El PSOE considera que la única opción para controlar el precio de los alquileres es la Ley de Vivienda que, más de un año después de aprobarse en el Consejo de Ministros, aún se está tramitando en el Congreso de los Diputados. El grupo parlamentario socialista se ha posicionado en contra de tramitar en la Cámara Baja una proposición de ley para modificar la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos, que daría poder a las comunidades autónomas para que puedan topar los alquileres en zonas tensionadas.
“Para el Grupo Socialista, el fondo de esta propuesta enriquece el debate, pero ante la tramitación que va a tener en las próximas semanas, se antoja innecesaria”, ha asegurado en su intervención el diputado Pere Joan Pons Sampietro. Ha reconocido que, en las islas, “muchas familias tienen dificultades para comprar y alquilar” y “esperan medidas desde lo público. Necesitamos más instrumentos para ello”.
“Los grupos parlamentarios trabajan en una ley que ayudarán a frenar esta espiral inflacionista”, ha indicado sobre la Ley de Vivienda, donde aún no hay consenso entre las diferentes fuerzas políticas. “Si no somos capaces de intervenir sobre los precios, se agudizará la pérdida de confianza en el futuro de la clase media y trabajadora”, ha reconocido.
Doble tensión demográfica y turística
La proposición para permitir a las comunidades autónomas intervenir los alquileres ha llegado al Congreso de la mano de tres diputados autonómicos, incluido el socialista, Joan Ferrer i Ripoll quien ha defendido que había margen para respaldar esta iniciativa en paralelo a la futura Ley de Vivienda.
“Conscientes de que aún está en trámite parlamentario este proyecto de ley, solicitamos que estas Cortes se ciñan a la senda que les marcamos hoy” y “se apruebe una norma estatal que permita la contención de precios en aquellas zonas, como las Illes Balears, con doble tensión demográfica y turística dentro de un marco territorial limitado que queremos preservar para las generaciones futuras”.
También ha respaldado la propuesta el grupo parlamentario de Unidas Podemos. Su diputada Antonia Jover ha recordado que el precio del alquiler en Illes Balears es de 13,85 euros por metro cuadrado, el más alto del país. “Baleares es una zona tensionada, no cabe ninguna duda”, ha apuntado. “Se necesitan medidas, es una obviedad. Es necesario apoyar esta modificación, que va a dejar retratados a todos los partidos, quien defiende a los ciudadanos y quién a los fondos buitre”, ha ahondado.
La iniciativa sobre vivienda que hoy se ha tratado en el Pleno propone modificar los artículos 10 y 17 de la Ley de arrendamientos urbanos, en lo relativo a la prórroga del contrato de los alquileres y en darle capacidad normativa a los Gobiernos autonómicos para que puedan poner un límite en el precio del alquiler en aquellas zonas que se encuentren tensionadas. Declaración de zona tensionada que también dependería de los gobiernos autonómicos. De esta forma, se podría limitar el precio del alquiler, con un régimen sancionador para quien se lo salte; y un sistema de resolución extrajudicial de conflictos producidos entre arrendadores y arrendatarios.
Sin el respaldo del Grupo Socialista, la proposición no sale adelante. Un debate en el pleno que ha estado marcado, por un lado, por la situación de tensión, por los precios y la reducida oferta de vivienda en el archipiélago. Por otro, por el trasfondo de que se esté negociando la Ley de Vivienda entre los grupos sin que el acuerdo acabe por materializarse a las puertas de la campaña electoral municipal y autonómica.
Las derechas, los grupos parlamentarios del PP, Vox y Cs, se han posicionado en contra de esta propuestas. Mientras que fuerzas progresistas como Más País, Esquerra o BNG, a favor.
Dentro de estas últimas, la diputada de Esquerra Pilar Vallugera ha pedido “coherencia” a la hora de defender las mismas posiciones en el Congreso y en los parlamentos regionales. Respecto a la Ley, ha indicado que la formación republicana la apoyará siempre que los pisos que entren en el mercado del alquiler tengan topes, los gastos de los alquileres corran a cargo de los arrendadores y puedan funcionar los índices de precios que pongan en marcha las comunidades. “Si no, no va a haber ley”, ha recalcado.