En un inaudito ejercicio de opacidad, el Gobierno aprobó el último día de julio los Presupuestos Generales del Estado sin dar apenas información pública. Pese a ser la ley vertebral del Estado, que dota de presupuesto todos los programas, el Ejecutivo escamoteó la rendición pública de cuentas y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no compareció ante la prensa. Fue el presidente del Gobierno el que apareció tras el Consejo de Ministros, pero solo detalló vaguedades como la cifra de gasto social (un 53% del total del gasto frente al 54% del año pasado) y dejó toda la faena para el martes, cuando las cuentas lleguen al Congreso de los diputados.
El gasto social pierde peso así en el conjunto del presupuesto y apenas crece un 0,4% respecto a 2015. Cabe recordar que el grueso del gasto social lo conforman las pensiones y en segundo término el gasto en prestaciones por desempleo que se prevé caiga con fuerza. El resto de partidas son menores (en cuanto a peso) como ayudas a familias, becas o dependencia y no han sido detalladas.
De esta forma, aunque el Proyecto de Ley ya está aprobado, los españoles no conocerán hasta cuatro días después ni las partes más básicas de su contenido. Cabe resaltar que el martes se presentan todas las cuentas públicas y el desconocer los ejes por adelantado (como se ha hecho a lo largo de la democracia) dificulta mucho la labor fiscalizadora de los medios. El presidente sí tuvo tiempo para adelantar que si gobernaba en la siguiente legislatura continuaría con las bajadas de impuestos.
Ante los escasos y vagos detalles que ofreció el presidente (la subida de la I+D será “muy importante” aseguró), hubo que esperar a la escueta nota de prensa y el Power Point de 5 páginas (contando la portada) que no dieron mucho más de sí. Cierta sorpresa por el lado del gasto ya que la partida de inversiones reales crece algo menos que el año pasado, con una mejora del 4,6% y apenas una décima más de peso en el conjunto del presupuesto. Cabe destacar que tanto 2015 coom 2016 han sido años electorales donde es habitual que se aumente el desembolso en obra pública. También suben con fuerza los activos financieros, partida en la que se recogen créditos a empresas públicas.
Sí hay una importante subida de los gastos de personal, que anticipan varios fenómenos que incidirán en la masa salarial de los funcionarios: una subida del 1% de los sueldos, la devolución de parte de la paga extra, la devolución de algunos días libres que se les habían suprimido y los acumulados por antigüedad (conocidos como canosos). Pero también una previsible convocatoria de oposiciones ya que se ha elevado el límite de la tasa de resposición y se elevará al 50% de forma general (por cada dos plazas de funcionario que se pierdan se convocará una) y al 100% en los llamados sectores esenciales.
Para el clásico tridente electoral (funcionarios, obra pública y pensiones) al Ejecutivo le faltó poder sacar pecho con la subida de las pensiones, que se quedará en el mínimo legal del 0,25%. Eso sí, hay anunciados complementos a pensiones para determinados colectivos que actuarán como señuelo electoral.
Caen además los gastos corrientes (los que sirven para alimentar el engranaje del Estado) y también los gastos financieros que se relajan gracias al menor servicio de la deuda.
Ingresos desbocados
En las cinco páginas del Power Point no había espacio para las previsiones de ingresos del Estado, un elemento tan o más importante que el gasto ya que es el que lo alimenta, que venía sucintamente resumido en un párrafo de la nota de prensa. Según estos datos, los ingresos serán de 193.520 millones de euros, lo que supone una mejora del 4% respecto a 2015.
Al no haber dado explicaciones, no está claro si ese incremento ya considera el cambio a mitad de año de la rebaja de impuestos con la bajada del IRPF. La cifra es muy elevada como ya lo era la previsión para este año 2015. Así Hacienda calculaba que en 2015 se recaudarían 186.000 millones de euros, lo que supone una cifra récord que llevaba los ingresos a los años del boom del ladrillo.
Por partidas, en 2015 Montoro esperaba recaudar 73.000 millones de euros en concepto de IRPF. En las cuentas aprobadas ayer espera recolectar 75.432 millones, un incremento del 3,4%.
Sin embargo, la ejecución presupuestaria no parece estar yendo en la misma dirección que las optimistas previsiones del Gobierno. El economista José Carlos Díez estima que para final de este año la recaudación puede quedarse en 71.100 millones de euros, es decir, por debajo de lo presupuestado el año pasado y a años luz de las nuevas previsiones del Ejecutivo.
Lo cierto es que Hacienda se ha equivocado sistemáticamente a la hora de elaborar sus previsiones de ingresos. Por ahora, con la liquidación de 2014, ya se ve un desfase de al menos 1.400 millones de euros frente a lo presupuestado inicialmente. De esta forma, recuerda Díez, el Ejecutivo va elaborando las cuentas públicas con previsiones de liquidaciones que luego no se ajustan a la realidad. Díez advierte de que el agujero puede ser aún mayor en los ingresos si se tienen en cuenta las cotizaciones sociales. Si para 2015 se esperaban 109.000 millones de euros en ingresos por cuotas, Díez cree que se pueden quedar casi 10.000 millones de euros por debajo. En total, una diferencia de 15.000 millones de euros que el economista recuerda que tendrá que gestionar el próximo Gobierno.
La previsión de ingresos por cotizaciones no se recoge en la escasa información ofrecida este viernes. Y tampoco hay una previsión de afiliados a la Seguridad Social. Eso sí, hay una previsión de ocupación del empleo (un 3% en 2016) que la Autoridad Fiscal Independiente ve con un sesgo optimista. La entidad, que pone nota a las previsiones del Estado, cree que la creación de emplo se quedará alrededor del 2,5% y que será muy difícil que la tasa de paro baje del 20% (el Ejecutivo espera un 19,7%). Además, recuerda que el consenso del mercado de un 0,5% de subida de salarios frente al 1,4% al que aspira el Ejecutivo.
Hacienda da también la previsión de ingresos por Sociedades en 2015 (un 5,5% más) y por IVA (un 4% más) aunque no espera apenas mejora en los Impuestos Especiales que están relacionados con la gasolina o el alcohol.