“Enfrentarse a Rafa no es fácil. Es como entrar en guerra contra Estados Unidos”. Así hablaba en 2017 Astrid Gil-Casares, exesposa del presidente y máximo accionista de Ferrovial, Rafael del Pino, en una entrevista a Vanity Fair que concedió la ahora guionista, escritora, actriz ocasional y empresaria de productos saludables, tras su tormentoso y millonario divorcio con el empresario madrileño.
Siendo como es esquivo con la prensa, las palabras de Gil-Casares cobran relevancia ahora que el nombre de Del Pino está en boca de todos tras la sorprendente decisión, anunciada el martes, de llevarse la sede de la multinacional española hasta Países Bajos, conocido por ser uno de los grandes coladeros fiscales de la UE, con vistas a cotizar en Wall Street.
Hablar de Rafael del Pino Calvo-Sotelo (Madrid, 1958) es hacerlo de una de las mayores fortunas de España y uno de los principales empresarios del Ibex 35. Según la última lista Forbes, es la tercera fortuna española, con un patrimonio estimado en 3.800 millones de euros. El último ranking de ricos de El Mundo le coloca junto a sus cuatro hermanos también como la tercera fortuna del país, con un patrimonio conjunto de 9.570 millones.
El presidente de la constructora es el máximo accionista de Ferrovial. Junto a dos de sus hermanos (Leopoldo y María del Pino) controla casi un 33% del grupo. Lidera un gigante con cerca de 35.000 empleados y más de 7.500 millones en ingresos que gestiona concesiones de aeropuertos, autopistas, prisiones o plantas de tratamiento de residuos, entre otros muchos negocios. La pata de construcción sigue representando más del 85% de su facturación.
Ferrovial, que asegura que “mantendrá sus raíces” en España, ha vinculado la decisión de trasladar su sede a Países Bajos al creciente peso de su actividad internacional, que ya concentra el 86% de sus activos. También a la existencia de un “marco jurídico estable” en Holanda. El anuncio ha provocado la salida en tromba del Gobierno. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha criticado la “errónea” decisión de una empresa que “le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles”. La vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha pedido a Economía que tome cartas en el asunto e impida el traslado.
El Gobierno cree “paradójico que se anuncie esta posible decisión en un momento de importante atracción de inversión extranjera y confianza de los inversores y empresas extranjeras en nuestro país, y con un proceso de inversión pública y modernización sin precedentes en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial”. Y el PP, que dice que “respeta” la decisión de la constructora, habla ya de un riesgo de “contagio” que otras empresas del Ibex dicen ni plantearse.
Los accionistas del grupo todavía tienen que dar su visto bueno a esa mudanza, a la que el fondo TCI (dueño del 6,4% de Ferrovial) ya ha avanzado su apoyo. Ferrovial ha dicho que la operación no saldrá adelante si las compensaciones a los accionistas que quieran ejercer el conocido derecho de separación superan los 500 millones. A los precios actuales, bastaría con que se oponga un 2,5% del capital de Ferrovial.
Países Bajos es un destino que Rafael del Pino conoce de sobra. Ferrovial trasladó allí en 2019 desde Londres, como consecuencia del Brexit, el negocio internacional que se había llevado fuera de España en 2015. Y el propio Del Pino canaliza desde hace años su participación en Ferrovial a través de una sociedad holandesa, Rijn Capital BV. Con ella controla su 20,25% de la constructora. La creó tras la reordenación de la participación familiar y la disolución del holding Portman Baela, la instrumental en la que la familia Del Pino tenía históricamente su participación en Ferrovial.
El presidente de la constructora controlaba esa sociedad junto a sus hermanos y su madre a través de otra sociedad neerlandesa, Sobla Beleggingen BV. Dos de sus hermanos, Leopoldo (ex consejero del grupo y dueño de un 4,15%) y Fernando del Pino, tienen además varias sicavs en Luxemburgo, otro de los territorios de baja fiscalidad predilectos entre los ricos españoles.
Otros grandes patrimonios españoles, como los Entrecanales (Acciona), los Grifols, los Carceller (Damm) o los Carulla (Gallina Blanca) también usan sociedades instrumentales holandesas para controlar sus empresas. Desde hace décadas la familia política del ex comisario europeo y exministro del PP Miguel Arias Cañete tiene allí una holding calificada hace años de “sociedad pantalla” por la Agencia Tributaria española.
Pero lo de Ferrovial es otra cosa: un movimiento sin precedentes en España, que recuerda (por cercanía geográfica) al que llevó a cabo hace algo más de una década el gigante portugués de la distribución alimentaria, Jerónimo Martins, dueño de Pingo Doce, el Mercadona luso.
También hace casi una década, y según publicó Voz Populi, Rafael del Pino abonó 200 millones a la Hacienda española para eludir el delito fiscal por expatriar dividendos a Holanda. Algún directivo del grupo ha cargado recientemente contra las actuaciones de la Agencia Tributaria española, contraponiéndolas con las facilidades que, asegura, ofrecen Australia, Reino Unido y Estados Unidos. “En esos tres países no existe un escrutinio tan agobiante como ocurre aquí, lo que es muy bueno desde el punto de vista de gestión. No tenemos prácticamente ningún conflicto en esos países y, en cambio, en España tenemos muchos”, aseguraba hace unos meses en una entrevista en Expansión el director de Asesoría Fiscal de Ferrovial, Ignacio de Felipe.
En sus últimas cuentas anuales, el grupo indica que tiene registradas provisiones de carácter fiscal por importe de 200 millones, cifra que supera con creces el beneficio que obtuvo Ferrovial en todo 2022, de 185,7 millones, un 84% menos, debido a menores extraordinarios. Esos 200 millones “se corresponden, fundamentalmente, con litigios en curso en relación con inspecciones tributarias en España cuya cuota litigiosa asciende a 332,4 millones, siendo las más significativas las relativas al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017”, explica la compañía en las cuentas que acaba de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los principales litigios del grupo con el Fisco español son por dos cuestiones. Una, la aplicación de deducciones por actividades exportadoras en el Impuesto de Sociedades relacionadas con la adquisición en 2006 del aeropuerto de Heathrow (Londres), para la que Ferrovial tiene provisionados 119,2 millones. Y por la amortización del fondo de comercio financiero derivado de las compras del grupo británico de servicios Amey (adquirido en 2003 y vendido en 2022) y del grupo suizo de handling aeroportuario Swissport, que Ferrovial adquirió en 2005 y enajenó en 2011.
Del Pino es el gran artífice de la expansión exterior de Ferrovial. Un crecimiento cimentado a golpe de grandes compras. La más señera fue la adquisición en 2006 del grupo británico BAA, propietario de los aeropuertos de Heathrow o Gatwick. Lo hizo, en buena medida, gracias al generosísimo régimen de deducciones fiscales que el Gobierno de José María Aznar concedió en 2002 a las empresas españolas por la compra de sociedades extranjeras, que benefició a cerca de un centenar de grandes compañías, la mayoría del Ibex. El Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal esa ayuda de Estado en diciembre de 2016. Por eso la Hacienda española ha instado a devolver esas ayudas.
El presidente de Ferrovial, el mayor de los hermanos varones en su familia, lleva toda su vida profesional en la compañía. Heredó su puesto por designación paterna, como varios de los máximos responsables del Ibex. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (1981), Del Pino completó un MBA del MIT Sloan School of Management (Massachusetts, EE.UU.) en 1986. En 2000 sustituyó en la presidencia del grupo a su padre, Rafael del Pino y Moreno, fundador del grupo.
El patriarca, primo segundo del militar golpista Milans del Bosch y fallecido en 2008 a los 88 años, creó la compañía en 1952 gracias a un contrato con la dictadura franquista para renovar las traviesas de las vías ferroviarias de la empresa pública Renfe. Lo hizo asociándose con su cuñado y a la postre presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo; su primo José María López de Letona y del Pino, que llegaría a ministro de Industria del dictador Francisco Franco, y Claudio Boada, que también ocupó otro cargo clave del régimen, el de presidente del Instituto Nacional de Industria (INI).
La empresa inició un rápido crecimiento en los años 60 con la construcción de obras hidráulicas y carreteras y el salto a las concesiones de autopistas. Del Pino junior, que es también hijo de Ana María Calvo-Sotelo, hermana del expresidente del Gobierno y fallecida hace un año, fue nombrado consejero delegado en 1992. Asumió todo el poder ejecutivo tras la retirada de su padre, un año después de la salida a Bolsa del grupo. Esta operación llegó tras la compra de Agromán, conocida por haber construido la Ciudad Universitaria de Madrid, el Valle de los Caídos o, ya en los 90, la gigantesca ampliación del Puerto de Bilbao.
La adquisición de Agromán, cuya marca eliminó definitivamente Ferrovial en 2020, permitió al grupo convertirse en la tercera empresa del sector en España. Y de ahí a una acelerada expansión exterior que ha pilotado el actual presidente y ha hecho que España tenga un peso menguante en los ingresos del grupo: del 37,7% que suponía en 2012 a poco más del 15% en 2022.
La empresa es, con todo, una de las principales contratistas de obra pública. Y figura entre las compañías a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido vetar en los últimos años por formar diversos cárteles. Una prohibición que el Gobierno nunca se ha atrevido a aplicar y que la CNMC ha pedido ejercer de manera directa.
La última sanción de Competencia a Ferrovial, de 38,5 millones, fue impuesta el verano pasado, por considerar la CNMC que las seis grandes constructoras manipularon licitaciones durante más de 25 años, en un procedimiento en el que el organismo impuso en total 203,6 millones en multas.
Ferrovial también ha sido protagonista en escándalos de corrupción como el caso Palau, con el que, “mediante el pago de comisiones a la formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya”, como determinó el Tribunal Supremo en 2020. Dos directivos de la empresa imputados en el caso fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2018 por haber prescrito los hechos.
El grupo que lidera Del Pino, que se autodefine como “compañía de infraestructuras sostenibles”, es uno de los principales impulsores del Grupo Español de Crecimiento Verde, un lobby que hace hincapié en las oportunidades de negocio que ofrece la sostenibilidad. Este grupo, que hasta hace muy poco presidía un directivo de Ferrovial, Valentín Alfaya, tiene entre sus objetivos, como explica la constructora en su web, “explorar iniciativas para la colaboración público–privada en la lucha contra el cambio climático”.
Una realidad que contrasta con opiniones que vierte periódicamente uno de los hermanos de Del Pino, Fernando, ex consejero de Ferrovial, un declarado antivacunas y escéptico del cambio climático cuyos artículos ha ensalzado el ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros.
Rafael del Pino renovó su cargo como presidente de Ferrovial hace algo menos de un año con la oposición de varios grandes fondos que se oponían a su reelección como consejero por considerar que existe demasiada concentración de poder en la compañía. También ha tenido sus más y sus menos con su hermano Leopoldo, que tras abandonar el consejo del grupo ya exigió hace cuatro años la salida de dos hombres de confianza de Rafael del Pino del consejo de Ferrovial, Joaquín Ayuso y Santiago Bergareche, y en 2021 rechazó en una carta que hizo pública la renovación de José Fernando Sánchez-Junco. Este histórico consejero, vinculado al fabricante de explosivos Maxam, figuró durante años como independiente en el consejo del grupo pese a facturarle cantidades millonarias, en un evidente conflicto de interés.
Rafael del Pino llegó a ser en 2016 el ejecutivo mejor pagado del Ibex. Ese ejercicio se embolsó 15,2 millones en un solo año, prácticamente el triple que en 2015, por la liquidación de un plan de remuneración a través de opciones iniciado en 2008, tras reducir la compañía sus beneficios un 47%.
En lo personal, el ejecutivo, padre de seis hijos, tuvo que hacer frente a la tragedia que vivió en 1998. Con solo 40 años y tres hijos menores de edad, enviudó tras el fallecimiento de la su entonces esposa, Cristina Fernández-Fontecha y Torres del Pino, navegando por aguas de Baleares a bordo de un yate.
En mayo de 2020, en pleno confinamiento, en una de las escasas entrevistas que ha concedido (en El País), Del Pino instaba al Gobierno a acelerar la desescalada y a recortar impuestos y definía así sus prioridades: “Amigos, familia, salud y trabajo”. Ahora, pretende hacerlo llevándose el corazón de sus negocios a Países Bajos.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.