejo de Ministros, un Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario con el real decreto que contiene la reforma del impuesto de sociedades para que las grandes empresas adelanten a partir de mañana pagos a cuenta de la liquidación del impuesto.
El real decreto requiere el visto bueno de la mayoría del Congreso de los Diputados. La idea que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha trasladado a los grupos parlamentarios consiste en que las empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales eleven los pagos a cuenta que adelantan a la Hacienda Pública. La medida que se adopta hoy sube hasta el 25% de su resultado contable a cuenta de la liquidación del impuesto de sociedades a las entidades financieras.
Para el resto de empresas (siempre que facturen más de 10 millones de euros) el porcentaje se incrementará hasta el 23%. La medida, que afectará en total a 9.000 empresas y proporcionará ingresos por unos 8.000 millones de euros, es la única que Montoro ha comprometido con la Comisión europea para evitar que se dispare el déficit del Estado por la caída de recaudación del Impuesto sobre Sociedades (más del 20% hasta agosto). El Gobierno indica que es la única forma para alcanzar el déficit comprometido con Bruselas (4,6% del PIB).