Madrid, 13 ene (EFECOM).- El PSOE ha planteado a Unidas Podemos una propuesta que contemplaría bonificaciones fiscales para todos los propietarios que alquilen por debajo de determinados precios y busca un acuerdo político que contemple mayoría suficiente en el Congreso.
Fuentes del partido socialista han avanzado a EFE que la medida forma parte de un paquete de propuestas vinculadas a la nueva Ley de Vivienda que en octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a presentar en tres meses y que habilitará a comunidades y ayuntamientos a establecer “mecanismos de contención o eventualmente de bajada de precios del alquiler, tanto de los nuevos contratos como de los existentes” en las zonas tensionadas.
En este sentido, la propuesta socialista busca desgravaciones o ayudas fiscales no sólo para grandes tenedores de vivienda sino para todos aquellos propietarios que cumplieran con determinados requisitos a la hora de fijar los precios del alquiler.
“Ahora hay que debatir y acordar”, señalan las fuentes parlamentarias, toda vez que Unidas Podemos ha avisado de que un modelo similar de bonificaciones fiscales implantado en Portugal para hacer el arrendamiento accesible no ha funcionado.
Así consta en un documento de la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 al que ha tenido acceso EFE y en el que se señala que el Programa de Arrendamiento Accesible (PAA) portugués ha fracasado y “poco hace para cumplir con su objetivo de dinamizar los alquileres”.
El documento recuerda que desde julio de 2019 Portugal ha puesto una medida que no limita el precio del alquiler “sino que es una iniciativa de carácter voluntario que tiene como objetivo promover la oferta de vivienda en alquiler por debajo de los valores de mercado mediante beneficios fiscales”.
En este sentido apunta que Portugal ofrece incentivos fiscales a los propietarios de viviendas que decidan alquilarlas a un precio reducido en un 20 % por debajo del valor de referencia del arrendamiento.
Unidas Podemos recalca que el motivo principal del fracaso es que para los propietarios los beneficios fiscales que incluye la iniciativa (exención del pago del IRPF aplicable al alquiler y reducción del IBI) no resultan atractivos y los ahorros con Hacienda no son suficientes para compensar las pérdidas que implicaría la participación en el programa.
Mientras que los inquilinos constatan que el programa contempla precios máximos demasiado altos, poco ajustados a los bajos salarios que existen en Portugal.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos busca una Ley de Vivienda altamente consensuada tanto con los partidos como con el sector y con los agentes sociales y para su elaboración sigue pendiente del impacto que tendrá la ley catalana de contención de rentas de alquiler que entró en vigor recientemente.
Sánchez, por su parte, ya explicó en el Congreso que la ley de vivienda habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que, a partir del sistema de índices de precios de referencia, puedan establecer un límite de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a una regulación periódica.
La ley también convalidaría los avances de las comunidades que tengan definido ya un sistema de referencia de precios.