La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha arremetido este jueves en el Congreso contra el “exceso brutal de burocracia” que sufren las pymes, que las está “ahogando” y está “frenando muchísimo la actividad económica”. “No solamente tienen que cumplir las legislaciones de 17 comunidades autónomas, también tienen que cumplir las de 27 Estados miembros”.
Se trata, ha dicho, de un problema que “ni siquiera solo es de España” y tiene escala europea. Este, ha recordado, es uno de los aspectos que destacan los informes Draghi y Letta. Y ha recomendado a la Comisión Europea “que utilice un chat GPT o lo que sea” para “cruzar” las normas que se solapan para eliminarlas y tener un verdadero mercado único.
Fernández ha recordado que el Tribunal de Cuentas europeo ha manifestado que las pymes no concurren a más de la mitad de los contratos públicos en Europa. Y ha confiado en que la nueva Comisión Europea tome medidas al respecto y flexibilice “mucho” la normativa de contratación pública.
Fernández ha iniciado su comparecencia reclamando que se cubran ya las vacantes que tiene el consejo de la CNMC. Solo hay cubiertos siete de sus diez puestos de consejeros y lleva más de un año con la vicepresidencia vacante tras el fallecimiento de Ángel Torres en agosto de 2023. Ha subrayado “la importancia de que los nombramientos se hagan en tiempo y forma”. El máximo órgano de la entidad hace todo lo posible para cumplir sus funciones “sin retrasos”, pero “la situación no debería prorrogarse mucho más en el tiempo”.
El consejo del organismo se compone por ley de diez miembros, pero actualmente solo hay siete consejeros en su puesto, incluyendo a la presidenta. Dos vocales tienen el mandato caducado desde septiembre de 2023: Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea. Y otras tres vacantes están por cubrir, incluyendo la vicepresidencia.
La negativa del PP a pactar estos nombramientos es uno de los motivos que ha esgrimido el Gobierno para la designación del exministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España sin consenso con el principal partido de la oposición.
Respecto a la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE), que va a arrebatar al organismo las competencias en esta materia que gestiona desde 2013, “es importante que la transición sea un ejemplo de colaboración institucional”. Lo “fundamental” es “la continuidad” de la supervisión de los mercados energéticos y que los técnicos puedan “seguir haciendo su trabajo” y “evitar el ruido”.
Sobre las nuevas funciones que atribuye el plan de regeneración que el Gobierno presentó el martes, por el que la CNMC será responsable del futuro registro de medios de comunicación, sin conocer “el alcance y contenido de la propuesta”, si el Congreso le da ese mandato “con los consiguientes cambios en la ley y en nuestra estructura, la CNMC ejercerá su función como hace con el resto”: con “la responsabilidad, el rigor técnico, la independencia y el compromiso que define a la institución”. “El anuncio nos sorprendió a nosotros igual que a todo el mundo”.
Opa BBVA-Sabadell
Respecto a la opa “hostil” de BBVA sobre Banco Sabadell, ha recordado que “sigue en fase de análisis”, todavía en lo que se denomina “primera fase”, para lo que en teoría hay un mes, que se ha ido alargando por la sucesiva suspensión del plazo para obtener toda la información necesaria.
Ha recordado que en una opa no pactada como esta “tenemos toda la información del notificante”, BBVA, pero no del opado. Y ha habido que realizar “reiterados” requerimientos de información al Sabadell y realizar ejercicios de comparabilidad de los datos suministrados. La CNMC no ha decidido si la operación pasa a “segunda fase” para imponer posibles compromisos. “Hay que tener la necesaria paciencia, el necesario respeto al trabajo de los técnicos” para analizarla con “rigor”. Ha recordado que luego el Gobierno puede modificar las condiciones que en su caso se impongan.
El análisis de la operación, como en cualquier otra, se va a hacer “código postal por código postal” y si en algún lugar hay problemas de competencia, las partes propondrán compromisos y en su caso, el organismo impondrá condiciones.
La presidenta de la CNMC ha reiterado la necesidad de modernizar el organigrama y los recursos del organismo. Ha subrayado que España es “prácticamente el único país” de la UE que no puede terminar las investigaciones con acuerdos transaccionales, un pacto o settlement, en el argot del sector, con una pequeña reducción de la multa que permite “liberar recursos” para investigar un cártel cuando ya está claro que se ha desarticulado otro.
Y ha urgido a actualizar la ley de la CNMC para que el organismo se encargue de sus nuevas atribuciones como Coordinador de Servicios Digitales (DSC), ya que, por ejemplo, ahora y “de momento” no puede hacer “nada” para controlar los algoritmos que hacen que el precio de unos billetes de avión se dispare cuando empezamos a realizar búsquedas.
En materia de Competencia, en 2023 la CNMC llevó a cabo “la cifra más alta de inspecciones desde 2019” e impuso 215 millones de euros en multas, cifra que ya se ha duplicado en lo que va de 2023 con la reciente sanción récord de 413 millones que ha impuesto a Booking que, según Fernández, ha tenido un “impacto positivo” en el tejido empresarial en España. La empresa se ha comprometido a eliminar “la parte más dañina” de sus conductas, aunque “estará al caer el recurso” y “seguramente” pedirán suspender el pago de la multa en la Audiencia Nacional.
El año pasado, el Tribunal Supremo confirmó “el 100%” de las resoluciones dictadas por la CNMC y en la Audiencia Nacional el porcentaje fue del 71,4%. “Vamos subiendo” y “seguimos trabajando para hacer resoluciones más sólidas” pero “son buenas noticias”.
En lo relativo a control de concentraciones, el organismo aprobó el pasado ejercicio “con unos plazos récord”, en primera fase (sin analizarla en profundidad y sin imponer compromisos como la venta de activos) el 88% de las operaciones notificadas, pese a la “complejidad” de algunas de ellas.
Fernández ha reconocido que “ya no tenemos tantas solicitudes de clemencia”, que permiten delatar la existencia de un cártel a cambio de descuentos o exenciones de multas para el infractor, porque las reclamaciones de daños y perjuicios a empresas que han sido sancionadas han hecho que muchas compañías que antes tenían “inmunidad” total se replanteen dar el chivatazo.
Respecto a la incapacidad del bono social de la luz para llegar a quienes de verdad lo necesitan, ha dicho que es una “pena” porque “hay un problema claramente de llegar a quién tiene que llegar”. Pero más que un cambio de regulación (los descuentos no son automáticos) ha abocado por “lanzar campañas” para difundir su existencia.
La presidenta de la CNMC ha señalado que el reto “más estratégico” del organismo es la supervisión de la economía digital. Esta cuestión “no es solo un área regulatoria, es una estrategia europea de primer nivel para proteger nuestra forma de vivir”, en un ámbito en el que, ha señalado, están en juego derechos tan importantes como la libertad de expresión e información, la libertad de mercado o la protección de los menores frente a adicciones.
Fernández ha criticado las prórrogas de las concesiones administrativas, como las del transporte interurbano, porque “todos salimos perdiendo”: se evita la entrada de nuevos entrantes “más innovadores” y “adormecemos” a los potenciales nuevos operadores. Esta decisión muchas veces se adopta, ha señalado, por falta de tiempo para preparar unos nuevos pliegos.
Entre los estudios que espera aprobar próximamente el organismo está uno sobre los obstáculos a la recarga de vehículos eléctricos, barreras de las pymes a su crecimiento (por ejemplo, en contratación pública), servicios en la nube, la no repercusión del impuesto a la banca a sus clientes y la remuneración de los depósitos por parte de las entidades financieras.
En este aspecto, habría que “analizar” si es “verdad” que en el sector bancario falta competencia. Si la remuneración de los depósitos no ha cambiado tras la fusión de Caixabank y Bankia “a lo mejor” hay otras razones, como que “la transparencia del mercado es la que es”.
El organismo “espera” poder elaborar para 2025 otro estudio sobre el mercado de la vivienda, en el que “algo desde luego está pasando”. Y ya está utilizando inteligencia artificial para detectar posibles indicios de colusión en las licitaciones públicas y realizar actuaciones preventivas “con muy buenos resultados”. Fernández ha recordado la importancia de la competencia en esta actividad, que puede llegar a suponer un 20% del PIB.