Las promesas de los partidos en vivienda para el 23J: alquiler social y público, plan antiokupas o censurar la Nueva Bauhaus

La política de vivienda es una de las cuestiones donde más se diferencian las estrategias y planteamientos ideológicos de izquierda y derecha. Y en los programas electorales de cara al 23J esta dicotomía queda patente.

PSOE y Sumar llevan a las elecciones el refuerzo del parque público de vivienda, para que el porcentaje de pisos en alquiler a precios asequibles esté más cerca de lo que ocurre en otros países europeos. Mientras, PP y Vox se centran en la ocupación y en la derogación de la Ley de Vivienda, que no lleva ni tres meses en vigor.

Analizamos qué proponen los programas electorales de PSOE, Sumar, PP y Vox en materia de vivienda.

PSOE, las 183.000 viviendas que prometió Sánchez

El PSOE asegura que “hacer asequible la vivienda es el gran caballo de batalla de la próxima legislatura”. Gran parte de las medidas se centran en el alquiler, pero hay hueco para la vivienda en propiedad. 

En cuanto al alquiler, la creación de un parque público de 183.000 viviendas es una de las grandes promesas electorales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero no solo para estas elecciones. Ya lo fue para las autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. Entonces, en diferentes comparecencias, Sánchez enumeró cómo aspiraba a construir ese parque público. Se trata de una de las asignaturas pendientes de las diferentes administraciones porque en España menos de un 2% de las viviendas está dentro de este parque de viviendas en alquiler a precios asequibles, mientras que en Países Bajos, por ejemplo, llega a ser el 30%. “Queremos construir 183.000 viviendas públicas para alquiler y garantizando que la mitad vaya destinada a jóvenes”, recoge el programa socialista. En este tema explicamos de dónde salen esas 183.000 viviendas que prometió Sánchez.

Además, la hoja de ruta para la próxima legislatura incluye que el 30% de las viviendas promovidas a través de cualquiera de las líneas del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, serán destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años. También, dar continuidad al Bono Joven de Alquiler para que se convierta en una medida a largo plazo ampliando la financiación para llegar a toda la población joven. 

Esta última ha sido una medida polémica. Por un lado, porque muchas comunidades autónomas han tardado meses en conceder estas ayudas o, en algunos casos, las han dejado en el limbo, sin llegar a otorgarlas. Cabe recordar que son las administraciones regionales las que tienen las competencias en vivienda, aunque el Estado puede diseñar un marco común. Por otro lado, porque los expertos en vivienda dudan de la efectividad de una ayuda que puede suponer más presión sobre unos precios que ya están tensionados.

En paralelo, el PSOE también pone el foco en la vivienda en propiedad, principalmente dando continuidad a una medida que ya está en marcha. Se trata de los avales para la compra de vivienda de jóvenes o familias con menores a cargo, que el Gobierno de coalición aprobó en mayo. “Desarrollaremos y aplicaremos la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años el sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes con el objetivo de posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas”, asegura el PSOE. 

Además de dar continuidad a una medida ya aprobada en el Consejo de Ministros, la formación socialista asegura que apoyará a los jóvenes para el acceso a la vivienda en régimen de propiedad en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes y que dará ayudas directas para el acceso a la vivienda habitual en régimen cooperativo o en promociones de cohousing. También, tiene previsto aprobar “un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico”.

Aquí se puede consultar el programa completo del PSOE para las elecciones del 23J.

Sumar, precios de referencia y un parque público de dos millones de casas

El programa electoral de Sumar se centra en el alquiler. Parte de una premisa: “La apuesta histórica por la especulación, el urbanismo sin control y la falta de regulación del mercado inmobiliario ha provocado una situación de crisis habitacional. Una crisis que es múltiple y está causada por un modelo inmobiliario que antepone la vivienda como inversión al derecho ciudadano”, asegura la coalición encabezada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Y la prioridad es construir un parque público de vivienda en alquiler. “Nuestro modelo es Europa, es Viena. Queremos un parque de vivienda a la europea”, afirma Sumar. En Austria, el parque público supone casi el 25% del total de inmuebles. “Invertiremos sostenidamente, durante diez años, el 1% del PIB en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un verdadero parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible de más dos millones de viviendas protegidas en los siguientes diez años”, afirma. No detalla cómo se financiará, pero sí que se utilizarán herramientas públicas como Sareb. También, que “sin una inversión importante y constante no será posible hacer crecer el parque de vivienda protegida de alquiler social y asequible para situarlo a la altura de Europa”.

También detalla que “de forma expresa” se prohibirá la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las administraciones (específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y Defensa). Con una salvedad, su transmisión gratuita a entidades públicas para su transformación en parque público o en proyectos público-privados de alquiler.

Sumar apunta a la Ley de Vivienda como punto de partida, pero reconoce que hay que ir más lejos de lo acordado en esta última legislatura. Por ejemplo, en lo relativo al alquiler social obligatorio para grandes tenedores o el desarrollo de un régimen sancionador. Al igual que regular el alquiler turístico y el de temporada, una trampa que permite esquivar la ley. Y quiere que tanto el Estado como los ayuntamientos puedan instar a las comunidades autónomas a declarar mercados tensionados, para que puedan ponerse en marcha los mecanismos de tope de precios que prevé la ley. Y, si nadie lo pide, hará “obligatoria la declaración de zona de mercado tensionado en las áreas geográficas en las que se cumplan objetivamente los requisitos que la Ley de Vivienda establece, aplicando así la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado sin depender de la voluntad política del Gobierno autonómico”. 

Sumar quiere ir más allá en la regulación por dos vías. Una, “mejorar el conocimiento sobre la evolución de los alquileres estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España”.

La segunda vía, establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminando las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y estableciendo un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia.

Hay más medidas, como un registro de viviendas vacías, donde los últimos datos oficiales apuntan que hay casi cuatro millones de inmuebles sin habitar. En las áreas de mercado tensionado, Sumar se compromete a estudiar si “conviene condicionar las autorizaciones administrativas de compraventa de vivienda a que el comprador resida en la misma, la destine a alquiler habitual de larga duración o a un alquiler protegido”. 

Aboga por aumentar “la duración mínima de los contratos de arrendamiento de vivienda tendiendo a que sean indefinidos con causas de resolución excepcionales para proteger al propietario”. Aspira a crear juzgados especializados en la materia de vivienda para resolver los conflictos que genere el derecho a la vivienda, que sea obligatoria la portabilidad de las hipotecas, impulsar “recursos y métodos de inspección para la persecución de las prácticas de acoso inmobiliario” y crear un registro obligatorio de fianzas del alquiler. Además, Sumar propone un bono de emergencia de 1.000 euros para los hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual que sufren la fuerte alza de los tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo.

En esta noticia puedes consultar las principales medidas que propone Sumar en política económica.

El PP quiere más suelo, derogar la Ley de Vivienda y medidas 'antiokupas'

Gran parte de las propuestas del PP en vivienda de cara a las elecciones del 23J se conocen desde hace semanas. A mediados de abril, Alberto Núñez Feijóo presentó sus planes en un acto con las nuevas generaciones de su partido. Una receta basada en un ingrediente: “Suelo, suelo, suelo público para construir”, en palabras del candidato conservador.  

El PP propone un pacto de Estado, que pasa por derogar la Ley de Vivienda “que ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda”, asegura. Un pacto de Estado, con comunidades y ayuntamientos, para construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente, pero no entra en detalle de cómo hacerlo. 

Sobre el suelo, propone movilizar aquel que sea de titularidad pública y que esté enfocado en otros usos para destinarlo a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como de dominio público, “con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible”, pero no pone cifras. Sólo que promoverá la vivienda social “con objetivos coherentes y realistas, como elemento fundamental para hacer frente al problema de la vivienda en España”.

Otra medida que propone no difiere en exceso de los avales propuestos por el PSOE, para ayudar a los jóvenes a tener una vivienda en propiedad. En el caso del PP, habla de un programa de avales para personas de hasta 35 años “a fin de garantizar la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda”.

Antes de las elecciones municipales y autonómicas, el PP también desglosó que quería más incentivos fiscales, por ejemplo, para que entren en el mercado de vivienda las casas vacías, pero en el programa no los detalla.

En lo que sí entra es en las medidas para frenar la ocupación, por ejemplo para que las personas que estén ocupando –sin diferenciar por qué motivo lo hacen– sean expulsadas del censo y no puedan solicitar ningún tipo de ayuda social. En esta información analizamos qué consecuencias tendría esa decisión. De hecho, ahonda más en la ocupación que en las propuestas generales en materia de vivienda, en línea con el cambio de discurso impulsado por la derecha para cambiar el relato sobre el derecho a la vivienda.

El partido encabezado por Núñez Feijóo menciona en su hoja de ruta electoral la defensa de la “propiedad privada de los españoles”. Quiere crear unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que estén especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal, además de Unidades de Actuación Inmediata, que actuarían, afirma, antes de que se produzcan las “ocupaciones inminentes”. 

También quiere reforzar las penas por delitos de usurpación, que es la definición penal del delito de ocupación, para que sean penas de hasta tres años de cárcel. Habla también de mejorar “la protección legal frente a la actuación de las mafias, introduciendo el supuesto de que la ocupación ilegal se realice por un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones”; y de dotar a las comunidades de propietarios de medios de defensa jurídica en la Ley sobre Propiedad Horizontal para la protección de la convivencia vecinal, legitimándolas para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades.

En cuanto a los desalojos, en casos de ocupación –de nuevo sin diferenciar el motivo o si se trata de familias en situación de vulnerabilidad– el PP afirma que los agilizará para que puedan realizarse en el plazo máximo de 24 horas “desde el requerimiento si los ocupantes no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble y de modo inmediato en caso de flagrante delito”, sin más detalle sobre la supervisión judicial de estas actuaciones. También habla de crear oficinas municipales contra la ocupación ilegal. Teléfonos que ya existen en Madrid, Galicia o Murcia, con escaso éxito en cuanto al número de llamadas.

Aquí puedes consultar el programa completo del PP para el 23J

Vox, menos impuestos, no a los 'okupas' y a la Nueva Bauhaus

En vivienda, Vox apunta tanto a medidas 'antiokupas', como a liberalizar suelo para construir más inmuebles, hacer crecer el parque público o rechazar lo que llama “proyectos globalistas como la llamada Nueva Bauhaus europea”.

Al igual que el PP, habla de derogar la legislación en vigor que, como otras aprobadas en la última legislatura, forma parte de los compromisos con Bruselas para recibir los fondos europeos y su incumplimiento puede conllevar sanciones. “Derogaremos la Ley por el derecho a la vivienda aprobada por el Gobierno de Sánchez”, obviando que se aprobó –como toda ley– tanto en el Congreso como en el Senado. “No contribuirá a conseguir vivienda más asequible, hundirá el mercado del alquiler, altera el contenido esencial del derecho de propiedad consagrado en el artículo 33 de la Constitución y ampara la ocupación ilegal”. “Ignora los problemas reales en este ámbito y sus causas”, apunta el programa electoral de Vox. En este tema, explicamos por qué la Ley de Vivienda no es un chollo para los 'okupas'.

Vox habla de “tolerancia cero con la ocupación ilegal”. Asegura que reformará tanto del Código Penal como de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil para proteger real y efectivamente a los propietarios y que “todo español debe tener la capacidad de defenderse a sí mismo y a los suyos ante una agresión en su propio hogar”. También cita la expulsión del censo de aquellas personas que ocupen.

Vox promete la creación de “un registro de datos históricos de zonas afectadas por la ocupación” e impulsar el seguimiento pormenorizado de todos los casos que se produzcan, así como la asistencia integral a las víctimas de ocupación; y eximirá “a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente del pago del IBI durante el periodo de ocupación ilegal del inmueble”.

En cuanto al suelo, esta formación aboga por liberar todo el que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional y quiere impulsar una nueva Ley del Suelo que “prevea la liberación del suelo secuestrado por ayuntamientos y comunidades autónomas para el beneficio de los partidos y de políticos corruptos”.

En impuestos, eliminará el IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual y recuperar las deducciones y más beneficios fiscales para los propietarios que alquilen, pero no da cifras. Buscará homogeneizar la normativa turística en materia de viviendas con fines turísticos y afirma que los “barrios no pueden convertirse en parques temáticos”.

Sin dar detalles sobre inversión y número de casas, quiere impulsar “la construcción viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra para garantizar que los jóvenes y familias puedan adquirir un hogar” y que aumentará el parque de viviendas de protección oficial. Y tiene planes para la Sareb, que actualmente tiene 2027 como fecha tope para su disolución. “Habilitaremos una plataforma auditada de peticiones para que, manteniendo la Sareb la titularidad de los activos, sean los Ayuntamientos los que soliciten” al banco malo “en función de la demanda y las necesidades habitacionales, la cesión temporal de los activos y el suelo urbanizable para alquiler social”. Una cesión de activos que ya se está llevando a cabo. 

Vox se compromete a promover “un urbanismo amable para las familias, arraigado y armonioso con el entorno, fomentando la rehabilitación de los estilos regionales y la protección de las fachadas tradicionales, incluyéndolos en los catálogos de bienes de interés cultural”. Y, en paralelo, rechaza “proyectos globalistas como la llamada Nueva Bauhaus europea que impulsan los burócratas de Bruselas, que, con la coartada del fanatismo climático y la eficiencia energética de los edificios pretende uniformizar la realidad de nuestras ciudades”.

En esta información puedes consultar qué propone Vox en su programa electoral.

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