Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 han quedado este lunes definitivamente aprobados a su paso por el Senado, desde donde no volverán al Congreso. El Gobierno ha preferido evitar la vuelta a la Cámara Baja, que suele ser habitual, por la premura con la que debe aprobar ahora el techo de gasto de las cuentas de 2018 (el 3 de julio) y ante la frágil mayoría con la que ha podido sacar adelante las cuentas de este año.
La Cámara Alta, donde el PP cuenta con una cómoda preponderancia de la que no disfruta en el Congreso, ha rechazado los 64 vetos y las 6.119 enmiendas parciales presentadas a las cuentas públicas durante su tramitación en el Senado. El PP cuenta con 149 senadores del total de 266, más el apoyo de los grupos que respaldan el proyecto (Cs, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias). En el Congreso los grupos de izquierdas presentaron unas 5.400 enmiendas que también fueron rechazadas. Muchas de ellas se recuperaron para el trámite del Senado.
Así, los presupuestos de 2017 se mantienen tal cual salieron del Congreso, con 150 nuevas enmiendas que fueron aprobadas gracias al apoyo de una mayoría límite, la de 176 diputados (PP, Cs, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias).
Para obtener estos 176 votos que se necesitaba sumar a partir de los 134 diputados del PP, el Gobierno ha tirado, básicamente, de chequera. De este modo ha podido satisfacer las demandas de gasto de sus socios en este trámite: Ciudadanos, PNV, CC y NC. Si se suman los millones de euros atribuidos a conseguir acuerdos con todos ellos, la cifra agregada es de 9.534 millones
Estas serán unas cuentas que en un principio servirán para los próximos seis meses aunque el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado que estos presupuestos son “enlace” con los de 2018 y que hay que verlos con “perspectiva”. De hecho el Gobierno ya cerró con el PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro Asturias partidas presupuestarias que afectan a ejercicios futuros, como es el caso de inversiones para la construcción de la “Y vasca” o las bonificaciones al transporte aéreo entre islas o de mercancías con la península.
En este sentido, el Ejecutivo podría tener más fácil el apoyo de estas formaciones al techo de gasto de 2018, que tras ser aprobado en un Consejo extraordinario de Ministros el 3 de julio podría ser debatido en los plenos del Congreso y del Senado las siguientes semanas.
Grupos parlamentarios
Durante el último debate sobre los Presupuestos, el senador del PP, Juan Antonio de las Heras, ha destacado que los Presupuestos incluyen el mayor gasto social de la historia, con un 56% del presupuesto total consolidado, y una oferta de empleo público “sin precedentes”, con 70.000 plazas este año. De las Heras ha rechazado las 6.119 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, que en conjunto conllevaban un gasto de cerca de 50.000 millones de euros.
El portavoz socialista, Juan María Vázquez, ha denunciado que pensionistas y empleados públicos seguirán perdiendo poder adquisitivo, al tiempo que la senadora del PSOE Ana María Pérez ha tildado de “vergonzosa” e “inútil” la amnistía fiscal de 2012 y ha criticado el “ninguneo arbitrario” al no haberse aceptado ninguna enmienda para que el beneficio del crecimiento económico se traduzca en “mejorar la vida de la gente” y “fortalecer y modernizar” la economía.
El portavoz en el Senado de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, Ramón Espinar, ha negado que sean unos Presupuestos sociales y ha denunciado que se “cronifica” la precariedad.
A su vez, el senador del PdeCAT, Joan Bagué, ve los Presupuestos como de “fin de etapa” y de “inercia”, y cree que son “continuistas, poco valientes, poco decididos y poco correctores de los desequilibrios”, y ha denunciado que por la “puerta trasera” de elimina una bonificación fiscal para las lenguas cooficiales.
El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha rechazado el proyecto de PGE por ser un “insulto” para la comunidad valenciana y los ciudadanos, y ha reclamado un trato “justo”, al tiempo que desde ERC también los han rechazado por ser “continuistas, injustos e insolidarios”.
Mientras, desde Ciudadanos, Francisco Javier Alegre, ha defendido el voto particular de la formación 'naranja' que pedía incrementar la plantilla de la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal, y los portavoces del resto de grupos que respaldan los Presupuestos han mostrado su apoyo a los mismos por las mejores incluidas en el mismo para las distintas regiones.
1% de aumento de sueldo para funcionarios
Los Presupuestos de 2017 están basados en un límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', de 118.337 millones de euros, la misma cuantía que en las cuentas públicas de 2016, y conforma al objetivo de déficit del 3,1% de las administraciones públicas para este año.
Asimismo, incluyen un aumento del 1% del sueldo de los empleados públicos en 2017 y del 0,25% en las pensiones, una subida que ya está en vigor desde comienzo del año, así como un incremento de la financiación de las comunidades autónomas en 5.387 millones de euros.
El total de ingresos financieros para 2017 alcanzará los 133.055 millones de euros, mientras que los ingresos tributarios se incrementarán un 7,9% respecto a la recaudación del año anterior, hasta alcanzar los 200.963 millones de euros, la misma cifra que recaudaba España hace diez años. Mientras, el gasto no financiero de los ministerios asciende a 54.674 millones de euros, lo que supone una reducción de 3.490 millones respecto al presupuesto de 2016.
Los recursos para Justicia crecerán un 7,6%, al tiempo que dependencia recibirá 100 millones de euros adicionales. Las becas y los programas de refuerzo escolar tendrán un presupuesto un 1,7% superior, mientras que a fomento del empleo se destinará un 5,5% más.
También se dotan 342 millones de euros para la protección y la lucha contra la pobreza infantil; la financiación de la I+D+i crecerá un 4,1%, y se dotará con 100 millones adicionales la lucha contra el fraude fiscal.
El proyecto de Presupuestos fue aprobado en el Congreso el pasado 31 de mayo tras incorporar alrededor de 150 enmiendas, entre las que destacaban las de Nueva Canarias, que consiguió subvenciones del 75% del billete de avión entre islas, que también se extiende a Baleares, y la bonificación del 100% en el transporte de mercancías a la península y viceversa.
Trucos presupuestarios
Pero además, Hacienda ha hecho varios enjuagues a las cuentas públicas de este año para disimular lo que es en realidad un año más de recortes y de abrocharse el cinturón. Que el techo de gasto era menor que el de 2016 era algo que ya se sabía (obligados por Bruselas). Pero, además, teniendo menos se ha tenido que repartir entre más porque los primeros presupuestos con minoría parlamentaria están cargados de concesiones a partidos nacionalistas.
Para empezar, aunque el Ejecutivo vende que el gasto social aumenta un 1,7% (incluso dice que un 2,7% si aísla el efecto de la reducción del desempleo), lo cierto es que son unas cuentas públicas de ajustarse el cinturón. Según las previsiones de Economía, el PIB nominal (esto es, sin tener en cuenta la inflación) va a crecer este año un 4,1%. Así que una evolución del 1,7% está muy por debajo del crecimiento esperado para la economía, lo que supone seguir abrochándose el cinturón.