Cuatro de cada diez préstamos públicos a 'startups' no se devuelven

Cuando Comunitae —la empresa de préstamos entre personas cuyo fundador está imputado por estafa— se declaró en quiebra, tenía un millón y medio de euros en deudas por pagar. De estas, casi medio millón eran a devolver al Estado. Entre el Ministerio de Economía y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, habían hecho a Arturo Cervera y sus socios cinco préstamos. El principal era uno de 500.000 euros de Enisa del que aún faltaban por devolver 320.000 euros, según reflejan las últimas cuentas presentadas por la empresa, de 2016.

Comunitae dijo que había sido víctima de un fraude (algo que el CEO deberá demostrar ahora que está siendo investigado) y en pocos meses estaba liquidada y extinguida. El concurso fue exprés: la empresa no tenía activos para continuar, así que los acreedores no vieron un euro de vuelta.

La historia es especialmente desagradable porque no solo ha terminado con dinero público perdido, sino con cientos de personas afectadas en todo el país. Pero no es excepcional. Más del 40% de los préstamos que España da a pequeñas empresas innovadoras no se devuelven completos. Los datos proceden del análisis que el catedrático de Economía Financiera de la UCM José Martí elabora cada año para ENISA, en el que valora su impacto y mide el número de préstamos fallidos, parciales o totales.

“El 40% es poco. En capital riesgo, el ratio de fallidos es del 50% o 60%”, explica Martí a eldiario.es. “Pero hay que pensar que estos datos también incluyen empresas que acaban de recibir el dinero y aún pueden fracasar. De aquí a diez años, puede llegar al 50%”.

Hasta la fecha, ENISA ha prestado más de mil millones de euros a 5.900 empresas. Su perfil es el de nueva empresa de base tecnológica, pyme con algún componente de innovación o “joven emprendedor” (hasta 40 años). Según su tamaño y actividad, ENISA les concede hasta 1,5 millones de euros sin aval y con amplios plazos de amortización. 'Startups' conocidas en España como Glovo o Wallapop tuvieron su préstamo ENISA (de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente). El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) es la otra gran pata pública para financiar el I+D patrio. En su caso, el 55% de las ayudas van a pymes — el resto, a empresas grandes.

El último informe de Martí analiza los préstamos concedidos entre 2005 y 2014 y sus resultados hasta octubre de 2018. De los 3.506 préstamos concedidos, 1.476 (42,1%) fueron fallidos, total o parcialmente. Por porcentaje, hubo más fallidos en los años de la crisis (de 2010 a 2012) que en el resto. Por importe, hasta 2014 no se devolvió el 37% del dinero prestado: 211 millones de 572 millones. En general, son las líneas para emprendedores o pymes las que peores datos de devolución tienen.

“Estás invirtiendo en empresas recién nacidas o en sectores novedosos, que afrontan mayores riesgos. Es lo normal”, continúa el catedrático. “Esto es como cuando uno planta semillas: unas mueren y otras saldrán, pero no todas llegan a adultas. Para que haya rotación en el sistema debe haber natalidad. Y si las empresas no pueden financiarse y no tienen alternativas, pues no hay renovación empresarial”.

La idea que sustenta esta fórmula de financiación con dinero público es la de que en España no hay suficiente capital riesgo privado que haga florecer a las empresas, como sí sucede en Estados Unidos o Reino Unido. En otros países, que son más parecidos a nosotros y menos a los anglosajones, se ha potenciado el capital riesgo (dinero que no hay que devolver y que requiere de grandes pelotazos para que el sistema sobreviva) público.

“ENISA es novedosa”, continúa Martí. “El capital riesgo público es peor porque suele estar presionado por el sector público para hacer cosas que de otra forma no haría. Aquí no hay tantas presiones, por eso creo que es positivo”. Desde el organismo apuntan a que una media del 40% de fallidos no está mal, pero que a veces les cuesta explicar que no están para ganar dinero, sino para prestarlo y fomentar la innovación.

¿Quién elige en qué invertir?

Otro programa que pone dinero público en empresas innovadoras con altas probabilidades de no sobrevivir es el Fond-ICO, que lo transfiere a los fondos de inversión para que sean ellos los que lo inviertan. De este también se han beneficiado conocidas, y hoy grandes compañías, como Glovo, Wallapop o Cabify, porque los fondos que han invertido en ellas han recibido varios millones del Instituto de Crédito Oficial. El fondo Seaya (Glovo, Cabify) ha recibido 35 millones en dos convocatorias, mientras que Antai (Wallapop) consiguió 7 millones.

Martí no cree que haya que valorar mejor a quién se da el dinero público, aunque más tarde estas empresas se vean envueltas en conflictos laborales o fomenten la precariedad. O lleguen a juicios con sus clientes, como en el caso de Comunitae. “Cuando tú entras en una empresa de estas características, no anticipas todos los problemas que te pueden venir. No hay tanta experiencia, eso viene después”, concluye. “Si esto se supiera de antemano, se consideraría. Pero si no lo financias desde España, lo van a hacer los de fuera, porque el mercado es el mercado. Los inversores, también los privados, están preocupados por estas problemáticas. Pero no puedes anticipar lo que te puede surgir, solo intentar regularlo una vez surja”.