El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos ha destacado por la histórica subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales en 2019. La más alta de la democracia. Ambas partes han señalado el impulso para los trabajadores con sueldos más precarios, pero hay otro indicador clave para las personas más desfavorecidas del que no hay rastro en el pacto: el IPREM. Este índice, prácticamente congelado desde 2010 y que el Gobierno del PP no incrementó cuando llegó la recuperación económica, es clave para el acceso y la cuantía de ayudas, subsidios, becas y prestaciones.
Fuentes del Ministerio de Trabajo afirman que la ausencia del IPREM en el acuerdo presupuestario se debe a que aún es un punto “pendiente de cerrar” y que se discutirá con los sindicatos y la patronal de cara a la ley presupuestaria del año próximo. Desde Unidos Podemos explican que su grupo pedía una subida “sustancial” de este indicador, pero “no fue aceptada por el PSOE”.
El IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples) fue creado en 2004 para sustituir al SMI como referencia en diferentes ayudas sociales, subsidios, becas y prestaciones, tanto a nivel estatal, autonómico y local. El objetivo era que las subidas importantes en el salario mínimo no tuvieran tanta repercusión en las cuentas públicas.
En algunos casos el IPREM delimita las posibilidades de acceso a determinadas ayudas: por ejemplo, en el Plan de Vivienda aprobado por el Gobierno de Rajoy en marzo sirve de referencia en los requisitos de acceso a las ayudas al alquiler y compra. También filtra el acceso a la asistencia jurídica gratuita.
En otros casos, el indicador establece las cuantías de los subsidios y prestaciones, como ocurre con las de desempleo. La ayuda para parados mayores de 55 años –que el Gobierno y Unidos Podemos han acordado retornar a las condiciones previas al mandato del PP– consisten en una cuantía mensual del 80% del IPREM. También se utiliza como referencia para ayudas autonómicas para personas desfavorecidas, como la Renta Mínima de Inserción Social andaluza.
Una década congelado
Aunque el salario mínimo se congeló varios años durante la crisis, también registró ligeros incrementos. Sin embargo el IPREM se mantuvo anclado en los 532,51 euros mensuales desde 2010 a 2017. Ese año, el indicador subió un 1%, pero en 2018, el Gobierno de Rajoy lo volvió a congelar, esta vez en los 537,84 euros. En ese mismo ejercicio, el SMI sí subía notablemente: un 4%, hasta los 735,9 euros al mes en catorce pagas.
El resultado: más de una década con un IPREM prácticamente inalterable, al igual que las ayudas que lo toman de referencia para su cuantía, y una distancia creciente respecto al salario mínimo. Esto último puede llevar a que personas que reciben un salario legal más bajo se queden fuera de ayudas y becas por tener demasiados ingresos, ya que el acceso en función del IPREM permanece muy bajo.
Fuentes de Unidos Podemos reconocen que la subida del IPREM supone un gasto importante, pero el grupo confederal considera que es necesario tras tantos años de congelación. “En una negociación se consiguen algunas cosas y otras no. La subida del IPREM no la hemos conseguido pero vamos a seguir trabajando”, sostienen estas fuentes, que subrayan el gran incremento del salario mínimo y el retorno al subsidio para desempleados mayores de 52 años.
En los sindicatos mayoritarios reconocen que “sorprende” que el acuerdo presupuestario no haya contemplado un aumento del IPREM. Lola Santillana, secretaria de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de Comisiones Obreras, considera que es un elemento suficientemente importante como para figurar en el documento, dado que “afecta a muchas ayudas becas y subsidios”. Por ello, confía en que el Gobierno de Sánchez eleve su cuantía el próximo año: “Es necesario subirlo en correspondencia con el salario mínimo”.
La referencia de aumento para Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, debería ser como mínimo el IPC, “porque en 2017 ni siquiera el 1% alcanzó la subida del IPC”. Pino subraya que “no es justo” que este indicador clave para colectivos vulnerables lleve estancado tantos años, por lo que el sindicato exigirá al Gobierno socialista un incremento que supere la inflación y que “recupere parte de lo perdido” en la última década.