El Día Mundial del Hábitat y el Día Internacional del Inquilino han llevado a diferentes organizaciones sociales a protestar en la Gran Vía madrileña por la falta de vivienda social y la fragilidad del actual derecho a una vivienda accesible y digna.
La acción ha sido promovida por Plataforma Antidesahucios (PAH), Amnistía Internacional, Nadie son hogar, Plataforma Cañada, Somos San Diego, pensionistas que no pueden pagar sus suministros, inquilinos fuera de contrato y sanitarios, entre otros.
El objetivo de este acto es instar a acelerar la tramitación de la Ley de Vivienda, paralizada en el Congreso de los Diputados, que garantice, apuntan, este derecho y ponga límites a la especulación.
Para ello, han colocado cajas de cartón en la arteria madrileña, como símbolo de la fragilidad de este derecho que aboca a vivir entre cartones a muchos ciudadanos, ante las dificultades para acceder a una vivienda accesible.
“Hoy ocupamos la Gran Vía de Madrid para demostrar públicamente la fragilidad de nuestro derecho a la vivienda en este país”, indica Laura Barrio, portavoz de la coordinadora de vivienda Madrid/PAH.
“Hemos sacado estas casas de cartón para evidenciar que si la Ley que se está tramitando no la reforzamos vamos a tener que meter nuestras vidas en cajas de cartón como estas”, argumenta.
“Reivindicamos para la Ley de Vivienda tres elementos esenciales, urgentes, que están siendo sistemáticamente bloqueados por el Partido Socialista. En primer lugar, la prohibición de los desalojos forzosos”, indica la PAH. “Desalojos de familias vulnerables que no tienen ningún otro lugar donde ir a vivir”.
“En segundo lugar”, indica la Plataforma, “el tope a los precios de los alquileres. Vamos a tener que poner freno a estas subidas abusivas y especulativas”.
“En tercer lugar”, concluye la PAH, “incorporar al parque público de vivienda en alquiler todas estas promociones a medio terminar, todas estas viviendas que acapara la Sareb”.
En el manifiesto de la acción, instan a que el alquiler social sea obligatorio para los grandes propietarios y la ampliación del parque público de vivienda. “Tenemos listas interminables de solicitudes de vivienda pública sin atender. Estas medidas frenarían los desalojos y desatascarían las listas de espera”, indica.
También reclaman medidas de protección al hipotecado. “Aprendamos de nuestra trágica experiencia de más de un millón de desahucios hipotecarios”. Por ello, indican la necesidad de una limitación de responsabilidad al bien, la dación en pago, medidas ante el sobreendeudamiento y de segunda oportunidad.
Por último, el manifiesto reclama “suministros garantizados y protección frente al sinhogarismo”, ya que sin ellos no se puede hablar de derecho a la vivienda.