El próximo Gobierno deberá decidir el futuro de cientos de megavatios (MW) de energía hidroeléctrica cuyas concesiones han caducado o lo van a hacer en los próximos años. Entre 2023 y 2027 vencen más de 330 MW, a los que se suman concesiones que han expirado ya y siguen en manos privadas, y otros más de 500 MW que va a caducar entre 2027 y 2030 y cuya extinción podrá iniciar el futuro ejecutivo, según la normativa.
De acuerdo con los datos que el Ministerio para la Transición Ecológica facilitó en una respuesta parlamentaria en 2021, de aquí a 2030 la potencia que va a caducar supera los 850 MW. El total que caducará en esta década ronda los 1.000 MW. Esta cifra equivale a la potencia instalada de una central nuclear. Supone en torno al 5% del total de la hidroeléctrica en España. El agua (hidroeléctrica y bombeo) ha aportado en torno al 13% de la producción de luz en lo que va de año, según datos de Red Eléctrica.
El destino de esa bolsa de MW, también la que venza tras el fin de la próxima legislatura, dependerá de quién llegue a Moncloa tras las elecciones generales del próximo 23 de julio. El artículo 164 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico señala que “los expedientes de extinción del derecho por transcurso del plazo de la concesión se podrán iniciar tres años antes de expirar su vigencia, de oficio o a instancia de parte”.
Las centrales hidroeléctricas, que obtienen sus ingresos con un bien de dominio público, el agua, están sujetas en España a un régimen de concesión administrativa temporal. Algunos de esos permisos han empezado a vencer ahora, aunque el grueso de la potencia va a tardar décadas en expirar. Pasado el plazo de la concesión, y tras declararse la extinción del derecho a explotarla, la ley dice que deben revertir a la Administración las obras que hayan sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento.
La nueva planificación hidroeléctrica, que preveía dar más poder al Estado en la gestión de estos recursos en las cuencas del Ebro y el Duero, acorta sensiblemente los plazos de las nuevas concesiones: con carácter general, a entre 20 y 30 años.
A preguntas sobre este asunto, Transición Ecológica no facilita datos sobre la situación actual de la potencia hidroeléctrica que ha vencido en esta legislatura o la de aprovechamientos cuyo permiso vencerá próximamente. El actual Gobierno “tenía que haber actuado ya en unas cuantas presas” con los correspondientes “preavisos” a las concesionarias, critica Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad.
No obstante, la nueva planificación hidrológica hasta 2027 aprobada este año da algunas pistas. En el caso de la mayor concesión que va a expirar próximamente (en 2024), la del Villalcampo I y II (Zamora), explotada por Iberdrola, con 206 MW, la idea inicial del gobierno era sacar el aprovechamiento a concurso público. Pero en 2022 Transición Ecológica inició el procedimiento para extinguir la concesión.
El aprovechamiento figura en la nueva Planificación de Transición Ecológica entre los que se va a reservar la Confederación Hidrográfica del Duero, junto a, entre otros, el de Villameca, un pequeño salto que explotaba Enel (dueña de Endesa) y que caduca ya en 2027, y otros que gestiona el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). En 2021, la potencia que gestionaba el Estado rondaba los 250 MW, a los que se sumaban otros cerca de 100 MW en manos de las comunidades autónomas.
En 2021, antes del shock energético provocado por la guerra en Ucrania, el Ministerio encargó un informe técnico para decidir el futuro de los aprovechamientos hidroeléctricos. Los trabajos comprendían un conjunto de “actuaciones derivadas de las extinciones de derechos al uso privativo del agua para producción hidroeléctrica, reversiones de infraestructuras y concursos de aprovechamientos hidroeléctricos”.
El objetivo era también la “identificación de oportunidades y necesidades de la estrategia de la administración hidráulica con relación al binomio agua-energía”. Y el estudio debía prestar especial atención a la detección de posibles ilegalidades en las prórrogas concedidas a los permisos de las presas más antiguas. El contrato se adjudicó en abril de 2022 a la firma NTT Data.
Ahora se abre un momento de incertidumbre sobre cuál va a ser el efecto del cambio climático en la producción hidroeléctrica, que debería quedar reflejada en la revisión del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno debe enviar a Bruselas antes del próximo 30 de junio.
Este documento previsiblemente incluirá un importante esfuerzo en centrales de bombeo, que requieren inversiones multimillonarias que difícilmente ejecutará el Estado y se adivinan como clave para aumentar en los próximos años el almacenamiento de energía y evitar el desperdicio de la creciente generación renovable, que ya supera la mitad del total.
Fuentes del Ministerio aseguran que su posición sobre las concesiones hidroeléctricas caducadas “no ha cambiado” y se remiten a lo que expresó la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en una comparecencia en el Congreso en agosto de 2021.
Entonces, la luz había empezado a dispararse, en plena polémica por los desembalses que protagonizó ese verano Iberdrola. La vicepresidenta había abierto la puerta a que una empresa pública gestionase las hidroeléctricas, como siempre ha defendido Unidas Podemos.
Una opción a la que Ribera siempre había sido reacia y que luego descartó Pedro Sánchez con el argumento de que no estaba recogida en el acuerdo del gobierno de coalición. La formación morada llegó a proponer una ley para ello que fue rechazada con los votos del PSOE, PP, Vox, Ciudadanos o PNV. La gestión pública de la energía y el rescate de esas concesiones sí se ha ido abriendo paso en algunas comunidades autónomas, caso de Catalunya.
En aquella comparecencia en la Cámara Baja en agosto de 2021, Ribera indicó que “es obvio que las cláusulas concesionales por las que se rigen las actuales explotaciones hidroeléctricas tienen muy poco que ver con la sensibilidad, las necesidades y el potencial de hoy” y esto “es importante tenerlo en cuenta en el momento en que se produce ese vencimiento” para que sus condiciones de explotación sean “razonables”. Y en esa línea iría el acortamiento de los plazos de concesión que fija la nueva planificación hidrológica, con excepciones como un concurso que sacó la Confederación del Duero que acabó siendo abortado.
A partir de ahí, dijo entonces la vicepresidenta, “se puede plantear una participación de proximidad de los actores locales en la explotación”, “una gestión centralizada a través de una empresa nueva, única, que gestione todas esas centrales”, o “soluciones mixtas, en las que en un caso se saca a concurso de nuevo, en otras hay una gestión de proximidad local y en otras se concentra en manos públicas”. La vicepresidenta puso el ejemplo de las concesiones que han pasado a manos de las confederaciones hidrográficas, entre las que ha sido pionera la del Ebro. Queda por despejar la incógnita de si esta cuestión estará recogida en los programas electorales de los partidos de cara al 23J.
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