El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 ha sido tumbado en el Congreso de los Diputados tras salir adelante las enmiendas a la totalidad presentadas. Esto va a implicar, probablemente, la convocatoria de elecciones anticipadas. De manera más inmediata supone que la mayoría de las medidas que se incluyen en el texto van a quedar en el limbo, a la espera de eventuales circunstancias parlamentarias más favorables para el PSOE y para sus socios presupuestarios, Unidos Podemos, con los que habían pactado la mayoría de ellas.
Sin embargo, hay otras reformas que a pesar de haber sido incluidas en los presupuestos ya se han aprobado vía decretos–leyes. Por lo tanto permanecen vigentes al haber sido convalidadas por el Congreso, como es el caso del “macrodecreto” que incluyó la subida de las pensiones en 1,6%, la mejora de la protección social de los autónomos y la prórroga del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED). Otros decretos, como el de vivienda, no tuvieron la misma suerte, y las diferencias entre los socios presupuestarios sobre su contenido provocaron su derogación.
Estas son algunas consecuencias de la votación de este miércoles en el Congreso.
Lo que cae: subsidio para mayores de 52, vivienda...
–Recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años. El PP restringió esta ayuda con varios decretos: elevó su edad de acceso a 55, redujo la cotización de la Seguridad Social para su jubilación y obligaba a jubilarse de manera anticipada si el trabajador tenía posibilidad de ello. La recuperación del subsidio afectaba a unos 114.000 desempleados, según los cálculos del Gobierno socialista.
–Subida del 2% del IPREM. Este indicador, utilizado para determinar el acceso a las ayudas a vivienda, becas, subsidios por desempleo o asistencia jurídica gratuita, iba a subir a los 548,6 euros, tras la congelación del año pasado.
–Aumento de las ayudas contra la pobreza infantil. Las ayudas por hijo a cargo para familias desfavorecidas se duplicaban hasta los 588 euros anuales para los hogares en pobreza severa.
–Permisos de paternidad de ocho semanas. Actualmente el permiso de paternidad es de cinco semanas voluntarias e intrasferibles.
–Subida del IRPF para rentas a partir de 130.000 euros; limitación de exenciones en Sociedades y tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y del 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos. Otras propuestas fiscales que se caen son el mayor control de las sicavs; la reducción del IVA de publicaciones digitales y productos de higiene femenina; la subida de la tributación del diésel. La tasa Google y a las transacciones financieras no puede aprobarse ni por decreto ni en presupuestos, al ser medidas de nueva creación, y continúan su trámite parlamentario.
–Aumento del 59% del presupuesto de dependencia y del 41% de vivienda. En este último capítulo se incluían las políticas para impulsar la construcción de 20.000 viviendas de alquiler asequible.
–Eliminación del copago sanitario para pensionistas con rentas bajas y colectivos más vulnerables.
–Subida del presupuesto para becas en 150 millones.
–Recuperación de la partida para Memoria Histórica, con 15 millones de euros que se iban a destinar al “derecho a la reparación de las víctimas del franquismo”.
–Otra partida que decae son los 12.181 millones de euros que el Estado había destinado en los PGE para inversiones reales en las distintas Comunidades Autónomas. Otro apartado de reparto de los presupuestos entre las autonomías es el de las transferencias, que el Estado había incrementado en 2.250 millones de euros para alcanzar la cifra de 28.234 millones de euros, un 8,7% más que lo presupuestado en 2018.
–El proyecto de Presupuestos Generales del Estado también preveía una inversión en infraestructuras de 10.030 millones de euros. La mitad de esta partida iba para Ferrocarriles, con una dotación de 5.041,3 millones de euros, sin contar inversiones de Renfe Operadora por importe de 378 millones. Para Carreteras se destinaron 2.328,48 millones; Puertos tenían 829,87 millones; y Aeropuertos, 689,45 millones.
Lo que se mantiene por decreto: pensionistas, SMI...
–Aumento de todas las pensiones un 1,6% y de las mínimas y no contributivas el 3%, así como subida de la base de cotización de las pensiones de viudedad..
–Subida salarial para los empleados públicos de al menos un 2,25%.
–Aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros en 14 pagas.
–Subida de las bases de cotización (7% las máximas, 1,25% la base mínima para los trabajadores autónomos, un 22% las bases mínimas en el Régimen General).
–Mayor protección social para los autónomos y la subida de la cotización mínima a 5,3 euros al mes para autónomos personas físicas y 6,8 euros al mes para los autónomos societarios.
–Prórroga del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED), para desempleados de larga duración que han agotado otras ayudas.
–Prórroga de un año de la cláusula de salvaguarda de las pensiones de los desempleados desde 2013 y los trabajadores que salieron de sus empresas en ERE o acuerdos suscritos antes del 1 de abril de ese año, para que puedan seguir jubilándose con las condiciones previas a la reforma de las pensiones de Zapatero.
–Retorno de la jubilación forzosa por convenio. Permite retirar sin indemnización a un trabajador cuando este alcanza la edad legal de jubilación, pero siempre y cuando tenga derecho al 100% de su pensión y así lo establezca su convenio colectivo.