El acuerdo presupuestario entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de vivienda conocido este lunes recupera algunos elementos ya pactados en el pasado entre ambas formaciones que por algún motivo no se llegaron a llevar a la práctica. Entre ellos destaca que los socialistas se hayan vuelto a comprometer a limitar las subidas abusivas de precios del alquiler.
La opción de limitar precios ya se firmó en octubre de 2018, pero el Gobierno socialista se resistió a incluirlo en el decreto que varió la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que propició un primer rechazo del texto por parte de sus socios. Finalmente, el texto fue aprobado ante la inminencia de una nueva convocatoria electoral. Cuando se firmó el primer acuerdo la subida de los precios de los alquileres estaba en un momento álgido, mientras que ahora están moderándose o al menos subiendo con menos virulencia.
“Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado” y “frenaremos las subidas abusivas del alquiler”, afirma el texto del acuerdo que se presentará esta tarde en el Congreso de los Diputados.
Aseguran que los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar “de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente”, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un “incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda”.
¿Y qué podrán hacer entonces los ayuntamientos tras esta declaración? Lo que dice el acuerdo es que tanto las corporaciones como las comunidades autónomas podrán “regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.
No se explica de qué manera se regularía, aunque la experiencia en lugares como Nueva York y Berlín apunta a la limitación de subidas en un porcentaje máximo entre contrato y contrato.
Lo que establece el decreto ahora mismo en vigor es la elaboración de unos índices de referencia para comunidades y ayuntamientos “a los efectos de diseñar sus propias políticas y programas públicos de vivienda”. Con el acuerdo ahora presentado los socialistas parecen dispuestos a llegar más allá y usar esos índices para una regulación.
Estos índices de referencia están en proceso de elaboración por parte del Ministerio de Fomento y supondrán una estadística oficial de los precios del alquiler en España, hasta ahora al albur de los estudios que efectúan los portales inmobiliarios.
Impuesto a las socimis, medidas para viviendas vacías
Otras medidas también habían sido ya pactadas y nunca llegaron a aplicarse, aunque en este caso porque no hubo nuevos presupuestos. Se trata por ejemplo de la reforma del régimen jurídico y fiscal de las socimis, a las que se aplicará un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos
Estas sociedades de inversión inmobiliaria, que para los sindicatos de inquilinos explican en parte la subida desbocada de los precios de los alquileres al haber hecho de éstos su principal negocio, están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de Sociedades en las rentas obtenidas en su actividad principal (alquiler y renta de inmuebles) y tienen una fuerte bonificación (95%) en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En cuanto a la aplicación de un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades afectaría, en principio, al 20% de sus beneficios, aquellos que no se distribuyen (están obligadas a hacerlo con un 80%), según explicaban fuentes de la negociación del anterior acuerdo presupuestario a eldiario.es.
En cuanto a la vivienda vacía, se establecerá un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y se estudiarán las “medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo” para movilizarla “en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonable”.