La protección social en España pasa por el empleo: la mayoría de las prestaciones y ayudas sociales contienen como requisito estar inscrito en los servicios públicos de empleo y -en muchos casos– estar en búsqueda activa de trabajo. Son las oficinas de empleo, saturadas por la actual carga de trabajo, las que tienen que canalizar estas ayudas: actualmente, casi tres millones de personas cobran una prestación o subsidio por desempleo, y 235.158 perciben la renta activa de inserción (RAI).
La RAI era el último recurso para las personas que no percibían otros subsidios, pero en julio el Gobierno endureció los requisitos para percibirla y ahora solo pueden acceder a ellas desempleados mayores de 45 años, que hayan extinguido otras prestaciones y cuyo nivel de renta no supere el 75% del salario mínimo interprofesional. Desde entonces, el número de beneficiarios ha descendido, pero aún se mantiene en niveles no muy lejanos a los del punto más alto de la crisis debido al incesante aumento de parados de larga duración y personas que agotan sus prestaciones.
Entre las 235.158 personas que cobran la renta activa están también mujeres víctimas de violencia machista, emigrantes retornados y presos que han salido de prisión. A estos tres grupos no se les exige haber trabajado anteriormente, pero sí estar dados de alta en las oficinas de empleo, por lo que engrosan las estadísticas oficiales de parados. Todos ellos cuentan también para calcular la tasa de cobertura del sistema, actualmente en el 61,5%. Es decir, sus prestaciones también se tienen en cuenta para explicar el grado de protección que las prestaciones de desempleo dan a los parados.
Para Miguel Laparra, director de la cátedra Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la Universidad Pública de Navarra, el sistema de protección social en España carece de coherencia: “En otros países hay programas más generales en el que se incluye el nivel asistencial, aquí vamos sumando unos programas a otros, cada uno con sus características, sin que haya una coherencia general”. Laparra apuesta por una reforma integral que aumente la protección social y que garantice la cobertura a todas las personas con bajos ingresos. “Es urgente y viable económicamente”, remarca Laparra.
También Gabriela Jorquera, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), cree que el panorama actual es “confuso e insuficiente”. “En muchos casos no se toman como un derecho de las personas, sino como un favor que les hacen las administraciones”, señala.
La red autonómica
El último colchón lo ofrecen las comunidades autónomas: en todas existen sistemas de garantía de ingresos, pero sus requisitos, condiciones y cuantías son muy dispares. En 2011, unas 554.000 personas cobraron alguna de estas ayudas asistenciales de las comunidades. “En algunas funciona bastante bien, en otras, su presencia es testimonial o casi inexistente. Precisamente, las que más nivel de cobertura tienen no son las que lo necesitan”, explica Miguel Laparra.
Laparra se refiere a País Vasco y Navarra: las dos comunidades con menos paro son precisamente las que más y mejor cobertura social tienen. Son también las que más PIB per cápita tienen, junto a la Comunidad de Madrid, y las que menos tasas de pobreza registran.
En 2012, el gasto ejecutado en rentas activas de inserción y ayudas a la exclusión social de las comunidades fue de 926 millones de euros. Según un informe del sociólogo Luis Sanzo para EAPN, el 42% de todo este gasto correspondió al País Vasco. Por detrás, Cataluña, con el 17,3% del gasto; y Andalucía, con el 9,3%. La Rioja, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Cantabria y Baleares, aportaron menos de 1% de ese gasto, respectivamente.
El volumen de las ayudas es también muy diferente: en Navarra se dan las más cuantiosas –de un mínimo de 641,4 euros para una persona hasta un máximo de 962 euros para un hogar con seis personas o más–, mientras que en Murcia están las más escasas, desde 300 euros a 590 para los hogares numerosos.
En todos los casos, una de las condiciones para percibir estas ayudas es haber estado empadronado en la comunidad correspondiente, generalmente durante al menos un año. “Es un requisito que desde luego no ayuda a promover que la gente se mueva para buscar empleo”, dice Jorquera, que también menciona que algunas comunidades dan estos subsidios sin limitación temporal, mientras en otras tan solo puede cobrarse durante seis meses o un año.