El presidente de Enresa pide permiso a Hacienda para poder contratar a dedo a 28 personas

El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega Rincón, ha pedido al Ministerio de Hacienda que dé luz verde a 28 contrataciones indefinidas que, según fuentes internas, la empresa quiere realizar “a dedo”. La selección, pendiente de aprobación, se basa en un procedimiento de urgencia que la Dirección de Auditoría de la empresa pública ha cuestionado por considerarlo “muy genérico”, porque podría conculcar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

La división de Recursos Humanos de la estatal también lo ha criticado por entender que los nombramientos “difícilmente se pueden formalizar” como un “proceso transparente”.

El argumento de Gil-Ortega para convencer a Hacienda de que agilice el proceso es su “extraordinaria preocupación” ante “cualquier circunstancia” que pueda “comportar una dilación en los plazos previstos para la puesta en marcha” del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca). En una carta remitida el 24 de septiembre a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, Gil-Ortega reclama una “pronta respuesta” a una solicitud formulada el 17 de julio por Enresa a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de Hacienda para que diera el visto bueno a 28 contrataciones indefinidas a lo largo de este ejercicio. “Te ruego agilices los trámites para que podamos obtener pronta respuesta a nuestra solicitud”, dice en esa carta, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Ese procedimiento permitiría, según fuentes internas, la contratación “a dedo” de 28 personas, que se sumarían a otras cerca de 40 que ya se han incorporado, por una vía similar, a la empresa pública desde que en junio de 2012 la preside Gil-Ortega, exsenador, exalcalde de Ciudad Real, persona de confianza de la secretaria general del PP y presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, y sin ninguna experiencia previa en el sector nuclear.

Preguntada por este asunto, Enresa confirma, en un correo electrónico, que ha pedido el visto bueno al departamento de Cristóbal Montoro para esas 28 contrataciones. Pero dice que, “dado que están pendientes de autorización por parte del Ministerio de Hacienda dichas contrataciones, no se ha puesto en marcha el citado procedimiento”. También precisa que “no ha realizado contratación alguna en el presente año 2014” y asegura que “el procedimiento de contratación contempla la divulgación e información de todas las vacantes existentes en la compañía al personal de la misma” y que “por tanto no existe contratación alguna a dedo”.

Sin embargo, ese procedimiento, al que ha tenido acceso eldiario.es y que Gil-Ortega aprobó el 14 de julio, dice en su punto 4.2, relativo a publicidad interna de las vacantes, procesos de promoción interna y libre designación, que “se publicitarán, para conocimiento de todos los empleados de todos los centros de trabajo, todos los perfiles correspondientes a vacantes por tiempo indefinido y de duración determinada, excepto [y aquí está lo importante] contratos de personal excluido de convenio”.

A principios de julio, la Dirección de Auditoría de Enresa señaló que esa “excepción” de publicitar las vacantes “debería abarcar, únicamente, a los miembros del Comité de Dirección (Alta Dirección y Directores B) y no a todos los empleados excluidos de convenio”. Por su parte, el jefe del Departamento de Recursos Humanos criticó que, con ese procedimiento, “el nombramiento de Jefes de Departamento y Directores de Proyecto se realiza en función de criterios de apreciación subjetiva de la Dirección de la empresa que difícilmente se pueden formalizar como proceso transparente”, según recoge el informe definitivo de la Dirección de Auditoría sobre el procedimiento de reclutamiento, que tiene fecha 30 de julio y al que también ha tenido acceso eldiario.es.

El pasado septiembre, Enresa relevó a su hasta entonces director de Organización y Recursos Humanos, Jesús Horcajo, que ocupaba el cargo desde agosto de 2012 y dependía del secretario del Consejo, Jesús Moreno, también destituido tras elaborar un informe que alertó de la “incompatibilidad” entre el cobro de dietas y el abono de gastos de bolsillo cargados a la tarjeta de crédito de Gil-Ortega, que éste no había justificado con la correspondiente factura, como le exigía su contrato, tal y como adelantó eldiario.es.

En su informe, preceptivo pero no vinculante, la Dirección de Auditoría de Enresa dejó patente que el procedimiento de contratación finalmente aprobado por Gil-Ortega sólo había incluido “ocho de los veinticuatro comentarios” que esa dirección había introducido en un primer informe.

Entre sus observaciones, hizo hincapié en que “los principios a que debe sujetarse la contratación de empleados públicos”, igualdad, mérito y capacidad, son “derechos constitucionales” que “se articulan como principios rectores en el acceso al empleo público” y a los que se suman otros también “aplicables a los criterios de selección”: la “publicidad de las convocatorias y de sus bases, la transparencia, la imparcialidad y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, la adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar y la agilidad, sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección”.

“Todo ello, a juicio de la Dirección de Auditoría, resulta aplicable a la contratación de personal en sociedades mercantiles públicas”, señalaba el documento, que en sus conclusiones consideró el procedimiento de contratación “muy genérico”, ya que “como todo procedimiento debía contener una regulación más detallada en asuntos esenciales”.

Por ejemplo, el procedimiento firmado por Gil-Ortega señala que “no se publicará ninguna vacante internamente sin que esté aprobada externamente, y además esté autorizada la cobertura de la última posición cuyo ocupante ha promocionado o ha tenido movilidad funcional, siempre y cuando no haya amortización de puesto”. Según la Dirección de Auditoría, se trata de “una condición imposible” que esas plazas “estuvieran autorizadas hasta la última posición afectada posible, ya que a priori no se puede conocer la concatenación de puestos que se verán afectados”.

En sus conclusiones, la Auditoría también señaló que deberían “delimitarse las solicitudes que van a ser objeto de consideración en los distintos supuestos” y advirtió de que, ante la intención de subcontratar el proceso, “la intervención de terceros debería ceñirse a casos excepcionales y previamente tasados”.