Diego Bravo gestiona un pequeño concesionario de PSA en un barrio del sur de Madrid y cuenta los días hasta el 1 de septiembre. Entonces, entrará en vigor la nueva normativa de medición de emisiones de CO en los automóviles. Para esa fecha, los concesionarios y las marcas deberán haberse desprendido de aquellos modelos con más tiempo y cuya fabricación se hizo siguiendo el anterior protocolo. Bravo, como otros concesionarios, están acelerando la venta de ese stock.
Para ello, el sector está apostando por los fuertes descuentos en el precio del automóvil, con el objetivo de poder desprenderse de estas unidades. Después del 1 de septiembre, tendrá muy limitada la venta de estos vehículos y a partir del 31 de diciembre ya no se podrán matricular. Según Bravo, dependiendo de modelo y marca se puede llegar a descuentos de hasta 6.000 euros.
El resultado se ha visto en el mes de julio. Según datos de la patronal de fabricantes de automóviles, Anfac, las matriculaciones de coches superaron las 130.000 unidades, lo que supone un incremento de casi el 20%. Durante el primer semestre del año el incremento estaba siendo del 10%, lo que muestra la aceleración en las ventas de estos automóviles debido a la necesidad de dar salida a este stock. Para agosto se prevé que este incremento se mantenga.
El nuevo protocolo de medición de emisiones de CO2 entró en vigor en septiembre del año pasado, aunque es a partir del noveno mes de este año cuando sea el único sistema en vigor. Hasta ahora funcionaba el conocido como NEDC, que es el que cumplen los automóviles que ahora deben salir del stock de los concesionarios.
El WLTP, como se le conoce, conlleva un mayor número de pruebas en laboratorio, de mayor duración que los anteriores test. Se miden más características del vehículo y de su motor. Según explica la patronal Anfac, son pruebas que se asemejan más a la conducción real. Como resultado, la organización empresarial estima que los niveles registrados de emisiones de CO2 son un 20% superiores que con el NEDC.
Bravo, al igual que la industria, defienden que esto no significa que estos coches sean más contaminantes, sino que las mediciones son distintas. Además, el gestor del concesionario de PSA subraya que no son test limitados únicamente a los modelos diésel, los que más controversia generan actualmente, sino que todos tienen que cumplir con las nuevas exigencias, también los eléctricos o híbridos.
La limitación de ventas de los coches no adaptados al nuevo protocolo ha creado un importante stock de unidades en los concesionarios para vender entre julio y agosto. Además de las rebajas de precios, Bravo explica que los concesionarios están acudiendo a la herramienta de las automatriculaciones. Esta práctica supone que los concesionarios y las marcas matriculan a los vehículos ellos mismos para luego comercializarlos con kilómetro 0 a partir del mes de septiembre con mayores descuentos. Faconauto, la patronal de los vendedores de automóviles, también reconoció este mes esta medida. Se trata de una herramienta utilizada todos los meses para cumplir con objetivos de matriculaciones marcados por los fabricantes, pero que se está ampliando en julio y agosto.
Bravo señala que la prioridad en los concesionarios estas semanas es la de dar salida a los modelos de automóviles que no han pasado los nuevos exámenes en vigor desde septiembre sino los previos. Cuando se acerque el cierre del mes, las marcas medirán cuánto stock les queda y cuántas automatriculaciones tendrán que realizar. Los fabricantes pueden optar por adoptar los coches a los nuevos test, pero eso supondría unos costes mayores y no siempre sale a cuenta.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) apunta que esta política comercial de los concesionarios y los fabricantes puede ser una “oportunidad” para los consumidores al tener la posibilidad de obtener descuentos. Sin embargo, advierte que para aquellos que lo compren a partir del 1 de septiembre pueden tener que pagar un impuesto más alto de matriculación.
Impacto en la fiscalidad
La fiscalidad es la segunda derivada para el sector automovilístico con la entrada de un nuevo modelo de mediciones que da, de media, un 20% de valores de CO más altos. Este gravamen está asociado al nivel de emisiones de estas partículas. Según cálculos de la industria, de aplicarse estos nuevos cálculos, pasarían de pagar este impuesto un 20% de los coches matriculados a un 70%.
Sin embargo, avanzan que entre septiembre y final de año se calculará el impuesto con el resultado que habrían obtenido en el anterior protocolo. El problema podría llegar en 2019, según explica Anfac. La patronal asegura que está en contacto con el Gobierno bien sea para que esta medida transitoria se prolongue en el tiempo durante uno o dos años más, como confirmó la ministra de Industria Reyes Maroto, o para que se modifique el impuesto de matriculación a los nuevos niveles, que serán por sistema más altos. De no hacerse, los fabricantes aseguran que se podría perder el próximo año entre un 7% y un 10% de las ventas.
Este cambio de mediciones llega en un momento en el que el sector del automóvil hace frente a una creciente presión sobre los modelos más contaminantes y tras haber pasado en los últimos años por el fraude de Volkswagen en las emisiones de partículas contaminantes.
El principal señalado en este contexto es el diésel. El actual Gobierno ha llegado a plantear un impuesto específico para este tipo de modelos, que también han sido objeto de restricciones por parte de grandes urbes. Esta presión se está convirtiendo en un desplome de las ventas de vehículos diésel, que en julio suponían el 36% del total de ventas, cinco puntos porcentuales menos que en el arranque del año.
Esta caída podría afectar a la industria del automóvil en España por la gran importancia de los modelos diésel en su cartera. Desde Anfac se asegura que son fábricas “flexibles” y que pueden adaptarse a las “exigencias del consumidor”, siempre y cuando sea algo más escalonado y con planificación. Sin embargo, apuntan que todavía no se ha notado en el nivel de producción, que sigue siendo positivo.