El precio medio de los carburantes cae cerca de un 12% desde finales de junio, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. En concreto, la gasolina encadena siete semanas de descensos hasta quedarse el litro de media en los 1,86 euros, mientras que el de diésel suma seis semanas y se sitúa en 1,8543 euros, con impuestos pero sin incluir el descuento de 20 céntimos del Gobierno.
La racha a la baja es la más dilatada del año y deja los precios de la gasolina y el diésel en mínimos de mayo. Restando la bonificación, son los precios más bajos desde marzo. El último dato diario del Ministerio para la Transición Ecológica es incluso inferior (ver gráfico).
Sin embargo, a pesar de este abaratamiento, el precio de los carburantes sigue siendo especialmente alto. Se puede observa en la comparación con el verano de 2021. Recogiendo el descuento, el precio del litro de gasolina es un 17% más caro que a principios de agosto del año pasado, mientras que en el caso del gasóleo es un 30% superior.
Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros tanto con gasolina como con gasóleo cuesta algo más de 90 euros, teniendo en cuenta la ayuda de 20 céntimos el litro, lo que supone pagar en torno a 13 euros más que en las mismas fechas de 2021, en el caso de la gasolina, y 21,12 euros, en el del gasóleo.
Este abaratamiento de los carburantes se ha producido coincidiendo con la incertidumbre sobre una caída de la demanda en próximos meses por el riesgo de recesión y con la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países como Rusia de aumentar la producción de crudo en 100.000 barriles diarios desde septiembre.
Así, los futuros que cotizan sobre el barril de Brent, la referencia en Europa, han caído por debajo de los 100 dólares, hasta mínimos de antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero. Pero siguen en niveles inusualmente altos. Al final de 2021, llegaron a estar por debajo de 70 dólares.
Además, esta referencia del Brent no se traslada directamente a los carburantes, cuyo precio depende de otros factores como su cotización específica, los impuestos, la logística y los márgenes de beneficio de las empresas, y ahora también del descuento.
Críticas al descuento para todos
Esta bonificación “para todos” ha sido duramente cuestionada, incluso desde instituciones como el Banco Central Europeo (BCE). Desde que se anunció en marzo la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, distintos expertos advirtieron de que es una medida regresiva porque no se centra en los más vulnerables. Al contrario, la aprovechan más las familias con más renta, que tienen más vehículos, más grandes y que los usan más. Según un informe de Esade, el 73% de los hogares más pobres no consumen carburantes. En los ricos, esta proporción es el 20%.
Con el paso de las semanas, se observó también que parte de esta bonificación, incluida en el primer Plan de Respuesta a la guerra y a la inflación desde abril y también en su renovación hasta diciembre, la absorben las petroleras.
Ahora, con los números más claros sobre el coste del descuento para el Estado, los expertos avisan de que fiscalmente es la medida más cara y menos autosuficiente. Exige cerca de 5.125 millones de euros, casi un 40% del esfuerzo total aprobado (13.000 millones) para sofocar la inflación. Un Plan de choque que, tras su renovación (sin incluir todavía el coste las medidas de ahorro anunciadas este 1 de agosto), se traducirá en un 1% más de déficit al cierre del año, según calcula la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIReF).
Además, es la medida menos autosuficiente porque, si el aumento general de la recaudación fiscal en 2022 hasta mayo cubre ya casi todo el coste de los dos decretos contra la inflación, en el caso de la recaudación extra por la subida de los precios de los carburantes apenas serviría para pagar de 7 céntimos a 4,5, según el mes, de los 20 céntimos de descuento por litro aprobados, según estiman los economistas José E. Boscá, José Cano y Javier Ferri en un post de Nada es gratis.
Con perspectiva medioambiental, el BCE observa que “las rebajas de impuestos y las subvenciones a los combustibles fósiles no incentivan un uso eficiente de la energía ni la inversión en tecnologías de ahorro energético. Algunos países han introducido medidas verdes, como las subvenciones al transporte público o reducciones del IVA, así como subvenciones destinadas a fuentes de energía renovable”.