El primer bloque de la reforma de pensiones está en el horno, en el de la negociación con los agentes sociales, y el ministro responsable de ella ha desvelado esta tarde en qué punto. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado este lunes en el Congreso sus planes para revalorizar las pensiones anualmente en base al IPC, modificar la jubilación anticipada voluntaria (con más penalizaciones en los casos de retiro más temprano y de pensiones más altas y menos en la mayoría de casos) y para aumentar el 'premio' por retrasar el retiro más allá de la edad legal de jubilación. Esta última medida incluye la propuesta de una compensación de pago único de hasta 12.000 euros por cada año que se retrase la jubilación.
José Luis Escrivá ha comparecido esta tarde en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para explicar a los partidos políticos cómo avanza la negociación sobre la reforma de las pensiones en el diálogo social, una reforma que ha comprometido también a Bruselas. El ministro ha subrayado que las medidas desgranadas no son decisiones ya tomadas, sino las propuestas del Gobierno y puntos todavía en discusión en la mesa de diálogo con patronal y sindicatos, con los ha confiado en llegar a un acuerdo pronto.
Este primer bloque de la reforma, dentro del calendario de cambios por fases hasta final de 2022, pretende mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y retrasar la edad efectiva a la que se retira la población (64,6 años) mediante incentivos, para que se acerque más a la edad legal de jubilación, de 66 años en 2021.
Nuevo índice de revalorización
El ministro ha vuelto a expresar que este acuerdo se cerrará “en breve” en el diálogo social. algo que lleva afirmando desde hace bastantes semanas. La intención del Ejecutivo es que la nueva fórmula de revalorización anual de las pensiones, que suceda al IRP del 0,25% de Mariano Rajoy, “sea algo sencillo y fácil de comprender, que esté basado en el IPC y que sea evaluado cada 5 años por el Pacto de Toledo”.
¿Cómo es la fórmula? La propuesta actual pasa por revalorizar las pensiones según el IPC del año anterior, pero –en caso de que haya deflación (IPC negativo)– las pensiones no bajarán y se ajustará esa ganancia de poder adquisitivo en la revalorización de los tres años siguientes. Este ajuste, que restaría esa ganacia de poder adquisitivo en los años próximos, no afectaría a las pensiones mínimas, ha dicho el ministro.
Nuevos desincentivos en la jubilación anticipada
La reforma de la jubilación anticipada voluntaria es más compleja e incluye varias medidas.
Por un lado, el Gobierno quiere desincentivar más la jubilación anticipada de las personas con pensiones más altas, como ya ha anunciado el ministro Escrivá en muchas ocasiones. ¿Cómo? Aplicando los coeficientes reductores en la cuantía de la pensión y no en la base de cotización, como sucede en la actualidad. Así, José Luis Escrivá pretende equiparar en la práctica los porcentajes reductores que afectan a los pensionistas con pensiones más altas con los que se aplican al resto de pensionistas. Esta equiparación, que endurecerá el retiro anticipado de los trabajadores con salarios más altos, la plantea de manera progresiva, para que se culmine en un margen temporal de seis años.
Esta medida, que el ministro considera que acaba con un sistema “inequitativo” y “regresivo”, cuenta de momento con la oposición de los agentes sociales, según fuentes del diálogo social. El motivo es que los trabajadores con salarios más altos ya sufren una reducción de su pensión respecto a lo que han cotizado al estar topada la pensión máxima, por lo que algunas voces entienden que se penalizaría doblemente a este colectivo.
Por otro lado, Escrivá pretende modificar los coeficientes reductores –que serían mensuales y no trimestrales como ahora– para penalizar más los retiros más prematuros. Es decir, el Gobierno propone aumentar las penalizaciones los dos primeros meses en los que una persona se pueden retirar de manera anticipada (dos años antes de la edad legal de jubilación y dos años menos un mes antes) y, por el contrario, reducir los coeficientes penalizadores a partir de entonces. ¿El objetivo? Limitar los retiros anticipados al menos unos meses, explican en la Seguridad Social, que aunque parezca muy poco, de manera agregada el Gobierno sí prevé que tenga importantes efectos.
Además, el nuevo esquema de incentivos se endurecería también en los últimos meses en los que un trabajador puede retirarse de manera anticipada, en concreto en los últimos tres meses anteriores a cumplir la edad legal de jubilación, con el objetivo de que el trabajador o trabajadora aguante hasta alcanzar la edad legal y no se retire de forma anticipada.
Hay que recordar que el esquema de coeficientes reductores varía en función del periodo cotizado por los trabajadores, de manera que se penaliza algo menos a los que más han contribuido al sistema con carreras laborales más largas. Un ejemplo práctico: el coeficiente reductor planteado por adelantar la pensión dos años sería del 21% en los casos de carreras de menos de 38 años y 6 meses cotizados, del 19% cuando las carreras sean de más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses, del 17% en caso de carreras de más de 41 años y 6 meses cotizados y menos de 44 años y 6 meses, y por último del 13% para las personas con carreras de más de 44 años y medio cotizados.
Premiar más el retiro demorado
El ministro también ha explicado su intención de aumentar los incentivos al retraso voluntario de la jubilación más allá de la edad legal para hacerlo, de 66 años este 2021. Se trata de premiar más la que se conoce como jubilación demorada. Para ello, el Gobierno plantea varias opciones elegibles por el ciudadano, que en todo caso aumentan los incentivos actuales:
1) Un incremento porcentual de la cuantía de la pensión de un 4% por año de demora, frente al modelo actual que tiene incentivos entre un 2% y el 4%.
2) Recibir una cantidad única en el momento de la jubilación en lugar del aumento porcentual de la pensión. La cantidad propuesta por el Gobierno es de hasta 12.060,12 euros por año de retraso, que podrían recibir las personas con derecho a la pensión máxima y con una larga carrera de cotización (más de 44 años y medio). Esa cantidad a tanto alzado varía según lo cotizado por el trabajador. La cuantía mínima de este 'premio' único sería de 4.786,27 euros por año de retraso, en el caso de las pensiones más bajas y con carreras laborales inferiores.
3) Una combinación de la cantidad a tanto alzado en el momento de la jubilación más el incremento mensual de la pensión, que el ministro no ha concretado en cuantías.
Limitar la jubilación parcial
El Ejecutivo pretende también revisar la jubilación parcial, que permite reducir la jornada (y el salario) mientras se compatibiliza con parte de la pensión. Escrivá ha explicado que el Gobierno pretendía impedir la posibilidad de concentración de jornada, para evitar que la jubilación parcial se utilice como mecanismo de jubilación anticipada “encubierto”. Sin embargo, fruto del diálogo social ya ha flexibilizado este plantemiento y ahora propone que se permite la concentración de jornada “hasta 60%” en el primer año y que se está valorando “una posible acumulación completa al inicio de la jubilación parcial en aquellas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros”.
Prohibir la jubilación forzosa
José Luis Escrivá ha defendido también la intención de prohibir la jubilación forzosa, por la que los convenios colectivos establecen cláusulas que posibilitan la extinción del contrato del trabajador por parte del empresario cuando cumple la edad legal de jubilación (y tiene acceso al 100% de su pensión). El ministro de la Seguridad Social ha subrayado que España es “una excepción en Europa” en este sentido y ha recordado que la OCDE llama a restringir “la jubilación obligatoria por parte de los empleadores”.
Escrivá ha apuntado que, fruto del diálogo social, la posición del Ejecutivo también se ha flexibilizado, con la nueva propuesta de prohibir de estas cláusulas de jubilación forzosa a edades “inferiores a los 68 años”. Además, ha afirmado que se valorarán políticas activas para incentivar la permanencia de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral y el establecimiento de un período transitorio “de un año” tras la finalización de los convenios que actualmente tienen estas cláusulas en vigor.
Nueva cotización de los autónomos
El último elemento de este primer bloque, ha añadido el ministro, es la reforma de cotización de los autónomos para que pase del actual sistema elegible a un sistema de cotización en función a sus ingresos reales. El ministro ha comunicado que se ha creado una mesa ampliada de negociación con los agentes sociales y las asociaciones más representativas de los autónomos (ATA, UATAE y UPTA) para abordar esta cuestión, que se concreta en situaciones “muy heterogéneas” entre los autónomos.
Escrivá ha afirmado que la intención es aprobar “una reforma gradual a partir de enero de 2022, con un periodo transitorio que está por determinar” de aplicación del nuevo sistema de cotización, que tendrá en cuenta tramos de ingresos. Por el momento, la propuesta del Ejecutivo es de 13 tramos de ingresos, que adaptan la contribución a la Seguridad Social a las ganancias de los trabajadores, como recomendó el Pacto de Toledo.
La previsión del Gobierno es que los trabajadores autónomos elijan provisionalmente su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año.