La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha puesto su cargo a disposición del Gobierno en el próximo Consejo de Ministros, tras reabrir la Audiencia Provincial de Sevilla el caso sobre la adjudicación, en 2015, de la mina de Aznalcóllar y llamar a declarar en calidad de investigado a Fernández, entonces alto cargo de la Junta de Andalucía.
A preguntas de los periodistas en Algeciras (Cádiz), Montero ha afirmado que habrá que dejar que la justicia actúe, aunque ha recordado que se trata de un caso que se ha archivado ya en dos ocasiones, informa Europa Press. No obstante, ha subrayado que se trata de una causa que forma parte de la actividad anterior de Fernández, de antes de ser presidente de la SEPI. El hólding estatal del que dependen empresas públicas como Correos y participaciones en cotizadas como Red Eléctrica o Enagás está adscrito al departamento de Montero.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha vuelto a reabrir (ya lo hizo hace tres años) la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel.
Lo ha hecho a través de un auto del que ha sido ponente la jueza Mercedes Alaya, instructora varios años de la macrocausa de los ERE fraudulentos de Andalucía, que ha aceptado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources. La Audiencia ha ordenado reabrir esta causa en la que estará llamado a declarar Fernández, por entonces secretario general de Industria de la Junta de Andalucía y desde junio de 2018 presidente de la SEPI.
El Juzgado de Instrucción tres de Sevilla, comandado por la juez Patricia Fernández Franco, archivó el pasado marzo por segunda vez (la primera fue en noviembre de 2015) la investigación promovida por la vía penal respecto a la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento a la agrupación empresarial México Minorbis. Alaya ahora ha reabierto la causa tras admitir íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Emérita Resources España SLU, que perdió el concurso.