El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, tiene manos libres para tomar decisiones sobre las empresas a las que asesoró cuando era abogado de élite en la sucursal española del despacho Linklaters, uno de los mayores de Europa y especializado en operaciones corporativas.
Según el regulador bursátil, las incompatibilidades que afectaban a su máximo responsable por su actividad profesional previa en esa firma británica han dejado de tener efecto. Su deber de abstención “ha ido venciendo” a medida que transcurrían dos años desde el momento en que esas empresas recibieron los servicios de asesoría del ahora presidente del organismo.
Algunas fuentes opinan que, para poner fin a su deber de abstención, Albellá ha basado su criterio en una interpretación de la normativa de incompatibilidades. La CNMV subraya que su máximo responsable ha aplicado “con meticulosidad” el “literal de la ley”.
No la de Altos Cargos, que en su artículo 11 dice que son intereses personales “los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento”; sino a la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Según la CNMV, esta norma “se refiere en su artículo 23.2 a los motivos por los que un alto cargo debe abstenerse de intervenir”. Ese precepto incluye como causa de inhibición el “tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.
El artículo en cuestión no solo se aplica a altos cargos. Compete a “las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones”, que “se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente”. La CNMV reconoce que no ha pedido informe “específico” a la Oficina de Conflictos de Intereses para determinar la duración del deber de abstención de su presidente.
Albella cumplió en noviembre dos años desde que fue nombrado presidente de la CNMV. Fue el elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy para sustituir a la exministra Elvira Rodríguez, cuya cabeza había pedido Ciudadanos. Pese a su trayectoria de abogado del Estado con un brillante currículum en el sector privado, su designación fue recibida entonces con desconfianza por el PSOE y Podemos, por los posibles conflictos de interés que podía entrañar su vinculación con Linklaters hasta su llegada a la CNMV. Entonces, era sénior partner [socio principal] de la firma en España y miembro de su Partnership Board, su máximo órgano internacional.
eldiario.es ha preguntado al regulador en cuántos procedimientos ha tenido que inhibirse su presidente desde su nombramiento, con cuántas empresas y de qué compañías se trataba. Casi todos los casos que menciona la CNMV son conocidos. Su respuesta es que Albella “se abstuvo de participar durante esos dos años en temas relacionados con el Popular, Siemens [asesoró en la fusión con Gamesa], Tecnocom [que fue adquirida por Indra], Alantra y Link Securities”.
Esta última firma fue sancionada en octubre pasado por manipulación del mercado. En el caso de Alantra, el deber de inhibición sigue vigente, porque un hermano de Albella es directivo de la compañía.
La CNMV señala que “en algunos casos, la no intervención se concretó en que algún expediente lo firmó la vicepresidenta, que tiene delegación indistinta de firma con el presidente en algunos asuntos”.
“Muy pocas veces”
En enero de 2018, Albella ya avanzó en el Congreso que, a la hora de determinar el deber de inhibición de un alto cargo, solo “son relevantes los dos años anteriores al momento en el que uno tiene que intervenir en un asunto”. Hasta entonces solo había tenido que abstenerse “muy pocas veces en términos de porcentaje”. Solo citó el caso del Banco Popular, al que asesoró en la ampliación de capital de junio de 2016, en tiempos de Ángel Ron.
Unos meses después de esa intervención parlamentaria, en octubre pasado, la CNMV anunció la apertura de un expediente sancionador al banco y a su antigua cúpula por haber suministrado al organismo información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales de 2016.
En su debut en el Congreso, Albella ya pronosticó que tendría que abstenerse en “casos muy escasos” y prometió “aplicar la ley rigurosamente en este punto”. No quiso precisar a qué compañías cotizadas había asesorado. “En el último año únicamente he trabajado para cuatro empresas del Ibex y en el caso de dos de ellas para temas de poca significación, y en el año anterior —por cubrir los dos años— trabajé para dos empresas más y también en uno de los casos en un asunto relativamente menor”, indicó.
A esas seis empresas se sumaron otras cinco cotizadas distintas de las del Ibex. “Hay ciento cincuenta empresas, si contamos las del Mercado Alternativo Bursátil, y sin contar las del MAB habrá unas ciento veinte. En términos porcentuales los casos afectados por naturaleza serán pocos, pero es que además la CNMV no tiene que adoptar decisiones continuamente sobre todas las empresas cotizadas”, argumentó.
En esa comparecencia, Albella prometió que no volverá a trabajar con Linklaters cuando deje el cargo. Su actual mandato (renovable por otro más de cuatro años) expira el año que viene. “En el supuesto de que las cosas no cambien —hoy todo cambia— y por circunstancias de la vida estuviera dos mandatos saldría de la CNMV a los 66 años, con los dos años de incompatibilidad que me llevarían a los 68 años. Objetivamente creo que ese dato da credibilidad a lo que he dicho y disipa dudas acerca de cualquier intención de utilizar la CNMV como plataforma para no sé qué”, dijo entonces a los diputados.